Crímenes imperceptibles en Punilla

Crímenes imperceptibles en Punilla

Por Lea Ross

“Son una mafia”. Es lo que asegura el productor agropecuario Daniel Ahumada, quien el 14 de abril pasado recibió una amenaza a punto de pistola por parte de quien sería el usurpador de sus tierras, pegados al cerro de Los Gigantes. Casualmente, por las calles del Capilla de Monte, también gritaron “son una mafia” a los que estarían detrás de la muerte de Cecilia Basaldúa, con la sospecha que el único detenido es un perejil.

Por el Valle de Punilla, se presentan crímenes que pueden ser más complejos que lo que percibe nuestros sentidos.

La balada del pistolero

Guillermo Gorrochategui es el que dice haber comprado esas tierras montañosas. El productor Ahumada, dedicado a la cría de vacas, lo niega y afirma que su familia es posesora de esos terrenos desde hace más de medio siglo.

Al comienzo del famoso video, se muestra el momento en que una Pick-Up Amarok choca una tranquera. De ella, se baja Gorrochategui, de estatura mediana, desenfundando su Glock calibre 9 milímetros. “Vos entrás, y yo disparo”, desafía ante los presentes y continúa: “Tengo tiempo, huevo, 14 camiones y mucha espalda”.

En el material, también se observa la presencia de por lo menos un camión de la empresa constructora CIAR S.A., junto con empleados de la firma, realizando tareas a costa de la familia poseedora.

Pero la relación entre el pistolero y la empresa parece ir mucho más lejos que una mera contratación entre privados. Ya que la patente de la Amarok estrellada, en base a los registros de Rentas de la Provincia, está registrada a nombre de Carina Cravero, quien resulta ser la ex esposa de Luciano Merino, parte de la familia Merino, que son los fundadores y dueños de la compañía CIAR SA.

Amarok usada por el pistolero. Patente: JRT 293.

En Rentas de la Provincia, el vehículo está a nombre de Carina Cravero.

Pero resulta además que en mayo del año 2017, Carina Cravero había presentado una denuncia contra su propia pareja, Luciano Merino, y su padre, Carlos Merino, el fundador de CIAR SA, por el pago de coimas a funcionarios de la Municipalidad de Córdoba. En ese entonces, el intendente era Ramón Javier Mestre, actual presidente del Comité Central de la Unión Cívica Radical de Córdoba.

 Denuncia penal de Cravero

Carina Cravero, dueña de la Pick-Up estrellada y ex exposa de Luciano Merino, uno de los dueños de CIAR. Foto: Striptease del Poder.

Cravero había declarado lo siguiente para el portal Striptease del Poder en el siguiente video: “Yo escuchaba en las conversaciones familiares que ellos [los Merino] pagaban coimas a funcionarios importantes de la Municipalidad, pero llamándolas bajo el eufemismo de ‘aforos’. Recuerdo concretamente la obra del ‘Nexo cloacal de la calle Duarte Quiros’, cuando escuché a mi ex suegro hablando con su hijos de lo caro que le salía este aforo. Ubicaban en un 20% el pago del aforo, o sea de la coima”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=184&v=3lZUxJZEUKY&feature=emb_logo

Así, tres meses después de la denuncia, se ordenó el allanamiento a la Municipalidad de la capital y fuero imputados Luciano Merino y el jefe del Mantenimiento de Calles, Marcelo Lescano, por cohecho agravado.

Según Cravero, existía un cartel de obra pública, donde además de CIAR, aparecían otras empresas donde también participaron los Merino, generando de éste modo una competencia desleal a la hora de repartir licitaciones.

El presente cronista había realizado un cálculo para Striptease del Poder, en donde si en el segundo mandato del intendente Ramón Mestre, esas mismas empresas se quedaron con un monto total de 1.725.393.442 millones de pesos, y si la denuncia de Carina Cravero era correcta –pago de retornos del 20%-, entonces la gestión de Mestre recibió unos 345 millones de pesos en coimas.

En el siguiente video, del programa televisivo Ojos de la Justicia, Cravero menciona algunas de esas empresas que también pertenecen a los Merino. Entre ellas, una muy recordada en el centro y norte de Punilla: CAVICOR SA.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=232&v=1OjYdkYhfY0&feature=emb_logo

CAVICOR SA tuvo su frustrado intento de instalar una fábrica productora de asfalto en Huerta Grande, hace un par de años atrás, para pavimentar la Ruta Nacional 38. La empresa se creó el 24 de junio de 2015, en pleno proceso electoral. Sus socios fundantes son EMCONAR S.A., CIAR S.A. de la familia Merino, Rodrigo Salazar y Sebastián Merino.

Facebook del imputado Luciano Merino, publicando fotos de camiones de Cavicor, a dos meses de la creación oficial de la empresa.

En el 2016, se incorporó como director titular de CAVICOR, en representación de EMCONAR S.A, el enigmático César Arturo de Goycoechea, quien resulta ser nada menos que el hermano de Juan Carlos Goycoechea, CEO de la empresa Isolux y el primer empresario “arrepentido” en la causa de las coimas a funcionarios nacionales, registradas en los “Cuadernos” del chofer Omar Centeno.

Tanto Cesar como su hermano Juan Carlos aparecen mencionados de puño y letra en los cuadernos del chofer Centeno. El primero, como “un tal Cesar”, encargado de transportar los bolsos con dólares para entregárselo en el interior del auto al ex funcionario público Roberto Baratta.

Además, César Arturo de Goycoechea está mencionado en el caso los “Panamá Papers” como accionista de las empresas Makstar Finance SA y Silville INC en Panamá. Utilizó como domicilio propio la calle Pedro J. Frías 489, piso 2, barrio Paso de los Andes, ciudad de Córdoba. Es el mismo edificio donde funciona  CAVICOR S.A.

Base de datos de los Panamá Papers, donde César de Goycoechea figura como accionista de dos empresas panameñas.

Edifico donde reside Cavicor y el domicilio utilizado para los Panamá Papers.

Entrada del edificio.

A su vez, EMCONAR, la firma de los De Goycoechea y accionista de CAVICOR, tiene registrado como domicilio la calle Maipú 741 de la Ciudad de Buenos Aires. Es el mismo lugar donde tiene su sede Isolux, empresa vinculada en el caso de los CuadernoGate. Este domicilio legal sería una de las direcciones donde Baratta habría cobrado las coimas.

Incluso, cuando declaró como arrepentido, Juan Carlos de Goycoechea, reconoció en una fotografía a Baratta, en la calle Maipú al 741, domicilio de Isolux y EMCONAR S.A., accionista de CAVICOR.

Finalmente, Isolux formó parte de la corporación Carreteras Centrales Argentina (CCA), junto con dos empresas entrerrianas, para tener la concesión de la Ruta 38. Negocio que dejó de existir a finales de la presidencia de Mauricio Macri y que llevó al levantamiento de los dos puestos de cobro de peaje en Molinari y Villa Giardino.

Por lo tanto, tantos los hermanos Merino como los hermanos De Goycoechea –todos involucrados en el pago de coimas a funcionarios públicos- tuvieron los siguientes negocios en Punilla: 1) Concesión de la Ruta 38; 2) Frustrada producción de asfalto para pavimentar la misma ruta; 3) Reparación de la costanera en el lago San Roque en Villa Carlos Paz; 4) Pavimentación de la ruta provincial 429, que conecta Cabalango con Tanti. Todo un combo a pavimentar.

Y más todavía cuando aparecen involucrados en el robo de tierras, de la mano del pistolero Gorrochategui, quien contaría con asesoría legal e inmobiliaria.

La sombra de una duda

Son raros los casos en donde las organizaciones feministas sospechen que el único detenido de un caso de femicidio sea un perejil. La fórmula de la sospecha es simple: se tardó veinte días en buscar a Cecilia Basaldúa, y solo dos en encontrar a su homicida.

Su cuerpo apareció justo un día después de la llegada de sus familiares a Capilla del Monte. A los dos días, ya agarraron a un sospechoso, a partir que un policía aseguró que el joven albañil Lucas Bustos había confesado el crimen. Ahora, Bustos negó haberlo hecho frente en la indagatoria con la fiscal Paula Kelm.

Córdoba ya cuenta con antecedentes sobre las sombras azules que atan cabos de manera veloz. En el año 2007, la conmoción mediática por el asesinato de Nora Dalmasso, en Río Cuarto, se convertiría en un escollo para los planes de José Manuel de la Sota en su afán por la presidencia, y para un entrante gobernador Juan Schiaretti, en sus afanes de presentar a la provincia como la más segura del país. Así, el comisario Rafael Sosa puso manos a la obra e investigó al joven pintor Gastón Zárate como el autor material. La teoría cayó en pedazos, mientras vecinas/os de la zona se movilizaron en favor del detenido, una movilización que es recordada como “el Perejilazo”.

Dicho y hecho, no hubo pruebas contra el mismo y el joven Zárate quedó en libertad. Por si fuera poco, Sosa y otros tres policías fueron acusados de haber recibido dádivas por parte del abogado de Marcelo Macarrón, viudo de Dalmasso, con alojamiento y todo, para realizar cómodamente sus investigaciones. Una década después, Sosa sería condenado por asociación ilícita en el escándalo de los narco-policías.

En el caso del norte punillense, Capilla del Monte ya venía siendo foco por la muerte de Mariela Natalí hace dos meses atrás. A eso se le suma la detención a Flavia Saganías, que durante y previo a su condena hubo un consenso mediático de posicionarse en favor de su ex pareja. Pero luego, a partir de la reacción social de las mujeres organizadas, la duda se ha instalado sobre la propia sentencia y el consenso hegemónico cayó en pedazos.

Es así que las instituciones de la ciudad norteña están atentas ante las miradas puestas encima, y la inevitable sospecha de sus sombras. Su comisaría ya cuenta con la misteriosa muerte del niño Jorge Reyna en el interior una de sus celdas.