Dolor, demoras e interrogantes: el caso Agustín Capdevila y la búsqueda que llegó tarde

Entrevista a la directora del CeProFa Karina Lucero

La localidad de Villa Giardino, en el norte del Valle de Punilla, sigue conmocionada por el hallazgo del cuerpo sin vida de Agustín Capdevila, un joven que estuvo desaparecido durante dos semanas y fue finalmente encontrado a pocos metros de su casa, en una zona que supuestamente ya había sido rastrillada. La demora en dar con su paradero, sumada a las múltiples irregularidades denunciadas por su familia y por referentes sociales, expone con crudeza las fallas del sistema de búsqueda de personas en Córdoba y las profundas desigualdades que atraviesan el acceso a la justicia.

Karina Lucero, dirigente social y vecina comprometida con causas de derechos humanos en el Valle de Punilla, acompañó a la familia de Agustín en esos días de incertidumbre. En una entrevista radial, relató con detalle la cronología del caso, señalando omisiones graves por parte de las autoridades policiales y judiciales de la zona.

“La familia nos contactó una semana después de la desaparición. Ya habían hecho una marcha sin resultados y sin respuestas. Fue recién cuando la causa se trasladó a la unidad judicial de La Falda que comenzaron a desplegarse medidas concretas de búsqueda”, explicó Lucero. La responsable de esa unidad, la doctora Pautazzo, tomó declaración a la madre de Agustín y activó diligencias que hasta ese momento no se habían realizado.

La principal crítica recae sobre el comisario José Luis Rosales y la oficial Romina Svetac, quienes tenían a su cargo la búsqueda inicial. “Insistían en que habían recorrido toda la zona, pero evidentemente no lo hicieron o lo hicieron mal. No puede ser que una persona esté dos semanas a metros de su casa y no la encuentren”, señaló con indignación.

Lucero también denunció que la familia, al momento de hacer la denuncia, no recibió la constancia correspondiente ni el número de sumario, un derecho básico que resulta clave para seguir el estado de la causa. “Eso no se puede permitir más. La falta de constancia vulnera el derecho de las familias a hacer un seguimiento legal efectivo”, afirmó.

El caso de Agustín también abrió una reflexión más profunda sobre el abandono institucional que sufren los sectores más vulnerables. “Sabemos que Agustín era sostén económico de su familia. Era un joven trabajador, noble, querido por todos. Y también sabemos que si se trata de una familia pobre, de una barriada alejada, el acceso a la justicia es mucho más difícil. No es lo mismo cuando desaparece alguien con recursos o con apellido”, lamentó.

El dolor de la pérdida se multiplica por la sospecha de que, tal vez, con una reacción más rápida y eficaz, se podría haber evitado este final. La autopsia preliminar indica una autodeterminación, pero aún resta un estudio forense más profundo para confirmar la causa de muerte.

Más allá del caso particular, Karina Lucero advirtió sobre la falta de respuestas en materia de salud mental en la región. “Hay una demanda enorme: violencia familiar, bullying, depresión. Pero no hay suficientes psicólogos ni dispositivos de contención. Necesitamos un sistema de salud mental accesible y gratuito. Lo que está en juego es la vida de nuestros jóvenes”, concluyó.

El caso Agustín Capdevila deja dolor, pero también preguntas que aún esperan respuesta: ¿por qué falló el rastrillaje? ¿Hubo negligencia o desidia? ¿Qué hizo —o no hizo— el Estado durante esos catorce días eternos para su familia? Y, sobre todo, ¿cuántos otros Agustines pueden perderse si no se toman medidas urgentes?