Criminalización y judicialización de la protesta social en Córdoba

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A comienzos del mes de noviembre tomó estado público el pedido de elevación a juicio de parte del fiscal Ernesto De Aragón contra el Secretario General de ATE Córdoba, Federico Giuliani, y otros cinco dirigentes sociales. Se trata de convocantes o adherentes a la Marcha contra el Hambre que se realizó el 5 de abril del corriente año y que es motivo del caso de más alto impacto de criminalización de la protesta social en Córdoba, acorde a los tiempos que parece se vienen a nivel nacional. Los imputados por el fiscal son integrantes del Polo Obrero, MTR, MST y Libres del Sur junto a Federico Giuliani. El fiscal Ernesto De Aragón, los acusa de entorpecimiento a los medios de transporte y desobediencia. La pena entre los dos delitos sería, como máximo, de tres años de cárcel. Solo resta que el juez de control de lugar o no al pedido del fiscal De Aragón de elevación a juicio.

Federico Giuliani, Secretario General de ATE y la CTA-Autónoma conversó días posteriores a tomar estado público el pedido de elevación a juicio de esta causa con Canal 20 de Villa María. “La verdad que sorprendidos por la celeridad en la que el fiscal De Aragón ha elevado nuestra imputación y la causa que está armada, valga la redundancia, y que fue tan rápidamente elevada a juicio, nos parece que la Justicia de Córdoba en este caso, en connivencia con el poder político, quiere dar un mensaje para afuera, que tiene que ver con la crimininalización de la protesta social en una coyuntura general de ajuste que está viviendo el pueblo trabajador” inicia comentando Giuliani.

“La elevación a juicio está flojita de papeles, y en donde los propios testigos que argumentan para la causa armada, y digo armada porque es la realidad, es una causa armada por De Aragón, es la propia Policía, la propia Policía que reprime, la propia Policía de gatillo fácil de Córdoba es la testigo de esta causa” agrega.

En lo fáctico (previo a una denuncia de la Cámara de Comercio de Córdoba en la Justicia) fue el 5 de abril, en la Marcha Nacional contra el Hambre que suceden los hechos investigados por la Justicia. El 9 de abril seis personas, entre ellos Giuliani fueron imputados. El 15 de abril le pintan los dedos y le quitan teléfonos celulares a Giuliani y compañía. Al respecto de lo vivido, el dirigente gremial relata: “En ese contexto, sin orden judicial y violando toda la privacidad que demanda tener un aparato de esa tecnología, el fiscal no convocó a nuestro perito de parte para abrir el teléfono, se ha hecho inteligencia. Y bueno, es una situación muy preocupante que como dirigente sindical amerita que lo planteemos abiertamente, que le demos visibilidad y obviamente vamos a pedir con los cuerpos asesores letrados de ATE a nivel nacional y de Córdoba la nulidad de elevación de esta causa por la cantidad de fallas metodológicas y por la mala praxis que tiene desde un inicio”.

A los imputados se los señala como infractores del Artículo 194 del Código Penal Argentino. “Se nos quiere poner en la misma situación que un delincuente” esgrime Giuliani, para quién esto forma parte del combo venenoso que plantea el cordobesismo, y que cercena el Estado de Derecho. “Recordemos que en la Argentina el Articulo 14 bis de la Constitución Nacional sigue vigente y habla del libre derecho a la protesta” añade.

“(Este tipo de proceso) en Córdoba es totalmente novedoso, por la forma, por la rapidez en que se da, con la falta de recursos técnicos y legales con la que el fiscal se saca de encima esta causa y la eleva a juicio, y claramente preocupa” indica Giuliani, para quién “esto es un ataque directo a la democracia, estamos cumpliendo 40 años del ejercicio democrático ininterrumpido en la Argentina y este tipo de resoluciones judiciales nos retrocede más de cuarenta años”.

En Panorama conversamos con Soledad García, del Partido Obrero, también imputada en la causa. La siguiente fue su opinión respecto al tema: “Es una causa armada con la única intención de amedrentar, de hostigar a quienes apoyamos luchas tan importantes en un país que tiene el 42% de la pobreza, que tiene una inflación del 140 puntos, y que incluso todo el horizonte marca de que la situación social va a empeorar. Se intenta con el Código Penal en la mano, sancionar o disciplinar en contra del hambre”.

La Marcha del Hambre formaba parte de un plan de lucha nacional, que según la entrevistada tenía como objetivo “justamente colocar en el centro de la situación el problema del hambre, de la miseria, y del reclamo que nada más y nada menos de trabajo genuino”.

“A mí no me sorprende para nada porque la actuación de la Justicia de la Provincia de Córdoba no es independiente, es una actuación de una Justicia adicta a un gobierno provincial como el de Schiaretti, que sigue inscripto en la carrera derechista que hoy llevan adelante todas las fuerzas políticas a nivel nacional” adjunta García. Y que a partir del resultado conocido el 19 de noviembre se profundizara más.

El ajuste y la represión se materializan en este hecho. Concluyendo la conversación en Panorama, la dirigenta del Partido Obrero comenta:“Estamos hablando ya de una actuación sistemática, que tiene al Ministerio Público Fiscal como el principal ordenador justamente de llevar adelante estas causas contra luchadores, hoy en Córdoba estamos hablando directamente de una acusación de la Fiscalía de De Aragón, que por supuesto se inscribe en la línea del Ministerio Público Fiscal, esto es un línea política que defiende el Fiscal General, sino no tendríamos la cantidad de luchadores que tenemos también del movimiento ambiental en la provincia, justamente imputados y perseguidos por llevar adelante luchas que incomodan al poder político”.

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