Comechingones vs República Argentina

La disputa por el uso de suelo es una guerra santa

Por Juan Yacobs

12/10/2022. Día de La Raza. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), emite un dictamen de admisibilidad a la denuncia presentada por el Pueblo Nación Kamiare-Comechingón de la provincia de Córdoba, por violación al Convenio 169 «consulta previa, libre e informada a pueblos o comunidades indígenas y/o tribales». Radicada en jurisdicción internacional, con firmas del Círculo Sindical de la Prensa de la Provincia de Córdoba, CISPREN y la Asociación Trabajadores del Estado de la provincia de Córdoba ATE. Los hechos referidos en la querella internacional iniciada contra la República Argentina, tienen que ver con las garantía de financiamiento otorgada por el gobierno nacional a la gobernación Schiaretti en 75 millones de dólares, para que la empresa Caminos de las Sierras S.A. construya la «Alternativa a la Ruta 38: Costa Azul-La Cumbre». La popularmente conocida en las serranías cordobesistas como Autovía de Punilla.

Mientras tanto, la preocupación por la colmatación del lago San Roque de la Villa Carlos Paz turística y comercial, no pasa desapercibida y las posibles pérdidas económicas que podría causar la falta de agua en una temporada turística repleta de pasajeros, con las plazas ocupadas al 90%, es un riego creciente. Cuando además, debe abastecerse desde ese mismo lago a una población de 1 millón de habitantes de la ciudad de Córdoba, y ya fue probado entre otres por el Dr. Emilio Iosa, de que existe una cantidad de microcistinas tóxicas 17 veces superior a lo aconsejado por la OMS. Suena la voz de alarma sobre la gravedad del avance inmobiliario y desarrollista que causará la Autovía de Punilla en las laderas occidentales del cordón montañoso de las sierras chicas, fuente de agua del lago San Roque, el tanque de agua de la ciudad de Córdoba ¿Será casualidad que la empresa Roggio S.A. es prestataria de Aguas Cordobesas en la capital y además licitaría de la obra de Autovía de Punilla? ¿El agua viene del bosque o de la canilla? Ante la posible demanda del vital elemento que requiera la expansión inmobiliaria en las afueras de la capital provincial, y en los valles cercanos donde proliferan lotizaciónes y especulaciones varias que requieren de propuestas superadoras, se implementa el corredor bioceánico del IIRSA: (Intereses geopolíticos y comerciales o patria).

La denuncia presentada contra el Estado nacional incluye violaciones a los DD.HH., por coacción policial, detenciones, violencia verbal y psicológica por parte de la policía provincial cordobesa en ejecución a las disposiciones de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín la Dra Paula Kelm, quien emitió un dictamen de instrucción a la Jefatura de Policía, para que se garantice la ejecución de la obra vial sobre el territorio habitado por las comunidades indígenas.

En absoluta contradicción, un habeas corpus emitido por la Jueza 9° de Córdoba capital, la Dra. Celeste Ferreyra, en arreglo al acuerdo de Escazú. Se pronuncia a favor de los defensores ambientales que tomaron la sala de audiencias del palacio de justicia cordobés el 28 de julio del año 2022. Donde 17 ambientalistas permanecieron hasta las 11 de la noche negándose a salir de buen modo de la oficina del Dr. Sebastián López Peña, presidente del máximo tribunal. Exigiendo respuestas por las más de 150 causas y amparos ambientales sin resolver en Córdoba, mientras se ejecutan obras con impactos irreversibles.

La tensión crece en Córdoba y en Punilla porque no existe el principio precautorio y no hay garantías para los activistas. Mientras tanto, se avizora en el horizonte una temporada caliente de incendios con sequía. Los daños irreversibles de la autovía de Punilla y Paravachasca, que con la bajante en la provisión de agua a los diques San Roque y Los Molinos, requieren de una respuesta eficaz y eficiente para garantizar la continuidad de los proyectos de expansión urbana. Los gobiernos de Córdoba y Santa Fe, acaban de anunciar la construcción del acueducto inter-provincial, para trasladar agua desde el Río Paraná a la capital cordobesa.

Las exigencias de reactivación económicas en el país, pueden causar decisiones precipitadas por parte de las máximas autoridades del Estado, quienes con una visión cortoplacista no ven la emergencia de lo que se les viene para dentro de 10 años. Los pueblos originarios pueden anticipar los impactos humanos y en este caso, no fueron consultados. En un momento donde la Argentina preside el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y será sede de la próxima reunión de la ONASUR los días 9 y 10 de noviembre en Buenos Aires, una denuncia pública internacional exige la paralización de una millonaria obra pública, mediante una medida cautelar, a instancias de la Cámara II Contencioso Adiministrativo de Córdoba Capital a cargo de los jueces Cecilia de Guernica, Humberto Sánchez Gavier e Inés Ortiz de Gallardo . Quienes hasta el momento no han emitido un fallo, y se declaran incompetentes sobre los argumentos esgrimidos en el amparo ambiental presentado por los asambleístas. De igual modo, la fiscalía federal de primer turno de Córdoba Capital, a cargo del Dr. Senestrari quien hasta el momento tampoco resuelve la denuncia penal por destrucción arqueológica.

La civilización lítica Ayampitín, cuyas ruinas fueron datadas de en hasta 12 mil años de antigüedad por Rex Gonzales, reflejan la existencia milenaria de la edad de piedra en las serranías de Punilla y Paravachasca. Y son las mismas comunidades indígenas quienes batallan ante el equipo de la Dra. Ratto, quien fue contratada por Córdoba, a la que se las acusan de “huaquerismo”, algo que Senestrari ya debería resolver: profanación de tumbas ancestrales o ajuares ceremoniales con información que hasta el momento ni si quiera ha sido profundizada por la cultura occidental. Como corolario a la falta de sentencias, se pelea cuerpo a cuerpo con objetivos distintos, hasta el momento hay 24 imputaciones con detenciones por las protestas frente a las máquinas de SACDE, Roggio y Chediack.

Mientras se destruyen las fuentes de agua del Río Yuspe, y la reserva provincial de Los Gigantes. Se debaten entre cristianos por una resolución judicial urgente que detenga la criminalización de la protesta. El pueblo nación Kamiare-Comechingón, le exige a la Argentina que respete su propia Constitución.