Ruta bloqueada y sospechas fundadas: el caso de la S-271 en el sur del Valle de Punilla

Entrevista de Juan Yacobs, periodista de Radio Panamericana al vecino de Las Jarillas Eduardo Amhendaburu tras el cierre intespestivo de la Ruta provincial S-271

En el corazón del sur del Valle de Punilla, una nueva polémica territorial resurge a partir del cierre irregular de un tramo de la ruta provincial S-271. Esta vía, históricamente utilizada por vecinos y turistas para conectar San Antonio de Arredondo con el Observatorio Bosque Alegre, aparece hoy bloqueada por tranqueras colocadas presuntamente por manos privadas.

Eduardo Amhendaburu, vecino de Las Jarillas desde hace 25 años, fue quien encendió la alarma pública. En diálogo con Radio Panamericana, relató cómo el tradicional camino de tierra se transformó con los años en una traza fundamental no solo para los residentes, sino también para el esparcimiento y el turismo de naturaleza. Sin embargo, desde hace un tiempo, el tramo que va desde Las Jarillas hasta la ruta provincial 96 permanece cerrado sin explicación oficial.

Amhendaburu revisó los mapas oficiales del Gobierno de Córdoba, específicamente en el portal de Infraestructura de Datos Espaciales (IDECOR), dependiente del Ministerio de Finanzas. En todos ellos, el camino figura como de libre tránsito y sin cortes. “Si uno se atiene a la voz oficial, ese tramo existe. Entonces, ha habido alguna mano que, contra la legalidad, ha cerrado ese tramo”, denunció.

La presencia de tranqueras en una ruta provincial no solo despierta inquietudes legales, sino que sugiere intereses que van más allá de una simple apropiación del espacio público. “No te extrañe que ese bloqueo esté vinculado con algún interés inmobiliario”, advirtió Amhendaburu, recordando la proliferación de loteos en zonas que hasta hace poco eran de uso rural. En efecto, barrios privados han florecido como hongos al borde del nuevo asfalto inaugurado en los últimos años.

Esta no sería la primera vez que decisiones públicas sobre infraestructura vial ignoran las advertencias ambientales y las voces de las comunidades locales. El entrevistado recordó también cómo en la construcción de la Ruta 34, que “feteó” la montaña, no se respetaron las instancias de participación ciudadana ni se evaluaron adecuadamente los impactos ambientales. “Ahora hay carteles diciendo que esto es zona roja o amarilla, pero mientras tanto florecieron los barrios”, señaló con ironía.

Además de las sospechas fundadas en antecedentes similares, Amhendaburu denunció una situación cotidiana de ilegalidad forzada. “Todos los vecinos de Las Jarillas, para entrar a nuestras casas, debemos cruzar doble línea amarilla. No tenemos otra forma. Eso ya fue planteado a la Municipalidad, que se lava las manos porque ‘es un problema de vialidad’”.

Las Jarillas depende administrativamente de San Antonio de Arredondo, pero hasta ahora no se han obtenido respuestas claras por parte de ninguna autoridad. “Lo que pretendemos es que alguien con autoridad nos diga qué está pasando y obre en consecuencia. Si es ilegal, que vengan con la topadora y saquen las tranqueras”, exigió Amhendaburu.

La falta de control público, el avance de intereses privados y la ausencia de planificación de largo plazo en materia de uso del suelo y recursos hídricos son síntomas de una lógica de negocios que parece instalarse como política territorial en Córdoba. “Acá lo que prima es la idea del negocio. Y del negocio a cortísimo plazo. Esto me tiene que rendir ya”, concluyó el vecino, preocupado por el destino inmediato de su comunidad.

Mientras tanto, la ruta sigue cerrada y las preguntas sin responder.