
La crisis en la Patagonia argentina ha alcanzado un punto álgido. En medio de incendios devastadores que han consumido miles de hectáreas de bosque y dejado a más de 150 familias sin hogar, el pueblo Mapuche denuncia una escalada represiva y de criminalización por parte del Estado. La situación, según testimonios recogidos en una reciente entrevista radial con Hugo Aranea, integrante de la Coordinadora Mapuche, es alarmante: el gobierno nacional y el de la provincia de Chubut estarían promoviendo un discurso de odio y persecución contra la comunidad indigena, señalándolos como responsables de los incendios sin pruebas contundentes.
Entrevista a Hugo Aranea, integrante de la coordinadora Mapuche
Aranea describe un clima de miedo e incertidumbre en la Comarca Andina, donde el Estado no solo se muestra ausente en el combate de los incendios, sino que está activamente implicado en allanamientos violentos, detenciones arbitrarias e intimidaciones. «Están construyendo un enemigo interno», denuncia, señalando que la estrategia de demonización del pueblo Mapuche-Tehuelche responde a intereses políticos y económicos ligados a grandes terratenientes y capitales extranjeros con proyectos extractivistas en la región.
Según la Coordinadora Mapuche, los incendios han expuesto una política sistemática de vaciamiento del Estado en la gestión ambiental. La falta de inversión en infraestructura para la prevención y combate del fuego, sumada a la precarización laboral de brigadistas y bomberos, ha dejado a las comunidades en una situación de extrema vulnerabilidad. «El plan de manejo del fuego está desfinanciado, y eso se traduce en que no haya herramientas ni personal suficiente para combatir las llamas», afirma Aranea.
A la par de la crisis ambiental, se intensifica la persecución judicial. La detención de un joven Mapuche en Bariloche sin pruebas sólidas es solo un ejemplo del modus operandi de las autoridades. «Lo tienen detenido por ser Mapuche y por ser pobre», denuncia Aranea, evidenciando cómo la criminalización de la comunidad se utiliza como justificación para el avance de intereses privados sobre tierras ancestrales.
La situación recuerda episodios recientes de violencia institucional, como la muerte de Rafael Nahuel y la desaparición de Santiago Maldonado. «Estamos al borde de perder el Estado de derecho», advierte Aranea, comparando la situación actual con los períodos más oscuros de la historia argentina.
Desde el pueblo Mapuche hacen un llamado urgente a la solidaridad y la difusión de su realidad, enfatizando que lo que ocurre en la Patagonia no es un hecho aislado, sino parte de una política global de despojo y expulsión de los pueblos originarios. «Tenemos que construir redes, romper el individualismo y organizarnos», concluye Aranea.
El conflicto en la Patagonia continúa escalando, mientras el fuego sigue consumiendo bosques y hogares. El silencio y la estigmatización solo agravan la crisis. Frente a esta realidad, la pregunta que queda es: ¿qué rol jugará el resto de la sociedad argentina?