Una cloaca de dólares

Un fallo del CIDH acaba de condenar a la Argentina por violaciones de la Dictadura, que involucra a una de las constructoras más fuertes de la provincia de Córdoba.

Por Lea Ross para La Luna Con Gatillo.

El Estado argentino fue condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al considerar que hubo violación de Derechos Humanos a las víctimas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en el marco de los allanamientos de la constructora cordobesa Mackentor. Hablamos de hechos que ocurrieron el 25 de abril de 1977, cuando la Brigada Aerotransportada IV ocupó diez propiedades de la firma, mientras recluían a una veintena de directivos y trabajadores de la misma. Así lo estipula el informe número 293/11 de la CIDH, al analizar el caso N.º 12.983. Y si bien, la firma resolutiva tiene como fecha el 29 de octubre de 2021, recién tuvo su exposición pública a partir de una publicación del portal Enredacción.

La CIDH analizó lo sucedido con Mackentor en el contexto de la “desaparición forzada de Roberto Juan Carmelo Sinigaglia, Carlos Felipe Altamira, Mario Hernández y Eduardo Sanjurjo, de quienes hasta la fecha no se ha localizado su paradero o sus restos”. Ellos fueron un grupo de abogados vinculados con el síndico de la constructora, Gustavo Roca, cuyo domicilio también fue allanado.

Durante décadas, sobrevivientes y exiliados habían recurrido a distintas instancias judiciales contra los genocidas Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez como responsables del desguace de Mackentor sin muchos resultados efectivos. De hecho, en la Megacausa La Perla, a pesar de las perpetuas recibidas, ambos genocidas habían sido absueltos por el caso referidos a la constructora. Así, la CIDH dio vuelta la situación del expediente y considera que “el Estado argentino es internacionalmente responsable por la violación de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales, propiedad privada y protección judicial”. Finalmente, exige “reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el presente informe” y de “continuar con las investigaciones”.

Mackentor

Un par de años atrás, se publicó el libro Mackentor – Crónica de un saqueo. Los oscuros negocios de Supercemento, Franco Macri y el Estado. Según esta investigación del periodista Fabián García, el allanamiento a la empresa es un caso testigo sobre la pata civil de la Dictadura militar, ya que el principal interés de la Junta Militar no habría sido por el supuesto financiamiento clandestino a organizaciones guerrilleras, como denunciaban los genocidas. En los hechos, la intervención a Mackentor implicó el arrebato de su principal botín: la construcción del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, considerado como una de las más importantes del país para esa época, y que la obtuvo mediante una licitación. Al final, las permisos de obras fueron relicitadas y la obtuvo una de las competidoras, que también es mencionada en el título del libro: Supercemento.

Consultado para La Luna con Gatillo, el autor del libro explicó que “el desguace de Mackentor ocurre, porque Mackentor no cedía ese acueducto. Y eso era promovido por la empresa Supercemento, cuyos accionistas eran Julián Astolfoni, el Grupo Macri y Filiberto Bibiloni. La dictadura actúa secuestrando, deteniendo, torturando y, en algunos casos, ligados a la desaparición de Gustavo Roca, para incidir o modificar ese escenario. Saca a los directivos de la compañía, les saca el acueducto y se los transfiere a Supercemento”.

Supercemento fue creado a mediados de los años cincuenta por Astolfoni. Y en 1973 se incorporó a su directorio Antonio “Tonio” Macri (1934 – 2002), hermano del también fallecido Francisco “Franco” Macri y tío del ex presidente Mauricio Macri. De hecho, luego de concluido el mandato presidencial del “pibe”, se inició una causa judicial por supuestos desvíos de fondos para las obras de Supercemento, que se habrían destinado a las campañas del gobierno de Cambiemos, liderado por Macri. Según el testimonio de un empleado de la constructora, la maniobra consistió en la compra abultada de acero, cuyo sobrante se comercializaba en el mercado de negro. Entre quienes figuran en el directorio, aparece Raúl Ibarra, primo del ex ministro de Modernización de Macri, Andrés Ibarra.

Volviendo a lo ocurrido en la dictadura, tal como lo detalla el libro, a tres meses de las detenciones y allanamientos, el departamento de Obras Sanitarias de la Nación (OSN) emitió la Resolución 61.012, donde se le rescindió el contrato a Mackentor, por “posible vinculación con actividades de carácter subversivas”. Y desde allí, se recomendó la continuación de la obra a Supercemento. De allí, se hizo una nueva licitación, donde la ganaría está misma, con un presupuesto equivalente al 165% del valor que había propuesto Mackentor por allá en 1975. Quien había firmado aquella resolución era el gerente general de OSN, Luis Pilatti, quien anteriormente era el presidente de Supercemento, cargo que luego se cedió a Astolfoni.

“La misma Mackentor tenía como obra una ruta en el norte argentino, en el NEA. Y para eso, liberan a dos detenidos directivos para poder seguir haciendo esa obra vial. Es decir, el acueducto es la que motiva la intervención militar”, insiste García, al señalar la razón de esa intervención.

Finalmente, los abogados de la compañía habían recurrido la sentencia de La Perla a la Corte Suprema de Justicia. Con lo cual, los jueces del máximo tribunal tomaría en cuenta lo planteado por la CIDH. “En ese caso -según Fabián García-, Supercemento debiera ser investigado por lo que hizo o por su participación en la operación contra Mackentor”.

Negocios en Córdoba

En la actualidad, Supercemento es la empresa que más fondos recibe de la provincia de Córdoba para obras ligadas a tratamientos de líquidos cloacales. Tal es así que el año pasado, el presente cronista accedió a una base de datos, donde se computaron los números manejados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), con los nombres de las obras, las empresas que la ejecutaron y los montos. La unidad monetaria no está especificada y se estima que se trata en pesos argentinos, pero sin referencia temporal. Allí, Supercemento figuró a la cabeza, seguido por la brasilera Odebrecht, por ser el principal ganador de la construcción de los gasoductos troncales, y el Grupo Roggio en tercer lugar. Casualmente, los tres están acusados por emisión de sopreprecios y coimas para apoderarse de las obras de una planta potabilizadora en el Nordelta. La causa está elevada a juicio.

Gran parte de esos fondos para Supercemento fueron para solventar la renombrada ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande, que incluye el armado de sus colectores. El propósito de ella es triplicar su capacidad, que era de 5.000 m³ la hora y para una población de 533.330 habitantes. Se prevé que la ampliación tenga una duración de treinta años. Según cálculos de la fundación FUNDEPS, teniendo presente que con las obras la capacidad de la planta aumentará a 15.000 m³/h y la población servida será de 1.599.990, el caudal estimado será de aproximadamente 24.000 m³/h, “lo que implica, la evidente sobresaturación de la planta” y “constituyendo estas obras una suerte de prolongación del daño ambiental”.

La inversión debió realizarla la Corporación América, la nave insignia del multimillonario Eduardo Eurnekian, como contraprestación por su inversión inmobiliaria sobre el valiosísimo espacio verde del ex Batallón 141, comprado por el propio empresario en el año 2007, por un remate ejecutado por el gobernador José Manuel de la Sota, a una tercera parte de su valor. Y en el 2013, firmó un contrato con la Municipalidad de Córdoba, a cargo del radical Ramón Mestre, para la construcción de un barrio “top”, a cambio que construya una segunda planta depuradora para la zona sur de la ciudad. En 2018, se realizo una suerte de addenda, donde Eurnekian cambiaría la contraprestación por la ampliación de la ya existente planta de Bajo Grande. Tampoco se hicieron esos trabajos y a principios del año 2020, la contaminación del Río Suquía, cuyos desechos desembocaron en la laguna Mar Chiquita, abrió una causa federal, todavía en trámite, pero que ya tiene como imputados a Mestre y a otros funcionarios municipales. Entre ellas, a la bióloga Alejandra Toya, por ser directora municipal de evaluación ambiental en ese tiempo. Eso no impidió que años después, Toya fuera contratada por la Provincia para hacer el estudio ambiental de la Autovía de Punilla.

Por otra parte, Supercemento está construyendo en estos momentos la Red Colectora Cloacal Máxima de la Cuenca Media para el saneamiento del lago San Roque. Se trata de un sistema integral, que incluye una planta depuradora, para las ciudades de Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. Consta de un monto, aportado por el Estado, de unos 2,36 mil millones de pesos iniciales del año pasado. Unos 22,4 millones de dólares, según el gobierno. Durante el acto de anuncio, con la presencia de gobernador Juan Schiaretti e intendentes de la zona, se realizó la firma de adjudicación. En nombre de la Unión Transitoria de Empresas, a cargo de las obras, la firma la realizó el director de Supercemento, Raúl Ibarra, primo del ex ministro de Modernización de Macri.

Esas obras, que se están llevando a cabo en estos momentos, lo realiza en conjunto con otra firma: Basaa SA, que resulta ser el nombre actual de la constructora local Britos SA, autora del polémico segundo tramo del Camino del Cuadrado, que generó destrozos en las montañas de las Sierras Chicas. Su dueño, Horacio Miró, se había “exiliado” de Córdoba, a comienzos del año 2017, luego del llamado “escándalo Kolektor”, donde su socio, Hermann Karsten, salió escrachado en una serie de cámaras ocultas, donde pretendía coimear al periodista Tomás Méndez mediante el manejo de la pauta oficial, en nombre de Miró. Así, Miró notificó al Boletín Oficial de Córdoba que Britos cerraba sus oficinas y cambiaría su sede a la Capital Federal y con otro nombre menos marketinero. Éste sería la primera vez que Basaa obtiene un millonario contrato con el estado cordobés y de la mano de una constructora, que cosechado sus dólares de la manera más cloacal en todos los sentidos.