El «protocolo» sin cumplir en el Yuspe

Informe sobre el procedimiento para voladuras en el Río Yuspe

Ante la avanzada de la construcción de la Autovía de Punilla, es inevitable que desde las empresas comiencen con los detonamientos, como ya lo están haciendo. En Panorama conversamos con la doctora Eugenia Scarpinello para interiorizarnos sobre los procedimientos que teóricamente se deben llevar a cabo para realizar las voladuras en el Río Yuspe, que ya se están perpetrando. Sobre esta cuestión la abogada explicó: “Primero y principal, como toda obra que se realiza tiene que tener un plan de trabajo preestablecido. Dentro de ese plan de trabajo, se dice que se va a emplear, en el caso de que se empleen explosivos, no sabría decirte que explosivos se está empleando en este caso en el Yuspe. Ponen en riesgo, porque si bien deberían tener todos los controles, para disminuir al máximo los riesgos del empleo de detonantes, pero también deberían notificarse a los habitantes que están en el lugar para que puedan alejarse, porque haber, las detonaciones se pueden controlar”.

Sin acceso a la información pública

“Pero no siempre ese control va a ser suficiente, pueden llegar a ocurrir accidentes.Tienen que tener los permisos adecuados para los trabajadores que realizan estas actividades, deben informar a los habitantes del lugar y también tener en cuenta, de no afectar, si por ejemplo si se manejan masas de agua, si afecta flora y fauna, notificar del trabajo de detonaciones, a las secretaria del departamento que correspondan, porque tienen que hacer un control de la fauna con los ruidos. La fauna silvestre lo que hace es asustarse y huir del lugar, eso puede ocasionar accidentes, puede ocasionar muerte de los animales, poner en riesgo a las personas. Deberían haber informado, esto tendría que haber tenido acceso a la información pública del manejo de los explosivos, y del porque de la utilización de esos explosivos” agregó la entrevistada.

¿Los municipios miran para otro lado?

El acceso a la información pública es uno de los derechos claramente vulnerados en esta obra desde sus inicios. Tratando de explicar los vericuetos legales de esta cuestión, la abogada comenta: “Si bien la obra puede ser con fondos autorizados de la Nación y gestionada, licitada por la Provincia, los municipios siempre tienen la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos. Si los ciudadanos piden acceso a la información, el municipio será el que deba derivar esa información, o al menos derivarlo a donde deben pedir esa información si es que el Municipio no la tiene. Cosa rara que un Municipio no tenga, porque justamente la obra se esta haciendo dentro del ejido municipal o comunal”.

El daño a la fauna

“No vas a poder evitar que los animales se asusten y huyan, pero si vas a poder evitar que durante un periodo de tiempo se corten caminos y no estén transitando las personas y se produzcan accidentes si se cruzan los animales. El daño va a estar hecho para los animales. Estas obras lamentablemente no tienen en cuenta los derechos de los animales, porque la afectación de su hábitat, la afectación de sus rutinas, de sus animales, de la vida, va a estar hecha, se va a consumar el daño. Pero si se podrían evitar accidentes con los humanos, provocados por la huida de estos animales” añade la letrada.

“El acceso a la información no está garantizado”

Finalizando la entrevista le preguntamos a la doctora Scarpinello como sería el proceso donde se le notifica a la comunidad de las voladuras, a lo cuál respondió: “Todo el plan de trabajo primero tendrían que haber tenido acceso siempre los vecinos, y tendrían que ser siempre por escrito, de manera fehaciente, para que realmente las personas sepan lo que está sucediendo. Y bueno no se produzca este desconcierto social, y ningún tipo de peligro o riesgo, ya sean las secretarias o el Ministerio correspondiente, o las Comunas y Municipios deberían notificarlo de manera escrita, el periodo de tiempo, el tipo de trabajo que se realiza y el posible riesgo que se maneja, siempre por escrito(…)El acceso a la información no está garantizado, y al no estar garantizado el acceso a la información tampoco las personas pueden proteger sus propios derechos”.