Procesan a seis defensores ambientales de Punilla

CONVOCATORIA A LA AUDIENCIA ORAL DE APELACION EN LA CAMARA DEL CRIMEN DE VILLA DOLORES, EL PROXIMO 29 DE JULIO A LAS 12

Por Juan Yacobs

Las protestas por la construcción de la Autovía de Punilla (O “Mejoramiento de la conexión Córdoba – Patquía” – “Corredor Bioceánico Central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre”) comenzaron con su mismo anuncio en el año 2016, cuando el gobierno de Schiaretti solo hablaba de construir un puente en el lago San Roque, la falta de un Estudio de Impacto Ambiental acumulativo y la falta de precautoriedad judicial Ley N 25.675 Art 4, ante las distintas presentaciones judiciales, dieron lugar a las masivas protestas que se extienden hasta el próximo lunes 29 de julio en la ciudad transerrana de Villa Dolores.

Desde el 25 de enero del 2023, han tomado estado público las elevaciones a juicio de 6 de los 18 Defensores Ambientales imputados por acciones de protesta en torno a la construcción de la Autovía de Punilla. Tres de esos dieciocho imputados son miembros de la Comisión Directiva de la CTA-A de la Regional Punilla: Dos periodistas y un comunero indígena de la localidad de San Esteban. Comunidad Indígena Isqon Killa – 9 Nueve Lunas, del Pueblo Nación Kamiare. Junto a tres defensores ambientales más, una de ellas delegada de ATE Córdoba en el Hospital Colonia Santa María.

Cabe mencionar sintéticamente que la obra de “Mejoramiento de la conexión Córdoba – Patquía” – “Corredor Bioceánico Central (CBC) Coquimbo – Porto Alegre” es un proyecto de infraestructura cuya construcción se encuentra judicializada, habiéndose presentado un Amparo ante la administración de justicia de Córdoba en el año 2017: Causa: “ISLYMA y otros c/Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba y otro – Amparo”. Dicho Amparo a la fecha no ha logrado detener el avance de la obra sobre Comunidades Indígenas y sus territorios, patrimonio arqueológico y paleontológico, cuencas hídricas y reservas, localidades y barrios. Habiéndose presentado también el pedido de medidas cautelares y denuncias penales en la administración de justicia federal y la administración de justicia provincial, ambas a la fecha sin efectos. A ello se ha sumado la impunidad de la entidad financiadora CAF-BID, que en sus estatutos tienen salvaguardas para mujeres, niños, comunidades Indígenas y cambio climático, a pesar de lo cual no respondió a las solicitudes realizadas al respecto. También gozan de impunidad las tres empresas constructoras a cargo de distintos trayectos de la obra, negándose a presentar los permisos de obra, prospecciones y detonaciones a los vecinos. Por su parte, el gobierno provincial y los municipios no han generado mecanismos de participación, más que las ordenanzas locales de cambio de uso del suelo que fueron aprobadas sin participación de los vecinos donde tampoco han generado mecanismos de recepción de los reclamos de la ciudadanía.

En lo que respecta a la fiscalía de instrucción, cabe señalar que por hechos judiciales graves, como la investigación y el juicio de un femicidio (Cecilia Basaldúa) y un caso de violencia institucional (Jonathan Romo), Paula Kelm se encuentra cuestionada por la ciudadanía. A lo que se agrega el juez Ramiro Nuñez quien negó el servicio de justicia, al Habeas Corpus presentado por los Defensores Ambientales, en dos oportunidades la noche previa al desalojo violento perpretado por la policía en la cuesta de Matacaballos, paraje Molinari. Dicho suceso donde la policía de Córdoba a cargo del Crio. Rodolfo Ayala, arremetió contra una docena de acampantes a las 3:40 de la madrugada en la puerta del obrador de la empresa SACDE. El 10 de mayo del año 2022.

Durante el año 2022 hubo varios episodios de represión de la protesta ambiental. Ante ello las movilizaciones se dirigieron al Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba y a la Fiscalía General. De dicha movilización deviene un fallo de la Jueza Ferreyra del Juzgado de Control y Faltas N° 9, en agosto de 2022, que concedió un Habeas Corpus preventivo y Colectivo, (por Expediente N° 11120830 del Poder Judicial de Córdoba). A pesar de ello, ni el Ministro de Seguridad ni la Jefa de la Policía de la Provincia avanzaron en la aplicación del Acuerdo de Escazú como mandaba el fallo.

En este contexto, como mencionáramos, en enero del año 2023 comenzaron las elevaciones a juicio. Este hecho hasta el momento inédito en la movilización y protesta ambiental de la provincia de Córdoba. Hasta el momento, tanto las acciones de las fuerzas represivas como las de defensores no llagaban nunca a ser investigadas, ni sobreseídas, ni elevadas a juicio.

El hecho que da lugar al procesamiento de seis defensores ambientales del Valle de Punilla, se da lugar el día 13 de agosto del año 2022, cuando el Intendente de la ciudad de Cosquín Gabriel Musso junto a otros funcionarios, fue increpado por más de doscientos vecinos que se encontraban en una asamblea en la plaza san Martín. Exigiéndoles estos a Gabriel Musso, que dé cuenta de su actuación frente a la construcción de la Autovía de Punilla. Fundamentalmente cuestionaban la falta de participación en la resolución de cambio de uso del suelo en el municipio, cuestión que facilitó la realización de la obra, alterando no sólo el avance sobre territorio indígena, con patrimonio arqueológicos/sitios sagrados, sino también bosque y especialmente una Reserva natural municipal. Cabe señalar que el Intendente en ningún momento respondió como funcionario público a la interpelación que se le realizaba.

Esta causa es llevada por la Fiscalía de Instrucción Competencia Múltiple 1°T-SEC.1 Cosquín y ahí se encuentran imputados tres integrantes de la Junta Directiva de CTA Autónoma Regional Punilla. Al igual que en otras oportunidades, la Fiscal no toma en cuenta ni los testigos ni las pruebas presentadas por los imputados, desestimándolos como irrelevantes. Basa su investigación en declaraciones y documentos policiales y declaraciones del Intendente y sus allegados. No sólo la reconstrucción de los hechos es sesgada, sino que con tal desconsideración vulnera el derecho a la defensa de los imputados, siendo de destacar que en ningún momento la Fiscal solicita un Informe socioambiental para conocer la afectación de los imputados. En sus declaraciones estos niegan la reconstrucción de los hechos realizada por la Fiscal y la tipificación como delitos de sus conductas.

Del mismo modo, el juez de Control Ramiro Nuñez que resuelve la elevación a juicio con el material probatorio de ninguna manera demuestra la existencia material del hecho con el grado de probabilidad exigida para dicha etapa; tampoco es aplicable el tipo penal que el Fiscal y el Juez de Control propugnan para subsumir el hecho. La arbitrariedad de Ramiro Nuñez manifiesta, en tanto que el material probatorio se analiza parcialmente, omitiendo o tergiversando aspectos sostenidos en la oposición e incorporando otros. La resolución por la que seis compañeros deberán comparecer en Villa Dolores el próximo 29 de julio, incurre ademas en incorporación de presunciones y razonamientos que no estaban en la investigación, afectando el debido proceso y la defensa en juicio de los defensores ambientales imputados.

Ante este abuso de autoridad por parte de la institución policial y judicial interviniente, consideramos urgente la intervención de instancias de control de los procesos que deben dar garantías a los y las procesadas/os. En este primer tramo de 21 Km, la construcción del Corredor Bioceánico en Punilla cuenta con 6 Defensores Ambientales procesados por 21 causas. Solicitamos de manera inmediata su sobreseimiento.

Protestas que tuvieron lugar por considerar urgente la defensa del derecho al ambiente sano y a la protesta constitucional para su defensa. Así como el derecho a la intervención de las autoridades competentes, para que impidan las situaciones de abuso de autoridad y violencia institucional que fueron detallados.

Juan Yacobs – Secretario General de la CTA-A Punilla