Un Escazú para Schiaretti

Un Escazú para Schiaretti

Por Lea Ross.

Una resolución judicial en Córdoba acaba de exhortar al gobierno provincial a respetar el Acuerdo de Escazú, para la participación y el acceso a la justicia ambiental.

Firmada por la jueza de control María Ferreyra, se incita a la Policía de Córdoba a no intimidar a «grupos defensores de derechos humanos en lo que respecta a asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios y pobladores de las localidades afectadas en el valle de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas».

Esta decisión judicial se llevó a cabo por las protestas realizadas frente al Palacio de Justicia, denunciando los desalojos que se vivían en las sierras cordobesas, en particular, por las autovías de Punilla y de Paravachasca, poniendo en foco a la violencia policial.

También, se recomienda al Gobierno crear un protocolo sobre cómo deben actuar las fuerzas de seguridad cuando hay manifestantes que proclaman derechos ambientales.

Precisamente, sobre los mismos, y explayado en el contenido de la resolución, se adhiere a categorizarlos como «defensores ambientales», tal como lo establece el mencionado acuerdo internacional.