En el fondo de la Corte

Por Lea Ross para La Luna Con Gatillo / Ilustración: Fuska.visual

¿Cómo fue la frustrada maniobra de la Corte Suprema para aprobar el 2×1? ¿Por qué razón lo hicieron? Y sobretodo, ¿sirve que renuncien los cuatro jueces para mejorar nuestras vidas? La respuesta de su humilde servidor es tan tajante como cuestionable: No.

Fue una semana estremecedora para el país lo que ocurrió en mayo de 2017. La Corte Suprema de Justicia había computado por primera vez el beneficio del 2×1 para un condenado por crímenes de lesa humanidad. El fiscal Carlos Gonella recibía pedidos en su oficina por parte de genocidas exigiendo recibir el mismo beneficio. Rechazó a cada uno de ellos. Él había aceptado a su humilde servidor una entrevista en vivo para brindar su mirada jurídica al respecto: “No estamos hablando de una ley sustancial que establece la condición más benigna, sino de una ley procesal, temporal y excepcional que se dictó para resolver la superpoblación carcelaria”. El funcionario aclara que quienes, en ese entonces, “están pidiendo una reducción de condena por el 2×1, nunca tuvieron prisión preventiva mientras estuvo en vigencia esta ley, que fue entre 1994 y 2001. Entonces, no pueden pedir ser alcanzados por esta norma. ¿Y por qué no estuvieron detenidos o no resultaron alcanzados por el 2×1? Porque no se los podía perseguir por la vigencia de las leyes de impunidad. Recuerden que estaban las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que impedía la investigación de estos delitos”.

Un año y medio después, luego del unánime rechazo que recibió en las calles y en el Congreso de la Nación, la Corte anuló su propio fallo. Fue la primera vez en la historia que el máximo tribunal se arrepintió de una resolución por la expresión de una marcha.

Hoy, el caso 2×1 volvió a escena por las indagatorias de la Comisión de Juicio Político contra la Corte, a la hora de indagar lo que ocurrió en ese entonces.

¿Cómo pensar en la justicia de ahora? ¿Cómo dimensionar sus oscuras maniobras? ¿Cómo interiorizar sus estrategias que apuntan a intereses privados y especulativos, por encima del bien común?

¿Sirve para algo que renuncien los cuatro nombrados en nuestras vidas?

La siniestra historia detrás del 2×1

El caso llevaba de nombre “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. El “otro” era Luis Muiña, un colaborador civil del Hospital Posadas cuando era un centro clandestino de detención. Fue beneficiado por tres votos a su favor, contra dos del máximo tribunal, para computar su condena de 13 años dentro del 2×1 a lo que duró su detención. Muiña muere en diciembre de 2019, un año después de que el mismo tribunal anulara su propia resolución.

Quienes le habían dado el OK a Muiña fueron Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Helena Highton de Nolasco. Los dos caballeros, se sabe, fueron los elegidos por el presidente de ese entonces, Mauricio Macri, para ocupar los cargos vacantes luego de la salida de algunos miembros como Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Carmen María Argibay. Mientras que la tercera pretendía quedarse en su puesto hasta que la biología lo demande, a pesar del límite que ordena la Constitución Nacional de 75 años de edad. Sin embargo, con la ayuda del “fallo Fayt”, que permitió que susodicho juez cortesano estuviera en su cargo hasta donde pudiera gracias a una inédita sentencia de la Corte “menemista”, la jueza recibió la aceptación de un amparo judicial por parte del juez en lo Contencioso Administrativo Enrique Lavié Pico.

Según los registros del circuito informático de la Corte Suprema de Justicia, el expediente del caso Muiña entró por los pasillos del tribunal en agosto de 2016, siendo analizado primero por el presidente del tribunal de ese entonces, Ricardo Lorenzetti, y luego por la única miembro mujer: Helena Highton de Nolasco. Para el día 27 de septiembre de 2016, fue llevado al escrito de la Vocalía N° 4, que es la de Carlos Rosenkrantz, quien asumió a su puesto el 22 de agosto pasado, hace poquito más de un mes. Allí estuvo hasta el 29 de diciembre de 2016, donde fue depositado en la la Secretaría Judicial Nº 3, encargada de casos penales, durante la feria judical. Luego, retornó a Rosenkrantz, donde permaneció encajonado durante tres meses. Y el 17 de abril de 2017 volvió a pasar a la Secretaría Nº 3. Una semana después, el 24 de abril, pasó nuevamente a Lorenzetti, para finalmente llegar el 2 de mayo nuevamente a la Secretaría, y concretar la sentencia por parte del tribunal al día siguiente.

Lo sospechoso es que un mes antes del fallo del 2×1, el 28 de marzo de 2017, la misma Corte emitió la sentencia del caso “Schiffrin Leopoldo Héctor c/ Poder Ejecutivo Nacional”, donde otro funcionario, el juez federal de La Plata Schiffrin, también pedía eternizarse en su puesto, al igual que Highton de Nolasco. Pero el máximo tribuna se lo rechazó con cuatro votos de mayoría, anulando el “fallo Fayt” y reestableciendo el límite de edad de 75 para les jueces, con la abstención de la mencionada suprema al no garantizar objetividad por tener un fallo firme de primera instancia a su favor para permanecer en el cargo, de la mano de Lavié Picó.

El quid de la cuestión es que si los cuatro supremos sentenciaban contra Schiffrin antes que Lavié Picó fallara a favor de Highton de Nolasco, a Lavié Picó se le iba a picar si pretendía fallar a favor de ella, porque iba a contradecirse con una sentencia del máximo tribunal. Con lo cual, la clave oscura de esta trama está en haber mantenido cajoneado el expediente del caso Schiffrin, para esperar el fallo de Lavié Pico, y así tener la supuesta garantía que Highton de Nolasco acompañe los votos de Rosenkrantz y Rosatti en el caso Muiña.

Y aquí tenemos el nudo gordiano que lo demuestra. La siguiente tabla de abajo muestra el recorrido de los dos expedientes: Muiña (2×1) y Schiffrin, que entró en el año 2012 y quedó congelado en 2015. Luego de la asunción de Macri, el 26 de agosto de 2016 Ricardo Lorenzetti pidió revisarlo, y a los cuatro días se lo transfirió a Rosatti. El 7 de septiembre, pasó a Highton de Nolasco, donde lo mantuvo una semana; allí, se enteró de los votos en contra de Lorenzetti y Rosatti. Meses después, Carlos Rosenkrantz lo pidió el primer día de febrero de 2017, apenas terminada la feria judicial. Él ya tenía guardado el expediente de Muiña o 2×1 desde el 17 de enero. El 10 de febrero, justo diez días después, el juez Lavié Picó otorgó el aval a Highton de Nolasco para seguir en su cargo. O sea que Rosenkrantz, el favorito de Macri, retuvo los dos expedientes en ese momento. Para comienzos de marzo, liberó el expediente de Schiffrin y el 2×1 permaneció en su vocalía hasta la mitad de abril. El expediente de Schiffrin estuvo en los días 21 y 22 en la vocalía de Highton de Nolasco, pese que esta no participó de la sentencia, abriendo la sospecha de que ella quería revisar el voto disidente de Rosenkrantz. Finalmente, el día 28 de marzo salió la sentencia contra Schiffrin y dos semanas después, el 17 de abril, el 2×1 pasó a ser revisado por Lorenzetti. Luego, el 2 de mayo pasó para sus últimas revisiones, previo dictar la sentencia que salió al día siguiente, y dio comienzo a la semana que estremeció al país. Ambos expedientes convivieron en la vocalía de Rosenkratz entre el 1 de febrero y el 7 de marzo de 2017, como lo muestra la franja amarilla de la tabla, que engloba la última revisión de la única cortesana mujer de ese entonces.

El móvil de los cortesanos

El 13 de mayo de 2017, mientras el pueblo se estremecía con el fallo del 2×1, y el presente cronista realizaba estas indagaciones sobre el intercambio de expedientes por parte de los cortesanos, una publicación del diario Clarín confirmaba la hipótesis de los intereses que hubo detrás de esta maniobra. El artículo llevaba la firma de Jorge Lanata. Su título era Dos por uno igual a tres. Allí se revelaba que “dos operadores judiciales del gobierno [macrista] creyeron que era el momento de ‘consolidar el voto’ en un sector conservador del electorado que el devenir de la política les había hecho abandonar, no sin culpa. Era momento –pensaron José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón– de impulsar, en un silencio discreto, la aplicación del 2×1 en el caso de los militares detenidos”.

“Pepín” Rodríguez es sindicado de ser el verdadero autor del frustrado Decreto 83/2015 para designar a Rosatti y Rosenkrantz. También -y esto no lo dice Lanata- ha sido uno de los abogados predilectos del Grupo Clarín, en sus artimañas judiciales en contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Actualmente, permanece varado en la ciudad de Montevideo, bajo la carátula de prófugo por la Interpol, mientras viene siendo perseguido por las cámaras de televisión de C5N. En el caso de José Torello, quien proviene de una familia con numerosos integrantes militares, fue jefe de asesores de Macri desde su rol de apoderado de su partido PRO.

Sobre la definición de Lanata de “consolidar el voto de un sector conservador”, lo clarifica el analista Rosendo Fraga, un simpatizante ese electorado y que este mes tuvo un frustrado intento por participar de la presentación de un libro sobre “la estafa de los desaparecidos” en la Biblioteca del Congreso, actividad cancelada por el fuerte repudio recibido. En 2017, luego de la polémica del 2×1, Fraga acuerda que ese fallo de la Corte podía percibir “la oportunidad de retener el voto del sector militar, que multiplicado por su contexto familiar, alcanza al millón de votos”. Para eso, desde su centro de estudios, emplea como análisis los votos electorales que se emiten cada dos años desde la Antártida, ya que “algo más de dos tercios de quienes votan allá son militares en actividad de las tres Fuerzas. Además, se acercan a una muestra relativamente representativa de la estructura de personal militar en cuanto a oficiales, suboficiales y grados. A ello se agrega que están todos en actividad y que ninguno estaba en actividad durante el gobierno militar”.

Así, previo al 2001, el “voto militar”, según las planillas electorales de la región antártica, muestra la preferencia por el PJ, superando niveles de 60% de los votos. Luego de eso, tuvieron una década y media dispersa, sin llegar a un consenso sobre un candidato preferente. Todo cambió en las presidenciales de 2015, donde en el balotaje se optó por Mauricio Macri en un 84%.

El Corte y el Fondo

Las nubes han perdonado a la ciudad de Córdoba para poder marchar el 24 de marzo sin tormentas de por medio. Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos, han calculado una convocatoria de unas 80 mil personas. Por el lado de la otra marcha organizada principalmente por partidos de izquierda, se barajan cifras entre 15 mil y 25 mil personas. La suma daría unos 100 mil cuerpos presentes con pocas gotas impactadas en el cielo.

A pesar del lenguaje inclusivo en muchos carteles, resulta muy difícil encontrar el número famoso 30.400. “Lo que pasa es que tenés que entender que a los más viejos, los que llevan más años de experiencias, les cuesta bastante discutir con el número 30.000”, comentan desde las calles. El columnista de este portal Santy Rodríguez recaba la construcciones de la memoria, como así también recordando las raíces de aquel número, en el siguiente artículo.

Frente a la barredora de la Mesa, se encuentran las Abuelas y referentes de organismos de Derechos Humanos. Se ha sumado Soledad Laciar, la madre de Valentino Blas Correas, asesinado por la policía en la zona céntrica de la capital, donde se espera con mucha ansías la sentencia final contra 13 uniformados para el último día de este mes. Se saca una foto con Viviana Alegre, la mamá del desaparecido en democracia Facundo Rivera Alegre, que expresó unas palabras para La Luna con Gatillo en el siguiente testimonio.

En medio de las mencionadas dos marchas, otras familias de víctimas de gatillo fácil realizan una austera intervención con pañuelos blancos, que contienen los nombres de sus seres que ya no están, y consignas como “Basta de gatillo fácil” y “La memoria como trinchera”. Esos pibes fueron acribillados en barrios más alejados del centro y donde, al igual que en la actual movilización, las cámaras de los medios no siempre llegan.

“Queremos decir algo sobre los juicios de lesa humanidad de ahora -grita desde el micrófono Emilio Pihen, de la organización HIJOS Córdoba, con el tono que lo caracteriza cada año-. Estamos preocupados por el frenos que tienen estos juicios. Estamos preocupados que un juicio de lesa humanidad tenga solo tres imputados, que encima ya fueron condenados”. Se refiere a la causa Palazzesi, que juzga la tortura que padecieron los militantes Rubén Palazzesi, Jaime Blas García Vieyra y Nilveo Cavigliasso entre agosto y septiembre de 1979 en la “Quinta de Guiñazú”, utilizada como centro clandestino por el Destacamento de Inteligencia 141. Los únicos acusados son los ex-militares Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz. “Ya conocemos a los soretes de Barreiro y Villanueva. Queremos que avance la causa Gómez, donde hay cientos de compeñerxs que esperan su juicio, y decenas de genocidas que pueden recibir su primera condena. Está lenta la cosa. Viene ralentizada los tribunales”.

El documento de cierre de la Mesa señala que apoyan “el Juicio político a la Corte Suprema de Justicia por mal desempeño, porque avasalla a los otros poderes del Estado”. Toma como ítems la responsabilidad del actual presidente supremo, Horacio Rosatti, por “frenar los juicios a los genocidas al no reunir a la Comisión que se encarga de hacerlo”, por el antecedente del 2×1, por haber beneficiado a “empresarios cómplices civiles del terrorismo de Estado, como con Carlos Pedro Blaquier” y por fallar a favor de “beneficios económicos para empresarios como el grupo Clarín y [que] avaló los tarifazos”.

“Necesitamos una Corte de Justicia representativa y federal que responda a las mayorías y no a los poderosos; que no tenga doble vara ni persiga a los opositores; una Corte inclusiva, con una mirada de Justicia por la Vida, anti genocida, con perspectiva de género, ambientalista y sin privilegios impositivos”, señala el texto que, a la vez, repudia la condena contra Cristina Fernández de Kirchner, el poco avance de las responsabilidades de su frustrado magnicidio, y la detención de Milagro Sala y el caso de las cuatro mapuches mujeres.

El límite que ha tenido el documento es el rol de los poderes ejecutivos y legislativos frente a la vulneración de los derechos. Así como en el mismo se responsabiliza a los grupos concentrados por la marcación de precios inflacionarios o al aparato policial por las detenciones arbitrarias y casos de gatillo fácil, no trazar la responsabilidad a los tres poderes es frenar la discusión sobre qué justicia se quiere. Sería lo mismo que creer que las políticas públicas no inciden en la distribución de la renta.

Porque ante la pregunta de que si renunciaran los cuatro supremos eso lograría una mejora en la máxima preocupación de las mayorías como es su situación económica, la respuesta es tan tajante como concreta: No. No basta con que la justicia sea “inclusiva”, sino también “popular”, pensada sobretodo que logre obtener respuestas a las mayoría y no solo a los dirigentes, de los cuales pueden tener más recursos para desenredarse del proceso calamitoso que refleja la obra de Franz Kafka. De lo contrario, las proclamas contra el lawfare se reduciría a una mera disputa entre quiénes tienen el privilegio de permanecer arriba, mientras se deja en un segundo plano las necesidades de quienes están abajo.

Cortar con la Corte no alcanza, pero sí ir al fondo con el Fondo. El co-gobierno con el Fondo Monetario Internacional implica una sujeción de las decisiones políticas y económicas del país. Por ende, debería ser la principal cuestión a establecer en una incertidumbre calamitosa, que precisamente podría implicar la judicialización del mismo. Como dice otro fragmento del documento de la Mesa: “¡Juicio y castigo para quienes fueron y son responsables del endeudamiento y la pérdida de nuestra soberanía!”.