El caso de Casa Santa Cruz y la crisis de la vivienda en Buenos Aires

Foto: Marcos Sierras.

Las familias de la denominada Casa Santa Cruz, del barrio porteño de Parque Patricios, lograron llegar a un acuerdo el pasado martes 31 de octubre para que se postergue el desalojo judicial por seis meses y se abra una mesa de trabajo con representantes gubernamentales para encontrar una solución habitacional definitiva para las 350 personas -entre ellos cien niños y niñas- que viven en el edificio y que celebraron la noticia con aplausos y cánticos de «Vivienda sí, desalojo no».

Como parte del acuerdo alcanzado, el gobierno porteño realizará durante esos seis meses un pago al propietario del edificio, el empresario hotelero Leonardo Ratuschny, para que “no presione y tolere el plazo de tiempo” hasta que las personas consignan una vivienda alternativa y puedan irse del lugar.

Sobre lo que sucede con la Casa Santa Cruz conversamos en esta edición de La Realidad Desde Buenos Aires con Marcos Sierras. Este caso visualiza a las claras la crisis de la vivienda que azota Buenos Aires.

¿Qué es Casa Santa Cruz? Al respecto de esta pregunta el columnista menciona: “Santa Cruz no es en este caso el típico conventillo, sino es un edificio de cinco pisos, convertido en vivienda, porque a su vez conformaron las y los vecinos una Cooperativa de Vivienda y de Trabajo. Casa Santa Cruz es esto, una Cooperativa de Vivienda y de Trabajo que se llama Papa Francisco. Entonces han logrado convertir esa fábrica en viviendas”.

“Allí viven 110 familias, las familias más antiguas viven hace aproximadamente veinte años. Este conflicto lleva muchísimos años. Casa Santa Cruz era una fabrica textil que en los noventa entra en quiebra, sus dueños desaparecen, vacían las fábricas. Y algunas familias de trabajadores y trabajadoras deciden ocupar las fábricas para preservar sus fuentes de trabajo, pensando en algún momento volver a activar la fábrica. Y como no es viable, no es posible, y no tienen a donde ir, comienzan a vivir las primeras familias allí, en el edificio de cinco pisos, de la avenida Santa Cruz a la altura del 140, y bueno a partir de allí se van sumando otras familias a lo largo del tiempo, las familias tienen hijos, pensemos que hay niños, niñas que han nacido en la Casa Santa Cruz que hoy ya tienen 19, 20 años” agrega Sierras.

El nuevo y último dictamen del juez interviniente en la causa dice que “las personas que viven allí (en Casa Santa Cruz) tienen que ir a una vivienda definitiva”. Sobre esto profundiza el periodista:“Algo interesante en este intento de desalojo es que la abogada y el abogado que llevan adelante el caso Santa Cruz ya hace más de diez, doce años, que llevan el caso, lograron un amparo, en el cual en dicho amparo en lo que se dice específicamente es que las familias no pueden ser desalojadas si no tienen un lugar donde ir”.

Todo esto saca a la luz el negociado de los hoteles a donde van los desalojados, donde el empresario Ratuschny es un conocido prestador de servicios al Gobierno de la Ciudad. “El negocio inmobiliario avanza a pazos agigantados en la Ciudad de Buenos Aires de la mano de los privados, sin escrúpulos por supuesto, y de un Estado, y de un Gobierno de la Ciudad, que tampoco tiene escrúpulos en cuanto a avanzar sobre los derechos de los que menos tienen” indica el columnista.

“Santa Cruz es medio como un bastión de la resistencia a los desalojos, porque ya ha resistido un desalojo brutal en 2019, y este intento de desalojo de ayer fue realmente descomunal, era un despliegue policial como nunca antes he visto para un desalojo de 110 familias, donde se calcula que alrededor de 700 efectivos policiales, sino más, había desplegados en la zona, y un vallado enorme” señala.

“Entrar a Casa Santa Cruz no iba a ser gratuito para quienes quisieran ingresar por la fuerza, y por supuesto no iba a ser gratuito una vez que las fuerzas de seguridad entraran a la Casa Santa Cruz” concluye Marcos Sierras una nueva columna de La Realidad Desde Buenos Aires por Panorama.

El resultado del acompañamiento y visibilización fue que se logró el desalojo, se suspendió por 6 meses, y se conformó una mesa de trabajo para tratar de resolver el tema de las viviendas definitivas para las 110 familias.