Una medida cautelar obliga al instituto a garantizar el 100% de la cobertura para todos sus afiliados en la provincia. La acción fue impulsada por organizaciones de derechos humanos y usuarios afectados.
Entrevista al Dr Carlos Vicente, representante de los amparistas e integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la ciudad de Córdoba.
La Justicia Federal de Mendoza hizo lugar a una medida cautelar que obliga al PAMI a restituir la cobertura del 100% en medicamentos y prestaciones médicas para todos sus afiliados y afiliadas en la provincia de Córdoba. La resolución responde a una acción de amparo colectiva presentada en diciembre por la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, con el patrocinio de los abogados Mabel Edith Sessa y Carlos Hugo Vicente.
La causa, que se originó en el contexto de los recortes implementados por el Gobierno Nacional en el acceso a medicamentos gratuitos para jubilados y pensionados, fue finalmente incorporada al expediente que tramita en el Juzgado Federal N°2 de Mendoza, a cargo del juez Pablo Oscar Quirós. Este expediente agrupa amparos similares presentados en Mendoza, Tucumán, Salta y Córdoba.
El fallo ordena al PAMI anular la resolución 2024-2431 del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), dictada el 22 de agosto de 2024, y cualquier disposición actual o futura que ponga en riesgo la cobertura médica de sus afiliados. También exige que la medida cautelar se haga pública en medios digitales de circulación masiva de Córdoba y entre en vigencia dentro de las 48 horas posteriores a su notificación.
La presentación judicial fue acompañada por numerosas organizaciones, entre ellas la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Asociación Civil de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba, el Foro Solidario Córdoba y la Unión Obrera Gráfica Cordobesa. Además, se sumaron usuarios del PAMI como Gustavo Ignacio Tissera, Néstor Edgardo Anglada, Roberto Ernesto Chiavassa, Alcira Steinmetz y Alicia Beatriz Acin, junto con el respaldo técnico del Prof. Dr. Oscar Atienza.
Desde la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos celebraron la resolución como “un paso fundamental para frenar el retroceso en materia de derechos”, y destacaron que “la gente mayor, por su condición, merece una protección especial, inmediata y efectiva”.
El fallo se inscribe en un contexto de creciente judicialización de las políticas públicas, ante lo que las organizaciones promotoras del amparo consideran un “ajuste regresivo” por parte del gobierno nacional. “La lucha continúa en cada espacio donde se defienda la vida, la salud y la dignidad de las personas, en especial de nuestros adultos mayores”, afirmaron.
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