Ocho años del acuartelamiento policial en Córdoba

Ocho años del último acuartelamiento policial en Córdoba

Por Agustina Bortolon y Lupe Fernández para El Resaltador

Escenas irrepetibles, comercios irreparables y enfrentamientos sociales, fueron parte del panorama en la Ciudad de Córdoba durante 35 horas.

Hace ocho años, el 3 de diciembre de 2013, los efectivos -de distintos distritos- del Comando de Acción Preventiva (CAP), realizaron un quite de colaboración en la red de comunicaciones, levantaron la ronda de móviles policiales, y luego llamaron a un acuartelamiento policial en Córdoba, que implicó la ausencia de efectivos en las calles.

El resultado fue una serie de saqueos y escenas de violencia en toda la provincia. Por entonces, el gobernador José Manuel De la Sota, tuvo que regresar de forma precipitada y urgente, ya que se encontraba fuera del país. La vicegobernadora, Alicia Pregno, estaba a cargo en aquel momento.

Si bien en agosto de 2005 ya había tenido lugar un acuartelamiento policial iniciado por las mujeres de los policías; en reclamo de sueldos a De la Sota, el de 2013 fue mucho más intenso, y dejó entrever cuestiones que, hasta ese momento, se encontraban solapadas.

Este acuartelamiento generó un «efecto contagio», lo que devino en que, en distintos puntos del país, se desaten escenas similares a las de Córdoba.

Una crisis que se venía gestando

El acuartelamiento de fines de 2013 no fue un hecho aislado. Más bien, fue la consecuencia o el resultado de una crisis que se venía gestando, desde 2011 con el nuevo mandato del gobernador De la Sota; y que se agudizó notablemente con el llamado «narcoescándalo».

Durante 2013, a partir de una investigación periodística, se dio a conocer que algunos integrantes del departamento de Drogas Peligrosas, tenían vínculos con narcotraficantes en Córdoba. Este informe, entonces, dejaba al descubierto una red de complicidad, en la que se encontraban involucrados integrantes de la Policía y narcotraficantes.

Este caso cobró relevancia nacional y adquirió mayor visibilidad, durante el período de elecciones legislativas nacionales, provocando una alta politización del conflicto. En sus inicios, hubo un silenciamiento y una negación oficial que, a su vez, respaldaba a la cúpula policial.

Finalmente, todo esto decantó en la renuncia del jefe de la Policía, Ramón Farías, y del Ministro de Seguridad de la Provincia, Alejo Paredes. Esto causó, inevitablemente, que la Policía pierda legitimidad por parte de la sociedad civil y de las demás esferas de la vida social.

Asimismo, hacia adentro de la institución policial, los efectivos sufrieron el impacto de la «mala fama» que se ganaron a partir del «narcoescándalo», sintiendo el desprestigio y la vergüenza.

La multitudinaria Marcha de la Gorra, en noviembre de 2013, también impactó en la imagen policial de aquel entonces. En esa oportunidad, el reclamo era por una política de seguridad democrática.

Un clima de caos, inseguridad y miedo

Los ánimos ya estaban caldeados desde hacía bastante tiempo. Por esto, a fines de 2013, la conjunción de un fin de año caótico y esta crisis imposible de abordar, devino en el acuartelamiento policial, que inició el 3 de diciembre. La finalidad de este reclamo era exigirle a De la Sota sueldos dignos.

En las calles, se respiraba inseguridad, miedo, y caos. No había libertad de circulación, y la violencia comenzaba a crecer conforme el paso de las horas. Barricadas en las esquinas, territorios liberados. Aquel día, el gobernador dijo públicamente que había pedido colaboración a la Gendarmería, sin respuestas.

Sólo un pequeño grupo de policías, integrado por unos 100 efectivos, intentaban contener la situación en los distintos puntos de la ciudad; donde los saqueos afloraban por todas partes. Hubo personas heridas y linchadas.

En este contexto, se declaró asueto administrativo, las clases en los centros educativos de distintos niveles se suspendieron, los colectivos no circularon y tampoco se recolectaron los residuos. En la calle no se veían ni taxis, ni remises. La vida cotidiana se trastocó notablemente.

Ese 3 de diciembre, la sensación de ausencia estatal, y de falta de mediación ante un conflicto semejante, se diseminó rápidamente. Las personas empezaron a demandar la presencia policial en las calles, para que de alguna manera, se «hagan cargo» de la situación crítica, que estaba fuera de control.

Lejos de debilitarse, los hechos desatados entre el 3 y el 4 de diciembre, lograron que la Policía salga mucho más fortalecida que antes; luego de un largo e intenso período donde, como institución, se encontraba profundamente desprestigiada.

«La calle es nuestra»

Ese fue el grito colectivo de los policías, al salir del lugar donde se encontraban acuartelados. Una frase que condensó todo lo que vendría después.

«Se escucharon gritos de júbilo, y así la Guardia de Infantería ya sale a la calle», decían los noticieros. «Estos son nuestros maridos, ¡carajo!» gritaban y arengaban las mujeres de los policías. El saldo de las protestas fue de dos fallecidos: un joven de 20 años que recibió un disparo durante un saqueo en el barrio Villa Ciudad Evita, y un hombre de 85 años que sufrió un infarto, en medio de un robo en banda a su casa. A esto, se le suman alrededor de 200 heridos, y un millar de comercios afectados.

La secuela inmediata del caos fue que la Policía obtuvo una «carta blanca» para dar rienda suelta a todo tipo de violencias y avasallamientos, que se perpetúa hasta la actualidad.

En Córdoba, se realizó un juicio oral y público contra los policías que encabezaron el acuartelamiento. Y en 2018 se condenó a 52 de ellos, a penas de cumplimiento en suspenso por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Durante el juicio, el ex jefe de Gabinete de la Provincia de Córdoba, Oscar González, declaró como testigo, y dijo que ante aquel levantamiento policial “… ningún funcionario nacional atendió el teléfono cuando solicitaron apoyo durante el conflicto…y…que era obvio que había una decisión de no colaborar por parte del Gobierno Nacional…”.

A raíz de esa declaración en mayo de 2019, Graciela López de Filoñuk, que por entonces era fiscal federal de Córdoba, promovió la acción penal de oficio contra Capitanich, Rodríguez y Berni para determinar si habían cometido el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Sin embargo, este año, los tres fueron sobreseídos de dicha causa.

Fuente: elresaltador.com.ar/ocho-anos-del-ultimo-acuartelamiento-policial-en-cordoba/