Violencia estatal y extractivismo

Violencia del Estado para sostener el autoritarismo extractivista

Por Vecinos y vecinas autoconvocados de Punilla

Ayer, martes 10 de Mayo, siendo las 3.40 de la madrugada, efectivos policiales y de Infantería hicieron una emboscada al acampe que llevaba varios días en la localidad de Molinari. Sin orden de desalojo, sin identificarse y en medio de la noche, obligaron a levantarse, arrastraron, empujaron y violentaron a los compañeros que estaban haciendo guardia. Durante el procedimiento no les permitieron acceso a sus pertenencias personales (entre ellas documentos y celulares), incluso a algunos no los dejaron calzarse.

Las y los compañeros tuvieron que refugiarse en una vivienda de la zona porque el acceso de salida a la Ruta estaba bloqueado por más efectivos policiales. Toda la zona quedo rodeada de policías. La alarma de ayuda se encendió enseguida y comenzaron a convocarse vecinos y vecinas en el camino a Characato, ubicado a la vera de la Ruta Nacional 38, para intentar llegar a los compañeros que no podían salir de la casa donde se habían refugiado. Un enorme despliegue policial y de Infantería bloqueaba el camino de acceso por lo cual tampoco se podía llegar hasta ellos.

Ante esto, se decidió cortar permanentemente media calzada de la Ruta 38. Para ese momento habían pasado varias horas y sabíamos que estaban cansados, con frío, hambre y miedo. Ante la situación se hizo una presentación judicial que dio inicio a una causa, ya que desde la Fiscalía informaron que no había sido emitida ninguna orden de desalojo, lo que evidencia la ilegalidad del acto de los efectivos policiales, en un accionar con trazas de Terrorismo de Estado.

Tras la presencia de la Mesa de Derechos Humanos, un abogado y varios medios de comunicación, se logró ingresar a la zona para rescatar a los compañeros que se encontraban refugiados. Tras un momento de reencuentro, cargado de emociones encontradas, y con la voluntad de los compañeros manifiesta, se inició una Asamblea para definir las acciones inmediatas.

Se realizaron cortes totales e intermitentes de la Ruta 38 y, finalmente, la Asamblea decidió trasladarse a la Comisaria de Cosquín a recuperar los elementos realizando una caminata, encabezada por los acampantes, seguida de una caravana de autos. Al llegar, la dependencia policial estaba vallada y con efectivos policiales pertrechados en el ingreso, la presión social hizo que la Policía tuviera que devolver todas las cosas confiscadas ilegalmente del acampe vecinal.

Con este hecho, que fue documentado en acta, quedó demostrada la responsabilidad policial en el violento desalojo ilegal que llevaron adelante coordinado por las autoridades policiales, con total conocimiento de la Fiscalía, pero sin ningún instrumento legal que sostuviera la acción amedrentadora. Cerca de las 23, luego de una hornada agotadora, se recuperaron los elementos del acampe y las pertenencias personales.

Una de las compañeras que estaba en el acampe al momento del desalojo fue llevada al hospital donde se constataron lesiones varias, fruto de la violencia física ejercida por los efectivos policiales. Es vergonzosa y perversa la versión policial de los hechos ¿Los vecinos se irían descalzos? ¿Dejarían celulares abandonados? ¿Dejarían vehículos con las llaves puestas y saldrían caminando? ¿Irían golpeándose? ¿Abandonarían todo lo que la gente donó en estos días? ¿Harían todo eso a las tres y media de la mañana?

El Gobierno autorizó un desalojo ilegal y la Policía lo ejecutó, violando los Derechos Humanos básicos y debe responder por eso ante la Justicia y ante la sociedad. Hacemos responsables de esta situación a la Fiscal Paula Kelm, al Jefe de la Departamental Punilla Norte, Diego Bracamonte y al Comisario de Cosquín, Cristian Lencina.

¡Basta de criminalizarnos por proteger la vida!¡Basta de abusos de poder! Seguiremos diciendo NO a la Autovía ilegal de Punilla.

¡No Pasarán!