Los números ocultos del colapso cordobés

Los números ocultos del colapso cordobés

Por Lea Ross para la Luna con gatillo

3 de abril de 2017:

El gobernador Juan Schiaretti no podía hacerse el distraído, aún estando en la sede de la Fundación Mediterránea. Desde hace seis días, la televisión porteña (no solo la cordobesa), transmitía las tremendas imágenes del cúmulo de agua que arrastraba los residuos industriales de la fábrica Taym, del Grupo Roggio, y que decantaban en el dique Los Molinos. Esos mismos líquidos se metieron en la planta potabilizadora de la empresa Aguas Cordobesas SA (de Roggio), donde luego salieron en las canillas de la tercera parte de la población capitalina.

Sin bajar los decibles, Schiaretti resaltó que “estuvimos a un tris de un desastre ecológico” y que si “la empresa no cumplió lo que tenía que cumplir, le va a caer todo el peso de la ley, como corresponde”.

4 de agosto de 2021:

El juez de control Claudio Lasso puso su sello a favor de los argumentos del abogado defensor de los empleados de Taym, el doctor Matías Pueyrredón, y resolvió que la causa quedó prescripta por superar dos años la acción penal, a pesar de que en el medio hubo una pandemia global que congeló temporalmente las oficinas judiciales.

Pueyrredón fue el penúltimo secretario de seguridad de José Manuel de la Sota, puesto designado después del acuartelamiento policial y los saqueos ocurridos en la capital de diciembre de 2013. Duró solo un año por su falta de experiencia territorial, pero fue trasladado en el área legal del Banco de Córdoba.

El peso de la ley resultó demasiado liviano para Schiaretti, gracias a las andanzas del “niño mimado” de su socio De la Sota.

Los ganadores

El Grupo Roggio es uno de los pocos que ganó distintas licitaciones de grandes obras públicas, solventadas mediante endeudamiento externo. El presente cronista accedió a una base de datos, donde se computaron los números manejados por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), con los nombres de las obras, las empresas que la ejecutaron y los montos. La unidad monetaria no está especificada y se estima que se trata en pesos argentinos, pero sin referencia temporal. Se tomó el supuesto que ante la existencia de unión transitoria de empresas (UTE), estas concretaron una distribución de fondos en partes iguales. Los principales triunfantes fueron los siguientes:

Casualidad o no, las tres primeras empresas que figuran en la tabla están involucradas en una misma causa penal federal, que no emergió en la provincia de Córdoba. Se trata de la construcción del “Sistema de Potabilización Planta Paraná de las Palmas”, para el abastecimiento de agua potable en la región del Nordelta, donde la ganó un consorcio conformado por Supercemento, Odebrecht y Roggio. Las investigaciones apuntan a sobreprecios y desvío de fondos a cuentas offshore, donde sentará en el banquillo tanto a empresarios como funcionarios. Entre ellos, a Aldo Roggio.

Aldo ya había renunciado al directorio de Benito Roggio e Hijos SA –o simplemente Grupo Roggio- cuando en otra causa, que se desencadenó por el escándalo de la causa de los Cuadernos, el magnate confesó haber pagado coimas al también cordobés Ricardo Jaime, en ese entonces secretario de Transporte de la Nación, para mantener la concesión de los subtes porteños, mediante su filial Metrovías.

En el territorio cordobés, Roggio figura en la tabla, entre otros negociados, por la rehabilitación del canal Los Molinos, aquella misma que recibió los desechos de Taym, del mismo holding. Además, lo podemos encontrar en una UTE con Electroingeniería por el cierre de la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba, que acaba de habilitar su tercer carril, con la presencia del gobernador y todo el glamour correspondiente para la foto electoral. Y también en la construcción de uno de los tramos de la Ruta Nacional 36, que conecta a la capital con Río Cuarto, junto a Boetto y Buttigliengo. La misma donde falleció De la Sota, cuando viajaba a 170 Km por hora.

De la cabeza

La principal razón de por qué Supercemento figura a la cabeza de la tabla es por construir la ampliación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Bajo Grande, que incluye el armado de sus colectores. El propósito de ella es triplicar su capacidad para tratar líquidos cloacales, que en la actualidad es de 5.000 m³ la hora y para una población de 533.330 habitantes. Se prevé que la ampliación tenga una duración de treinta años. Según cálculos de la fundación FUNDEPS, teniendo presente que con las obras la capacidad de la planta aumentará a 15.000 m³/h y la población servida será de 1.599.990, el caudal estimado será de aproximadamente 24.000 m³/h, “lo que implica, la evidente sobresaturación de la planta” y “constituyendo estas obras una suerte de prolongación del daño ambiental”.

La inversión debió realizarla la Corporación América, la nave insignia del multimillonario Eduardo Eurnekian, como contraprestación por su inversión inmobiliaria sobre el valiosísimo espacio verde del ex Batallón 141, comprado por el propio empresario en el año 2007, por un remate ejecutado por el gobernador De la Sota, a una tercera parte de su valor. Y en el 2013, firmó un contrato con la Municipalidad de Córdoba, a cargo del radical Ramón Mestre, para la construcción de un barrio “top”, a cambio que construya una segunda planta depuradora para la zona sur de la ciudad. Eso cambió en el 2018, para ampliar la ya existente planta de Bajo Grande. Tampoco se hicieron esos trabajos y a principios del año 2020, por la contaminación del Río Suquía, cuyos desechos desembocaron en la laguna Mar Chiquita, se imputó a Mestre y otros funcionarios municipales. Entre ellas, a la bióloga Alejandra Toya, por ser directora municipal de evaluación ambiental. Eso no impidió que años después, Toya fuera contratada para hacer el estudio ambiental de la Autovía de Punilla, versión 2021.

Ante ello, la Provincia de Córdoba decidió poner en marcha esa ampliación, liberándolo a Eurnekian de sus obligaciones, y entregándoselo el trabajo a Supercemento, constructora que en 1973 tuvo en su directorio a “Tonio” Macri, tío del ex presidente Mauricio Macri. Supercemento fue sindicado de haber colaborado con la Junta Militar, para la intervención y vaciamiento de la constructora cordobesa Mackentor, bajo la excusa que la firma supuestamente ocultaba fondos de organizaciones guerrilleras. Según el reciente libro “Mackentor – Crónica de un saqueo”, del periodista Fabián García, el interés de Supercemento y la familia Macri para desguazar a la empresa local fue para arrebatarle el negocio de la construcción del Segundo Acueducto Villa María – San Francisco, considerada como una de las más importantes del país de esa época.

Por otro parte, a inicios del año pasado, con el cambio de gobierno nacional, se inició una causa judicial por supuestos desvíos de fondos para las obras de Supercemento, que se habrían destinado para las campañas del gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri. Según el testimonio de un empleado de la constructora, la maniobra consistió en la compra abultada de acero, cuyo sobrante se comercializaba en el mercado de negro.

El regreso del autor del Camino del Cuadrado

El jueves pasado, Schiaretti anunció el inicio de la etapa final de la Red Colectora Cloacal Máxima de la Cuenca Media y Cuenca Baja para el saneamiento del lago San Roque. En el primer caso, se trata de un sistema integral, que incluye una planta depuradora, para las ciudades de Bialet Massé, Santa María de Punilla y Cosquín. El plazo de las obras es de 24 meses y consta de un monto, aportado por el Estado, de unos 2,36 mil millones de pesos. Unos 22,4 millones de dólares, según el gobierno.

“Esto es cuidar la salud de los habitantes de Punilla, el medioambiente de nuestra Provincia y la ecología de Córdoba, esto es cuidar y apuntar hacia un desarrollo sustentable de nuestra provincia que es lo que precisamos”, señaló el gobernador en pleno acto.

Y como podemos ver en la siguiente plantilla, la contratista a cargo de las obras es una unión transitoria de las empresas Supercemento SAIC y Basaa SA.

Y Basaa SA resulta ser el nombre actual de la constructora Britos SA, autora del polémico segundo tramo del Camino del Cuadrado, que generó destrozos en las montañas de las Sierras Chicas. Su dueño, Horacio Miró, se había “exiliado” de Córdoba, a comienzos del año 2017, luego del llamado “escándalo Kolektor”, donde su socio, Hermann Karsten, salió escrachado en una serie de cámaras ocultas, donde pretendía coimear al periodista Tomás Méndez mediante el manejo de la pauta oficial, en nombre de Miró. Así, Miró notificó al Boletín Oficial de Córdoba que Britos cerraba sus oficinas y cambió su sede a la Capital Federal y con otro nombre menos marketinero. Éste sería la primera vez que Basaa obtiene un millonario contrato con el estado cordobés.

Gasoductos para todos y todas

El único motivo por qué la cuestionadísima constructora brasileña Odebrecht aparece en el segundo escalón de la tabla es, a su vez, el segundo de por qué figura Supercemento en el primer lugar: la construcción de los diez ramales de gasoductos troncales. Odebrecht ganó seis de ellos, siendo el único negocio en todo el país que no desencadenó una investigación judicial. Córdoba debe ser la única región del planeta en donde Odebrecht no pago coimas a funcionarios.

Los otras cuatros ramales se habían repartido entre las empresas IECSA, de la familia Macri, y la cordobesa Electroingeniería, con socios provenientes de la República Popular de China: China Communications Constructions para la primera y China Petroleum Pipeline Bureau para la segunda. Pero el crédito internacional se cortó y se tuvo que volver a licitar. Pero eso no impidió que las cuatro empresas, incluso las extranjeras, recibieron los fondos públicos correspondientes, según los cómputos de la ACIF.

Así, entre los nuevos ganadores de los cuatro ramales, además de Supercemento, aparece la UTE Contreras Hermanos – Boetto Buttigliengo, como así también Construcciones Electromecánicas. Un día antes que el fallecido juez Claudio Bonadío ordenara su procesamiento por la causa de los Cuadernos, Mario Buttigliengo compartió un almuerzo con Mauricio Macri, en plena campaña electoral para su frustrada reelección en 2019, en la casa de Mario Pereyra, de la radio Cadena 3.

Otro curioso ganador gaseoso fue SACDE, la ex IECSA luego que la familia Macri se lo vendiera al magnate Marcelo Mindlin, por el ascenso de Mauricio a la presidencia.

Por último, la última empresa ganadora fue José J. Cheadiack, siendo el único que no recurrió a una UTE.

Todas las rutas, la ruta

Pero también, Chediack figura en la tabla por la misma razón que Britos SA: la extravagante obra del acceso a las Altas Cumbres, que llevó una década en concretarse.

En el 2017, Juan Chediack, titular de la empresa, se presentó como arrepentido en el escándalo de los “Cuadernos” en Comodoro Py. Fue luego que el ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción, Carlos Wagner, confesara que Chediack era uno de los empresarios que pagaba coimas como integrante del “club de la obra pública”. Al igual que Wagner, Chediack también fue presidente de dicha cámara empresarial, entre el 2014 a 2016. Inmediatamente después, se quedó junto con el Grupo Astori, la construcción del puente sobre el lago San Roque, denominado “Gobernador José Manuel de la Sota”, y sus tramos viales de ambos márgenes.

Mientras que el origen de Britos como sociedad anónima, socia de Cheadiack, fue en el año 2007, cuando dejó de ser una empresa familiar y fue apropiado por un escuadrón de ex funcionarios de De la Sota, al mando de Horacio Miró y Roberto Poplawksy, entre otros. Miró fue el primer director que tuvo la ACIF, la agencia que administra los dólares de la deuda. Y su primera obra emblema fue el Camino del Cuadrado, mediante una UTE con Helport SA, la constructora de Eurnekian, el mismo que le compró a De la Sota el ex Batallón 141 a precio vil.

Los números ocultos de la Autovía Paravachasca

Las implicancias ambientales dentro de este mapa de grandes obras públicas se expusieron en la reciente audiencia pública por la Autovía de Paravachasca, donde durante toda la semana, la gran mayoría del centenar de exposiciones fueron en contra y los pocos que fueron a favor lo ejercieron los jefes comunales de la región. Dentro del estudio ambiental, se detectaron números que permiten advertir que el proyecto vial puede desencadenar un boom inmobiliario, que lo explicó su humilde servidor y que lo pueden conocer en el siguiente video:

Precisamente, en la siguiente tabla, encuadrados en rojo, vemos cuáles son las acciones que desencadenará la obra, donde generarían un saldo negativo durante la etapa de construcción, pero que serían compensados durante el funcionamiento de la variante y duplicación de la actual ruta 5. Allí vemos más abajo, todos amontonados, que son la recreación, el turismo y la seguridad vial los que quedan como balance positivo, que es lo que bregaba por parte de quienes defienden la obra. Pero de manera aislada, también figura el “Desarrollo urbano”, que puede interpretarse como una vía libre para los loteos en los márgenes del flamante camino. El problema es que en esos bordes lo que habrá es bosque nativo, cultivos de soja y maíz, e incluso el cruce de cuerpos de agua. Nada mejor que un pequeño fosforito, iniciado por “un salame”, para acelerar el trámite.

El colapso

La falta de un ordenamiento territorial por parte del Estado lleva a que Córdoba tenga que padecer éste mapa de empresarios que se reparten entre sí los distintos pliegos que ofrece la administración pública, en su afán de que cada obra le garantice un triunfo electoral cada dos años. Una realidad que se contrapone a lo que discute el mundo con el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), donde han dado algunos pronósticos alternativos sobre lo que ocurriría en distintas alternativas según cuánto incremente el nivel de calentamiento.

“Es muy probable que continúe el aumento relativo del nivel del mar en los océanos de alrededor de América Central y del Sur, contribuyendo a un aumento de las inundaciones costeras en las zonas bajas y al retroceso de la costa a lo largo de la mayoría de las costas arenosas”, advierten en una parte del voluminoso trabajo, en formato multimedia.

En el caso de nuestro subcontinente, el sur de América, para su región más cordillerana se pronostica una ampliación de “la superficie total de tierras que padecerán graves y frecuentes sequías”, como así también aumento de riesgos de incendio. Los aumentos de sequía, aridez e incendios afectarán potencialmente a la agricultura, la silvicultura, la salud y los ecosistemas. Finalmente, es “probable que la pérdida de volumen de los glaciares y el deshielo del permafrost continúen en la Cordillera de los Andes en todos los escenarios, lo que provocará importantes reducciones en el flujo de los ríos y posibles inundaciones repentinas de lagos glaciares de gran magnitud”. Mientras que por el lado oriental de Sudamérica, se “prevé que la intensidad y frecuencia de las precipitaciones extremas y las inundaciones pluviales aumenten si se llega a un incremento de 2°C a nivel de calentamiento global o más”. Para el informe, el incremento de 1,5°C será prácticamente inevitable.

En diciembre del año pasado, el Estado Nacional publicó el reporte denominado “Segunda Contribución Determinada”, en función a los Acuerdos de París y de la Ley 27.520 de Cambio Climático, donde incluye los siguientes mapas. Así vemos que la provincia de Córdoba padece, y padecerá, el retroceso de los caudales de los ríos de la Cuenca del Plata, siendo que gran parte de su territorio padece de desertificación y deterioro forestal.

Finalmente, hay que advertir que quienes más padecerán las consecuencias de la catástrofe climática son los habitantes de las zonas urbanas, donde se concentra gran parte de la población mundial. Pero más todavía, los sectores de recursos más escasos, al habitar en una vulnerabilidad más agravada. Se trata de una realidad que se contempla cada vez que hay severas precipitaciones en las ciudades, caracterizadas por una segregación social amparadas por las políticas públicas de las últimas décadas, y aprovechadas por grandes desarrollistas. Entre ellas, Edisur, desarrollista que a aportado las campañas del oficialismo provincial y quien instaló los “muros de la vergüenza” para separar sus barrios privados de los populares. Hoy, su ex asesor financiero, y no tanto como abogado, Juan Manuel Delgado, actual fiscal general de la Provincia, apareció en los medios por un dictamen que le sugiere al Tribunal Superior de Justicia que acepte analizar un amparo del presidente del Portal de Belén contra la interrupción voluntaria del embarazo. Todo indicaría que la mayoría de quienes integran el TSJ se lo rechazarían de tajo, incluso después de las elecciones generales. Pero semejante resolución, a un mes de las PASO, permite rememorar al votante más conservador que piense más en Córdoba, y no tanto en “Ellas”, ya que le ha demostrado a sus instituciones garantizar tanto el progreso como la moral, en tiempos de colapso. Más que una isla, un astro aparte.

Gentileza: lalunacongatillo.com