Entrevista al delegado de ATE en el Hospital Rawson Pablo Serradell.
En medio de un creciente clima de conflicto en los hospitales públicos de Córdoba, trabajadores de la salud denuncian despidos arbitrarios, represión policial y una avanzada privatizadora del sistema sanitario provincial. Pablo Serradell, delegado de ATE y uno de los despedidos del Hospital Rawson, relató en diálogo con Radio Panamericana la gravedad de la situación que atraviesan decenas de familias.
“Volvimos a amanecer con el hospital completamente rodeado de policía”, afirmó Serradell. Según su testimonio, más de cuatro camiones de Gendarmería y un gran operativo de Infantería impidieron una vez más la instalación de una carpa de protesta frente al hospital. “No hay orden judicial para impedirlo. Es una decisión política del gobierno o del ministro Pica Steiner. Tienen miedo a trabajadores que reclaman por su salario y su reincorporación”, denunció.
El delegado gremial explicó que son 18 las familias afectadas directamente en el Hospital Rawson, y más de 75 en toda la provincia. Los despidos se justifican mediante declaraciones “off the record” sobre presuntos “legajos sucios”, sin evidencia ni explicaciones oficiales. “Recopilamos los legajos de todos los despedidos y ninguno tenía sanciones ni carpetas excesivas”, aclaró Serradell. En su caso, además, el despido violaría los fueros gremiales que lo amparan legalmente.
Serradell encuadra esta avanzada en un proceso más amplio de “vaciamiento de la salud pública” y “privatización a cuentagotas” impulsado por el gobierno justicialista desde hace décadas. “Ya privatizaron la limpieza, la cocina, el lavado de sábanas, y este año el sistema de turnos pasó a manos de un call center”, enumeró.
La protesta, sin embargo, no encuentra interlocutores. “No hay diálogo ni mesa de negociación. Solo imponen la policía para callar un reclamo legítimo. Eso jamás funciona”, reflexionó el dirigente.
El jueves próximo está previsto un paro provincial de hospitales públicos, en el que también participarán docentes, judiciales y trabajadores de EPEC. La medida busca visibilizar una problemática que trasciende el sector salud. “No queremos estar en la calle todos los días. Queremos trabajar, dar soluciones a la gente y brindar salud pública de calidad. Pero el gobierno sigue destruyendo el sistema”, concluyó Serradell.
La situación en Córdoba refleja una tensión creciente entre el Estado provincial y sus trabajadores, marcada por despidos, precarización laboral y respuestas autoritarias que profundizan el malestar social en un contexto económico cada vez más adverso.
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