En río revuelto

En medio de una ola de violencia institucional en todo el país Traslasierra vivió un curioso hecho de intimidación policial que hace recordar a la épocas más oscuras para los militantes populares. Crónica de los hechos.

Por Redacción La Luna Con Gatillo.

Lucas “el Pelado” Fortunatti y Noe Pallero viven en Traslasierra, oeste cordobés, casi San Luis. Sobre el llamado “camino de la Costa”, en La Paz, el único pueblo que tiene una estación de servicio y un hospital entre Villa Dolores y Merlo (62 km de distancia). Allí sucedió uno de los hechos más renombrados de violencia de género dentro de la región: la desaparición un 18 de septiembre de 2018 de Delia Gerónimo Polijo, una joven de 14 años de la comunidad boliviana. Noe es parte de las organizaciones populares y feministas que hace años vienen marchando por el esclarecimiento del hecho. Hace algunos años también, gracias a esa militancia y movilización, se creó el área de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de La Paz, que Noe coordina junto a María Lina Leguizamón. Ambas forman parte junto a Lucas y otres compañeres del Partido Comunista y el Movimiento Territorial de Liberación (MTL), que lleva adelante proyectos cooperativos de construcción, agricultura familiar, textiles o merenderos, entre otras actividades territoriales. También conforman la mesa territorial del Frente de Todes.

El martes 4 de octubre a las 11hs, mientras estaba en el centro del pueblo, Lucas recibió un llamado extraño. Una compañera del trabajo (una panadería) lo llamó contándole que había un policía preguntando por él y las actividades del MTL. Cuando llegó vio el patrullero en la puerta. El policía nunca se identificó, pero comenzó a hacer preguntas acerca del significado de la letra L en el nombre de la organización, si tenían sede, cuantos eran, sus actividades y si tenían intención de presentarse en las elecciones. A medida que pasaba el interrogatorio, Lucas comenzó a sospechar de la situación y dejó de brindarle información. Legalmente la policía no tiene competencia en materia de inteligencia. Pero como en tantos otros territorios periféricos del país, la población suele estar acostumbrada a su intervención cotidiana de las fuerzas policiales, aún los militantes sociales y políticos.

“Io en el momento no tome magnitud de lo que estaba sucediendo. Esto de vivir en el interior del interior y convivir con la policía que se maneja de ciertas maneras que uno minimiza todo el tiempo. Lo tomé como un suceso raro, pero quedé medio flasheado, sobre todo cuando me dijo que de ahí se iba a la sede del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) en Los Mates (un paraje cercano y perteneciente al ejido de La Paz)”, cuenta Lucas. “¿Que onda esta gente sin una orden, con el patrullero en frente de mi trabajo? Un funcionario público como este policía trabaja a través de órdenes. La pregunta es quién le dio esa orden. Ahí es donde tenemos la encrucijada de este hecho totalmente ilegal desde lo institucional, jurídico y político. Decidimos hacer una presentación judicial porque es nuestra forma de cuidar la democracia. Estas cosas ya sucedieron y no pueden suceder nunca mas. Estar todos los compañeras y compañeros muy atentos, y no dejar que sucedan estas cosas, porque a la policía represora cordobesa sigue estando en pie y no hay que darle ni un tantito así para que sigan operando”, explica.

Contexto

La misma extraña situación que le sucedió a Lucas ocurrió con el dirigente del FPDS, Federico Vásquez, en Los Mates. Ambos organizaciones trabajan dentro del ejido de La Paz, municipio gobernado por Gustavo Hachuel (Hacemos por Córdoba). Otro hecho similar sucedió con una compañera del Partido Solidario (PSOL) en San José (un pueblo a 15 kilómetros de Villa Dolores gobernado por Hugo Gómez, también del HxC). Como todos los intendentes del departamento de San Javier (salvo la intendenta de Villa Dolores, Gloria Pereyra), Hachuel y Gómez funcionan bajo la órbita del diputado provincial Oscar González (HxC).

“Han pasado ya, 72 hs del hostigamiento a organizaciones políticas y sociales de nuestra provincia, entre ellas a nuestro partido y el gobierno pretende erradamente que naturalicemos este accionar. Hacemos responsable al gobierno de la provincia de Córdoba, en la persona del gobernador Juan Schiaretti, como máximo responsable del gobierno político de la policía de la provincia por estas acciones de inteligencia, amedrentamiento y hostigamiento a los partidos políticos con personería electoral provincial y federal, así como a las organizaciones populares. Todos nuestros datos, sedes, autoridades e incluso afiliados obran en poder del Juzgado Electoral Provincial, por lo que si requiriera alguna información, debería pedirla formalmente a dicho juzgado, que rige la vida orgánica de los partidos políticos”, declaró en un comunicado el Partido Comunista de Córdoba. Por su parte el diputado nacional del Frente de Todes por Córdoba, y parte del PSOL, Eduardo Fernández expresó que “llama profundamente la atención que la policía de Córdoba, en lugar de atenerse al estricto cumplimiento de sus deberes constitucionales se ocupe de interrogar militantes partidarios acerca de sus aspiraciones a ser candidatas o candidatos en las próximas elecciones”. Tanto el PC como el PSOL presentaron la denuncia ante la fiscalía número 2 (a cargo de la Dra. Ferreyra) en Villa Dolores.

Desde hace unos 20 años, Traslasierra, una región perdida del oeste cordobés que según dice el mito fue ganada a los puntanos en un partido de truco, viene recibiendo una importante ola migratoria que ha generado otras formas de hacer política, con la aparición de organizaciones sociales, feministas, ambientales y políticas que han comenzado a cambiar la “correlación de fuerzas” frente a estructuras autoritarias y patriarcales muy ligadas a apremios ilegales y enormes bolsas de corrupción funcionales al gobierno central. Son estas organizaciones las que han permitido la denuncia de hechos de corrupción que incluso han forzado la renuncia de algún intendente (como sucedió en San Javier), la protección de los bienes comunes (como sucedió frente a la posible explotación de Uranio en Nono o Litio en Las Tapias), la denuncia de la inoperancia policial y judicial frente a las desapariciones de mujeres, o directamente el abuso policial frente a los adolescentes, a la vez que se tejen propuestas culturales, socioambientales, de la agricultura familiar o la economía popular. Un trabajo que a través del “poder hacer” ha generado una importante legitimización de estas organizaciones en el territorio, muchas de las cuales han decidido jugar en la arena de la política institucional dentro del Frente de Todes. Como suele decir el jefe comunal de Villa Ciudad Parque, Pablo Riveros, un proceso donde “lo social desborda lo político”. A esto se suma un importante crecimiento de “venidos” en el padrón electoral. Mientras que algunas autoridades han entendido que la cooperación entre organizaciones sociales y municipios fortalece el trabajo territorial, otras lo ven como una amenaza.

Hace algunos años, luego de las amenazas del intendente de Villa de las Rosas, Enrique Rebora a dirigentes de la asamblea de artesanes de la feria que se realiza en la plaza de este pueblo, un abogado de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), escuchó sorprendido la siguiente declaración: “Mire doctor, acá entre los partidos políticos está todo mas o menos arreglado. El problema es esta gente que viene de afuera con estas posturas anarquistas y que quieren transformar este pueblo en un San Marcos Sierras (en referencia a la cultura jipi y ambientalista)”. Hoy esas organizaciones vienen articulando con muchos municipios en cuestiones socioambientales, la creación de cooperativas de la economía popular, políticas de género o derechos humanos. En otros han decidido presentarse a elecciones dentro de un marco de crecimiento en todo el país de la violencia institucional que va de la represión en un partido de fútbol u ocupaciones mapuches, a la persecución deliberada de los movimientos sociales en Jujuy, y en el caso de Córdoba la criminalización de las luchas ambientales y los abusos policiales contra la juventudes populares en los barrios de la capital y también el interior. En río revuelto…