Cooperativas en pie de lucha: denuncian exclusión injustificada en licitación pública en Córdoba

Maximiliano Maitas, integrante del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), denunció en una entrevista radial una grave situación de discriminación hacia las cooperativas sociales que participaron en una licitación pública para brindar servicios de limpieza en el edificio de Rentas de la provincia de Córdoba.

Las cooperativas nucleadas en el FOL habían logrado ubicarse primeras en el orden de prelación dentro de un proceso licitatorio que contemplaba un presupuesto de 600 millones de pesos por dos años de trabajo. Pese a haber cumplido con todos los requisitos técnicos y presupuestarios, quedaron fuera de la adjudicación por no haber asistido a una visita técnica al edificio. Para Maitas, la decisión es injustificada y profundamente arbitraria: “El mismo articulado de la ley y del pliego general de condiciones dice que no se puede rechazar una propuesta a la cual le falten requisitos que sean salvables. Nosotros entendemos que este es un requisito salvable”.

Desde el FOL aseguran haber trabajado con profesionalismo en la elaboración del presupuesto, utilizando imágenes satelitales y cálculos técnicos para competir de igual a igual con empresas del sector privado. “Usamos métodos realmente muy profesionales para presupuestar, con arquitectos, con un ingeniero. Y logramos un presupuesto que le gana a dos empresas importantes, y les gana por un margen muy mínimo”, explicó Maitas.

La situación, según relató, expone un problema estructural: las cooperativas sociales están en una situación de profunda desigualdad frente a las grandes constructoras, muchas de ellas cercanas al poder político. “Todo el marco normativo está pensado para las empresas”, denunció. Y agregó: “Se requieren modificaciones urgentes, pero también se requieren decisiones políticas. Si una cooperativa social participa, lo que corresponde aplicar son criterios de equidad, no de igualdad, porque no somos iguales en nada a una empresa”.

Maitas remarcó el valor social de estas cooperativas, que surgen de los barrios y de las organizaciones populares. “Nuestro fin no es la rentabilidad pura. No repartimos dividendos con fines de enriquecimiento. Todo se reinvierte en los trabajadores, en equipamiento y en mejorar los salarios”, aseguró.

El referente del FOL denunció además que el gobierno provincial no garantiza el cumplimiento del 5% del presupuesto estatal reservado por ley para cooperativas sociales. “Hace falta que las cooperativas sociales accedamos al 5% que establece la ley provincial del compro estatal para nuestro sector. Nadie se ocupa de que eso sea realidad”, reclamó.

Maitas también puso en evidencia el costo que implica incluso objetar la exclusión: “Para interponer un recurso de protesta hay que pagar el 1% del precio de la licitación. En este caso serían unos 6 millones. Jamás en nuestra vida pagamos para protestar”.

La cooperativa en cuestión nuclea a 500 trabajadores, pero el FOL en Córdoba agrupa a más de 5.000 personas. “Estamos en una situación muy crítica. El gobierno nacional reventó los planes, no nos queda nada. Y aún así seguimos peleando por el trabajo de nuestros compañeros y compañeras”, expresó.

El caso desnuda no sólo la exclusión de una licitación específica, sino el abandono más generalizado hacia la economía popular. “Nosotros no estábamos pidiendo planes. Estábamos pidiendo laburo”, sintetizó Maitas.