En un contexto de resistencia y lucha por la tierra, las comunidades locales de Argentina y Euskal Herria se enfrentan a la misma amenaza: la imposición de proyectos de infraestructura que ignoran los derechos de los pueblos y el medioambiente. La CTA Punilla, que resiste en Córdoba la construcción de la autovía de Punilla, ha expresado su solidaridad con los seis procesados que irán a juicio en Argentina por defender su territorio. A esta lucha se suma el apoyo a los procesados en Pamplona, quienes se enfrentan a graves cargos por resistir el macroproyecto de la autovía de Leizarán, en la localidad de Lekaroz, Baztan.
La historia de Pamplona refleja la de Punilla: el sábado pasado, una multitud salió a las calles del centro de Pamplona para exigir la paralización del macroproyecto Aroztegia y expresar su apoyo a los siete baztandarras procesados por haber actuado contra este proyecto. Bajo el lema «Lurraren defentsan, kriminalizaziorik ez. Aroztegia gelditu» (En defensa de la tierra, ninguna criminalización. Paren Aroztegia), miles de personas caminaron desde la Audiencia de Navarra, donde en mayo comenzará el juicio contra los jóvenes que, hace dos años, organizaron una acampada que paralizó temporalmente las obras del proyecto.
Los jóvenes enfrentan cargos de pertenencia a organización criminal, con penas de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzan los 56.000 euros. Esta criminalización de la resistencia por la defensa de la tierra resuena en todo el mundo, y es una lucha que también enfrenta la CTA Punilla en Argentina, donde las comunidades indígenas y ambientales se oponen al avance de una autovía que destruye sus territorios.
La movilización en Pamplona no fue solo local. Al menos 139 organizaciones sociales, políticas y ecologistas, como EH Bildu, ELA, LAB y Zurekin Baztan, se unieron a la protesta. La lucha por la tierra ha convocado también a miles de personas de toda Euskal Herria, quienes viajaron en autobuses para mostrar su solidaridad y rechazar un proyecto que busca destruir la identidad rural de la zona, imponiendo un modelo de desarrollo urbano desproporcionado para una localidad de apenas 350 habitantes.
En Argentina, la lucha es la misma. La autovía de Punilla no solo afecta a las comunidades indígenas y rurales de la región, sino que también viola el derecho a la consulta previa, libre e informada, como lo establece el Convenio 169 de la OIT, del cual Argentina es firmante. Tanto en Punilla como en Pamplona, la movilización popular ha conseguido frenar temporalmente las obras, pero las consecuencias judiciales para quienes se organizan en defensa de sus tierras siguen latentes.
Las comunidades locales de Argentina y Euskal Herria se enfrentan a la misma amenaza: la imposición de proyectos de infraestructura que ignoran los derechos de los pueblos y de los bienes comunes. La CTA Punilla, que resiste en Córdoba la construcción de la autovía de Punilla, ha expresado su preocupación por los seis procesados que irán a juicio este año en Córdoba por defender su territorio y exigir la consulta previa. A esta lucha se suma el apoyo a los procesados en Pamplona, quienes enfrentan cargos graves por resistir el macroproyecto de la autovía de Leizarán, en la localidad de Lekaroz, Baztan.
Este sábado, el país vivió una jornada de movilización con múltiples marchas, enmarcadas en el repudio a las expresiones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos. En Cosquín, la 17° caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida reunió a defensoras y defensores ambientales del Valle de Punilla y otras regiones de Córdoba. Integrantes de comunidades indígenas, brigadas, asambleas, y diversas organizaciones sociales y políticas se unieron en las calles para protestar contra el saqueo de los territorios y en defensa del monte, el agua y una vida digna.
La caminata coincidió con la marcha antifascista en la misma ciudad, que tuvo como foco central la defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+ y el repudio a las declaraciones recientes de Milei. Las manifestaciones conjugaron la lucha por los derechos humanos, el medioambiente y la resistencia ante los proyectos que afectan a los territorios ancestrales. Los manifestantes exigieron, además, el cese de la criminalización de los defensores ambientales y el respeto al Acuerdo de Escazú.
En los boletines distribuidos durante la marcha, se destacó la denuncia contra la avanzada de megaobras viales, emprendimientos inmobiliarios y agropecuarios en zonas protegidas que no respetan los estudios de impacto ambiental ni los derechos de los pueblos indígenas. También se rechazó el Rigi Cordobés, un régimen que, según las organizaciones, entrega los bienes comunes a grandes corporaciones a costa de los territorios locales y los derechos de las comunidades.
Esta resistencia en Punilla refleja la lucha de los procesados en Pamplona, donde miles de personas marcharon exigiendo la paralización del macroproyecto Aroztegia y apoyando a los siete baztandarras acusados de organización criminal por haber resistido la construcción de la autovía de Leizarán. Ambos casos, en distintos continentes, comparten la criminalización de quienes defienden el medioambiente y los derechos comunitarios.
La CTA Punilla se solidariza con los procesados de Pamplona, reconociendo que, en cada juicio y movilización, la defensa de la vida y el territorio es un acto de justicia frente a los intereses corporativos. Así como en Pamplona se pide la absolución de los jóvenes de Baztan, en Punilla se exige el fin de la persecución a quienes luchan por el derecho a un futuro sostenible y respetuoso con la tierra.
La lucha por la tierra no conoce fronteras, y en este marco de solidaridad, las voces de resistencia se alzan contra la destrucción de los territorios y la criminalización de quienes se organizan para proteger el medioambiente y los derechos de sus pueblos. La unidad entre estas luchas refuerza el compromiso de continuar defendiendo la tierra y la vida frente a las imposiciones destructivas.