Incendios y Debates en Punilla

Incendios y Debates en Punilla

Por Juan Yacobs Secretario General de la CTAA Punilla

La situación en Punilla refleja las desigualdades entre la política, la economía y el medio ambiente y sus habitantes. Los infernales incendios que han devastado más de 40,000 hectáreas en solo seis días, se destacan hoy no solo por la magnitud del desastre natural y la inadecuada gestión de recursos por parte de las autoridades. Sino además, porque los vecinos han denunciado en redes sociales que el ETAC (Equipo Táctico de Operaciones de la Policía de Córdoba), en lugar de controlar el fuego, lo iniciaba. Este grupo de elite, creado para la lucha contra las catástrofes por Juan Schiaretti en 2021, ha sido acusado de tener un papel ambiguo en la gestión del fuego, reflejada en indignación comunitaria.

La afirmación de que “todo fuego es político” rebota en los debates sobre el fuego en Argentina, donde el Plan de Manejo de Fuego iniciado durante el gobierno Menem, se prioriza el control de incendios en lugar de abordar las causas subyacentes. Esta gestión ha sido cuestionada por informes que utilizan metodologías inadecuadas, como datos satelitales de baja resolución, llevando a desinformación que afecta la percepción pública en un contexto donde Córdoba ha perdido más del 90% de sus bosques.

El debate se intensifica con declaraciones de figuras como el presidente de la Sociedad Rural de Jesús María, y la Vicegobernadora Myriam Prunotto, quienes argumentan que la existencia de bosques es la causa de los incendios. Esta ideología parece justificar la destrucción del monte en favor de intereses económicos, como el turismo y el desarrollo inmobiliario. Por otro lado, el «Estudio de Áreas Quemadas en la Provincia de Córdoba (2010-2022)» revela que más de 1.1 millones de hectáreas han sido consumidas por incendios en la región del Arco Noroeste, subrayando la falta de manejo adecuado y la acumulación de combustibles como factores que incrementan el riesgo de incendios severos.

El incendio de 2020 marcó un punto de inflexión, donde la comunidad se unió para oponerse a proyectos que amenazaban su entorno, como la Autovía de Montaña. La lucha de grupos ambientalistas resultó en la creación de Brigadas Forestales Comunitarias, que han asumido el desafío de apagar fuegos en áreas ignoradas por el gobierno. Estas brigadas se presentan como una alternativa a la gestión oficial, promoviendo un enfoque más sostenible y preventivo.

La Autovia ilegal de Punilla

El avance ilegal del proyecto de la Autovía de Punilla refleja la dominación del desarrollo económico por la protección ambiental. Este tipo de infraestructura no solo destruye el medio ambiente, sino que también beneficia a los grandes intereses empresariales de siempre a expensas de la comunidad local, que sufre desalojos, detonaciones, ruidos de máquinas interminables, detenciones y represión en general, además de la destrucción de su calidad de vida. Por este motivo desde el año 2016 oposición de la CTAA  a este proyecto ha sido contundente, con movimientos sociales que han llevado a cabo marchas y campañas de concientización, subrayando la necesidad de una gestión responsable que priorice la salud ambiental y el bienestar de las comunidades.

La protección del medio ambiente no debe ser vista como un obstáculo para el desarrollo, sino como una oportunidad para crear un futuro sostenible. La defensa del monte y los bienes comunes es fundamental no solo para preservar la biodiversidad, sino también para garantizar la calidad de vida de las comunidades que dependen de ellos. Las políticas que integren la voz de las comunidades y promuevan prácticas de manejo sustentable serán cruciales a partir de este contexto. Ignorar la relación entre los incendios, la política y los intereses económicos solo llevará a un ciclo de destrucción que afectará a futuras generaciones que no tendrán la oportunidad que tenemos los habitantes del presente de resolver estos problemas de una manera mas inteligente,