Caso Coopi: Botín de guerra

Caso Coopi: Botín de guerra

Por Lea Ross para Radio Panamericana

El conflicto por la Cooperativa Integral de Villa Carlos Paz va más allá de un mero encono de broncas personales entre la entidad y el municipio. O como algunos dijeron en la reciente asamblea participativa, en particular de funcionarios públicos, de una embestida fruto de un “capricho del actual intendente”. Ya que semejante apreciación descriptiva es una canaleta reduccionista, que requiere ser vista de una manera más holística, como lo señala Pablo Sigismondi, que lo describió en aquella instancia de palpitación ciudadana, que se puede visualizar en el siguiente video:

De ésta manera, la Coopi funciona como un botín de guerra para los intereses políticos y económicos que se disputan en el interior del territorio, pero incluso por fuera de ella, como lo graficó Sigismondi, un conocer de distintos conflictos distribuidos en más de una centena de países del globo.

Cueste creer que desde la gestión municipal carlospacense pueda administrar la infraestructura para el suministro de agua tanto en su ciudad como en las comunas aledañas, a penas adquiera los activos para finales de febrero. Quienes conocen el tema de manejo de recursos hídricos, se sabe que la única empresa capaz de manejar semejante trabajo es el Grupo Roggio, mediante la sociedad anónima Aguas Cordobesas, de la cual es accionista mayoritario.

En el presente portal, se había descubierto que quien venía detrás del negocio de la planta procesadora de residuos para los departamentos de Punilla y Cruz del Eje era un empresario que tuvo de socio al mismísimo Aldo Roggio, quienes muy pocos pueden contar con semejante antecedente en su currículum. Más si se tratase del manejo de una empresa con reciente formación y con sospechas que funcionara como una firma “fantasma” protegida bajo la sombra de aquel emporio.

Basural en Cruz del Eje: La sombra de una duda

Roggio ha sido una de las principales firmas que más recibió fondos de obra pública provincial, donde las gestiones gubernamentales los obtuvieron mediante emisión de deuda extranjera. La siguiente tabla de abajo son la cantidad de pesos recibidos por parte de las principales empresas, cuyo origen fueron los bonos de deuda, con tasas de interés que superaron el 7% y con plazos cortos, que llevaron a un fugaz default técnico por parte de la Provincia. La gráfica fue realizada por su humilde servidor, como adelanto de un informe periodístico en pleno desarrollo.

Casualidad o no, las tres primeras empresas que figuran en la tabla estarán sentadas en un banquillo de acusados. Fue a partir del año 2008, cuando Supercemento, Odebrecht y el Grupo Roggio, armaron una UTE para ganar la licitación de la construcción del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, cuya función es el abastecimiento de agua en la región Nordelta. Actualmente, se espera el juicio penal contra funcionarios públicos y empresarios por la sospecha de sobreprecios de esas obras y el desvío de fondos a cuentas offshore para el pago de coimas. Los acusados son el ex-ministro Julio De Vido, los ex-secretarios José López y Roberto Baratta; los empresarios Aldo Benito Roggio, Carlos Wagner y veinte acusados más. Las investigaciones fueron llevadas a cabo por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Federico Delgado, funcionarios judiciales que no encajan como partícipes dentro del llamado lawfare.

Los Roggio figuran en el tercer puesto de la tabla de arriba por haberse hecho cargo, entre otras, de la rehabilitación del canal Los Molinos de ciudad de Córdoba, para poner en marcha el suministro de agua cruda y su correspondiente potabilización, proceso de la cual también está a cargo del grupo empresarial mediante la firma Aguas Cordobesas. En el año 2017, el conglomerado quedó en el ojo de una fuerte tormenta –en su doble sentido-, cuando un diluvio rebalsó los desechos industriales guardados en los depósitos de Taym, otra filial de Roggio, y cayeron en el mencionado canal, generando una incertidumbre si el agua que salió de las canillas de la ciudad de Córdoba estuvo contaminada. Se espera un juicio penal contra el gerente y el responsable técnico de la firma Taym/Roggio ante ese desastre.

Aldo Roggio, había renunciado al directorio de Benito Roggio e Hijos –o simplemente, Grupo Roggio- cuando en plenas indagatorias del escándalo de los cuadernos, confesó haber emitido coimas al también cordobés Ricardo Jaime, en ese entonces secretario nacional de transporte, para mantener la concesión de los subtes porteños, mediante su filial Metrovías.

Para 2017, la Cámara Nacional Electoral realizó una advertencia a Unión Por Córdoba, a partir de una denuncia que realizó el fiscal Enrique Senestrari al advertir que distintas empresas de los Roggio bancaron la campaña electoral de las legislativas de 2009, debido a que algunas de esas firmas recibieron fondos públicos para la realización de obras. Allí figuraron Benito Roggio e Hijos SA, Aguas Cordobesas SA y Metrovias SA.

Por otra parte, Aguas Cordobesas es una de las muy pocas firmas que suministra ingresos extra al diario La Voz del Interior para la publicación de “publinotas”, que contengan la firma de la compañía. En ese sentido, no sorprendería las publicaciones tendenciosas de El Diario de Carlos Paz contra la Coopi, al saber que un arribo de Aguas Cordobesas a la ciudad turística, traería con ella suculentas pautas privadas.

De ésta manera, la municipalización y su correspondiente concesión se encontraría dentro de un enorme embudo como la que tiene el dique del lago San Roque, cuyo pico expulsaría un modelo “cordobesista”, bajo la proyección de un mundo resurgido del Covid-19, que incrementará un mayor movimiento migratorio desde las grandes ciudades hasta las zonas serranas, bajo la desesperante búsqueda de zonas abiertas y verde.

Por ende, el manejo de tierras, agua, caminos viales y el acceso a otros servicios públicos, estarán en una disputa mermada mediante la proliferación de nuevos conflictos, que exceden el costo de la tarifa o la permanencia de los puestos laborales. Pero más todavía que una “violencia” ejercida mediante la rotura de un vidrio en el municipio.