El ejemplo cordobés de cómo el Estado licencia para el extractivismo

Compartimos una nueva edición de Legado Ancestral, una columna sobre Pueblos Originarios a cargo de Dalila Valdez de la organización Zonko Kuntur de Santa María de Punilla.

La semana pasada se vivió otra nueva polémica sesión en la Legislatura de Córdoba, en esta ocasión, en lo referido a una cuestión vital para la población, el agua. Para la columnista lo sucedido en la Unicameral constituye un “atropello muy fuerte a las comunidades”. ¿Que hay por detrás de todo esto? Las Comunidades Originarias y parte de la ciudadanía consciente se manifestaron en contra de la ley provincial que crea las Reservas de Paravachasca y Quilpo. A su vez repudian la creación de la Mesa Agro Córdoba, que atenta a quitar el derecho sobre las cuencas hídricas de toda la Provincia de Córdoba.

“En una sesión express, porque se llamó de esa manera, en donde ya los votos estaban cantados. En esta sesión que fue en la Legislatura de Córdoba se planteó entonces la recategorización de las Reservas de Usos Múltiples” manifiesta Dalila, y agrega que “fue una sesión que se notaba claramente que ya estaba acabada desde que comenzó prácticamente”.

En el trascurso de la jornada, la legisladora de Hacemos Unidos por Córdoba, Nadia Fernández, planteaba “prácticamente tomar las Reservas como si fueran un parque temático”. La capitalización económica de recursos que son de todos y las dinámicas patrimoniales de como nombrar a los diferentes espacios fue el combo que ofreció esta jornada legislativa. A las claras, una mirada patriarcal.

Entre chicanas oficialistas la Legislatura siguió con el desarrollo de la jornada:“La Provincia creó un ente llamado Agro Córdoba que está a cargo de las Reservas a partir de ahora, las cuales poseen también las cuencas hídricas y bueno sabemos que el Estado a partir del siglo veinte para proteger los lugares ha creado como una serie de inventarios patrimoniales (…) Se han establecido como lugares de protección, estos fueron medidas que fue tomando el Estado”.

“El mismo Estado nacional, provincial, municipal es quien licencia para el extractivismo. Y esto es algo que tenía muy claro, y que se vio muy claro ayer en su posición cuando hablaba la legisladora Luciana Echevarría, que decía esta misma sesión, que aprobó el camino de la Autovía, con todo lo que después daño y perjudicó, y que tiene que ver con la falta de agua, que tiene que ver con destruir un camino y una Reserva, o un lugar del monte nativo, del bosque nativo, esta misma sesión que permitió eso, es la que ahora está cambiándose la cara, limpiándose la cara y planteando reservas de cuidado, para protección y el uso de cordobeses y cordobesas y de turismo” agrega Dalila Valdez.

“No hubo una consulta a la comunidad ni de Paravachasca ni de Quilpo” expresa nuestra interlocutora. Lo cierto es que atrás de estas Reservas hay filántropos extranjeros que siguen los intereses geopolíticos de sus países. En el aspecto técnico-jurídico, las Reservas Arqueológicas tienen más protección que las de Usos Múltiples.

Ante esto, las Comunidades Indígenas de Córdoba han emitido un documento haciendo llegar la más profunda preocupación por la violación del derecho indígena y de las convenciones internacionales y de la propia Constitución Nacional. El documento dice: “Nuestra lucha y reclamo siempre es por el resguardo territorial, y transmitimos que lo que están modificando hoy a través de la recategorización del Uso de Reservas Naturales quitándole protección trae consecuencias, modifica la diversidad de la vida, de los ecosistemas, de las especies, y de los recursos genéticos. Y sistematiza intervenciones sin Consulta Libre, Previa e Informada, culturalmente adecuada y de buena fe por parte de la Provincia de Córdoba, quienes concebimos el territorio desde lo genético, lo biológico y lo natural, las Comunidades y Autoridades Indígenas y constituye parte de una violación a las convenciones ratificadas por nuestro país y ello lo convierte en inconstitucional.Luego, aparecen las convenciones internacionales en donde están la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT (…) Las Comunidades Indígenas son parte de la Agenda 2030 en el decenio de Naciones Unidas para la Restauración de los Ecosistemas, en el decenio de la Reconstrucción de los Océanos, y en el Convenio de Diversidad Biológica”.