Comunidades Indígenas y DD.HH.

La realidad de los Derechos Humanos en Argentina

Argentina es un país que en lo que respecta a los Derechos Humanos es el primero que aprueba y ratifica todos los convenios de Naciones Unidas, pero no es tan así en la práctica. Los treinta años de dictadura han hecho que la sociedad tomara conciencia de muchísimas cosas. Las figuras de las madres y de las abuelas, nos ha empoderado y nos ha dado una fuerza enorme y nos siguen dando. Porque siguen apoyando todas las manifestaciones que consideran que son luchas genuinas. Ahí está Nora Cortiña. Entonces creo que si la sociedad ha avanzado muchísimo y más en comparación con otros países, pero bueno el Estado lamentablemente no nos acompaña. Y las semanas anteriores han sido muy fuertes para todas las provincias, que hemos recibido la noticia de lo que está aconteciendo en el sur. Yo recuerdo que María Nahuel, quién después fue directora de la Secretaría de la Mujer en Neuquén, ella junto con la Confederación Mapuche en Neuquén nos comentaba que esto que comenzó con Rafael Nahuel, con Santiago Maldonado, y continúa exactamente igual. Y bueno desde el ECMIA, que es este enlace continental de mujeres indígenas, surgió un pronunciamiento que me gustaría brevemente contar. Y después contar un poco cuál es nuestra ley, que hace que todo esto que está pasando ahora, esté totalmente corrido de lo que es el ámbito legal.

El comunicado de ECMIA

«Desde el Enlace de Mujeres Indígenas de las Américas, ECMIA, denunciamos y rechazamos esta desproporcionada represión y ejercicio de poder que viola el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por el Estado argentino en el año 2000. Y la misma Constitución Nacional Argentina, que obliga al Estado a reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan.Y el registro de sus personerías jurídicas. Exigimos la liberación inmediata de nuestras hermanas mapuches detenidas por defender el territorio. El fin a la militarización de los territorios indígenas en resistencia, generar políticas de restitución territorial para Comunidades Mapuches y que han sido despojadas de sus tierras. Alzaremos nuestras voces para que todas las redes y mecanismos internacionales que están vigentes de estos actos, repudien y sancionen a los responsables. Justicia y respeto por nuestros derechos indígenas».

La ley 26.160

El marco legal que existe en Argentina hace que lo de Villa Mascardi sea algo totalmente fuera de lugar. La ley 26.160 fue aprobada por el Estado argentino. En 2006 fue sancionada y tenía un plazo de vigencia de cuatro años, y en consonancia con el artículo 75 de la Constitución Nacional y el inciso 17, que significa que sea una ley de emergencia. La ley 26.160 es una ley de emergencia, porque es una ley de excepción que está impuesta por necesidades de orden público. ¿Y que significa que sea de orden público? Que las disposiciones no pueden ser dejadas de lados por el acuerdo que hay entre las partes, las Comunidades y el Estado. Y los objetivos de esta ley es que declara la emergencia territorial de las Comunidades Indígenas, que suspende la ejecución de sentencia, actos procesales y administrativos, cuyo objetivo sea el desalojo o la desocupación de las tierras que ocupa. Y ordena que se realice un relevamiento técnico jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas. De tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública. En Córdoba nuestro relevamiento territorial aún no está terminado, apenas once Comunidades tienen personería jurídica, que es lo que más o menos protege los territorios. Y se dice que en todo el país, apenas hay un 40% del relevamiento territorial completo, o sea que falta un 60% aún por relevar, y lo que hace que estas situaciones, coloquen un estado de total vulneración a las Comunidades,a las personas que viven en las Comunidades, a las mujeres que viven en las Comunidades, a los hombres, a los niños.

Las Comunidades Diaguitas y el Proyecto Mara

Hay una estrategia muy clara atrás de en que momento avanzar. Está pasando una situación también de extractivismo en Catamarca, en Andalgalá, con el Proyecto Mara, en donde hay represión a las Comunidades Diaguitas. Golpes a ancianos, hay balas de goma, y esto tampoco está siendo visto, ya hace más de un año. Entonces siento que el Estado argentino está acumulando varios casos de denuncias muy graves. De denuncias ante Derechos Humanos que realmente cuando venga una Corte a hacer una revisión a nivel nacional, se va a encontrar con un montón de situaciones bien delicadas. Entonces me parece que el camino sigue, es informar a la gente que no sabe, que Catamarca está con este proyecto de que en 27 años va a quedar absolutamente seca, porque los ríos se están contaminando. Las nacientes se están contaminando, la extracción de oro, y de cobre que supuestamente promete empleos, está extrayendo los recursos. Estas empresas suecas que realizan el trabajo, y digamos que de eso no nos quedan regalías. Es hora de entender que el empleo no es lo mismo que una montaña quede sin vida, que un río quede inutilizable. Nosotros vivimos en ese lugar, somos parte de ese lugar. Por lo general las empresas vienen extraen y se van.