Descubren Sitio Ancestral

Valle de Paravachasca: descubren un sitio ancestral en peligro por la Autovía

Por Agustina Bortolon para El Resaltador.

El pasado 16 de julio, la Asamblea de Paravachasca, junto a miembros de la Fundación Indígena Camiar realizaron un recorrido por el segundo tramo de la obra Ruta Alternativa 5, en la zona de Dique Chico.

Allí, puntualmente en las inmediaciones del Río Anisacate, donde la empresa Astori S.A lleva adelante sus actividades, se hallaron restos de alto valor arqueológico.

«Es el Estado quien debe controlar y solicitar el cese de las actividades hasta tanto no se realicen los trabajos arqueológicos correspondientes. Sin embargo, las máquinas de la empresa continúan trabajando», manifestaron mediante un comunicado.

Además, resaltaron que de acuerdo a lo que establece la ley nacional 25.743 de Protección del Patrimonio arqueológico y paleontológico, en su artículo 2: «Forman parte del Patrimonio Arqueológico las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes».

«Quienes se acercaron al lugar e hicieron registro fotográfico y fílmico de lo observado in situ, expresaron que sería de
enorme gravedad que la empresa continúe sus tareas degradando y destruyendo material sensible que debería ser tratado por profesionales, atendiendo al contexto y ubicación donde fueron hallados», agregaron.

El precio del progreso

Situaciones como estas suceden no sólo en el Valle de Paravachasca, sino en todos los territorios donde se llevan adelante obras de infraestructura o actividades vinculadas a negocios mineros, agro sojeros y/o inmobiliarios.

La Asamblea sostiene que el atropello y la destrucción del patrimonio natural y cultural, el amedrentamiento a quienes defienden su espacio vital, la criminalización de la protesta, las imputaciones y la militarización de los territorios, forman parte de las lógicas con las que el gobierno decide llevar adelante el «desarrollo y el progreso».

Por lo mencionado, vecinos, vecinas, organizaciones y asambleas exigen el cese inmediato de las actividades, solicitando la presencia de organismos encargados de «velar por la protección del patrimonio arqueológico». Al mismo tiempo, reclaman que se acabe «la violencia colonial a los territorios sagrados y las  identidades ancestrales».