Luzbelito y las mineras

Por Lea Ross para La Luna Con Gatillo.

“La vida sin problemas es matar el tiempo a lo bobo
si un dios bobeta -Bim bum bam!-
toca tu roncanrol lacrimógeno.
Ay! Ay! Ay! Ésa lágrima!
Ay! Ay! Ay! Qué risa le dá!

– Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota

Los disparos efectuados por la Policía de Catamarca, la noche del primer martes de mayo, en el departamento de Andalgalá, fueron un estruendo que no solo impactó contra quienes se manifestaban contra el proyecto integrado MARA, para la explotación del yacimiento minero Agua Rica.

#Catamarca #AndalgalaResiste Así reprimió anoche la Policía de Catamarca a vecinas y vecinos del pueblo #Choya, en #Andalgalá, que mantenían un acampe contra el proyecto megaminero MARA y en defensa del cerro y del agua. pic.twitter.com/JBg3KJPZH7— ANRed #25Años (@Red__Accion) May 4, 2022

También lo fue contra la reciente estrategia del Gobierno Nacional de simplificar la polémica sobre la minería a cielo abierto, que lleva extendiéndose un cuarto de siglo, a una mera falta de información o estrategia comunicacional. El rumbo hacia la efectividad es bastante incierta para la recientemente conformada Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad, cuyas siglas son MEMAC. La inicial “N” de “Nacional” debe andar perdigada por ahí.

El día anterior a la represión, el Primer Encuentro de la MEMAC se realizó en la ciudad de Buenos Aires y estuvo conformado por un panel extenso de funcionarios nacionales de distintas áreas. La secretaría de minería, Fernanda Ávila, explicó que el objetivo era “despejar ciertas dudas y mitos” sobre la minería, abriendo un “debate de mayor transparencia y mejorar calidad de la información”. Pero quien coordinaba la actividad era Matías Kulfas, ministro de producción: “Chile está exportando, con la misma cordillera, diez veces más minerales que Argentina. Y nos quedamos cortos, porque el año pasado, con un alza de cotización en los commodities en los minerales, exportó veinte veces que la Argentina”.

Desde lejos no se ve (I)

Ninguno de los que estaban sentados, frente a un público no visible, mencionó la palabra “glaciar”. Ninguno. Un tema que pareciera olvidado, a pesar que ha sido una cuestión espinosa para el Estado nacional (y que pareciera que no ha cambiado). Sí fue mencionado por una de las organizaciones juveniles mediante una pregunta, del cual ni siquiera fue respondida. Sobre la polémica presencia de esas dos agrupaciones, Eco House y Jóvenes Por el Clima, expondremos a continuación sus intervenciones completas ante la Mesa:

Se cree que gran parte de las instalaciones mineras cordilleranas violan la Ley de Protección de Glaciares (N.º 26.639). En particular, los dos proyectos de la Barrick Gold en San Juan: Veladero y la binacional frustrada Pascua-Lama. De hecho, todavía se espera la fecha de un juicio penal contra tres ex secretarios de ambiente nacional, acusados de abuso de autoridad, por no haber actuado como corresponde contra los negocios de la Barrick, incluso cuando tenían en sus manos distintos documentos alojados en sus oficinas, donde se certificaba la violación de esa normativa, según los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastian Casanello.

Desde lejos no se ve (II)

La distancia que estamos separados de aquellos ecosistemas de hielo, fuentes de las principales aguas dulces del país, es tan inmensa como la heterogeneidad que tiene el activismo socioambiental en el mundo. Acorde a los tiempos posmodernos, surgen modos de organización “no-territoriales”, donde el activismo en las redes sociales, las producciones performáticas y mediáticas, y el asesoramiento técnico corren el riesgo de no dimensionar el sentir mismo de aquellas que cargan el cuerpo de ser una afectada ambiental. Las buenas intenciones de Eco House y Jóvenes Por el Clima pueden ser discutidas, tanto como el hecho de analizar de qué manera se logra una coordinación de las distintas organizaciones, donde pareciera que los cambios generacionales llevan a una descentralización de la figura de la asamblea ciudadana como referencia absoluta a la hora de construir una resistencia contra el extractivismo. Para lograr aquella coordinación, de arranque, se requiere explicitar las tácticas y las estrategias por definir, o delinear, a la hora de buscar el rumbo hacia la superación de ese modelo.

¿Se la llevan toda?

Quizás lo único interesante del MEMAC fue la presentación del SIACAM: el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina. Se trata de una plataforma virtual que brinda algunos datos sobre el rubro, que fue presentado por Daniel Schteingart, baterista de la banda intitulada “los Salieris de Huergo”, en referencia al periodista agropecuario Héctor Huergo, precursor de la burla hacia el ambientalismo en los contenidos periodísticos, cuyo resto del grupo aparecen el economista Eduardo Crespo y el politólogo José Natanson.

El SIACAM resalta la existencia de 119 proyectos mineros a cielo abierto en nuestro país, donde 41 son minas de oro y 38 son para extraer litio, el “oro blanco”. A su vez, San Juan sigue siendo la provincia con más cantidad de minas, con un total de 30 proyectos; le siguen Salta (23), Santa Cruz y Catamarca (20 cada una).

El salieri Schteingart desmintió que las mineras “se la llevan toda”, advirtiendo que si bien es cierto que solo pagan 3% de regalías a las provincias (sin que aclarase que eso se mide por valor boca mina, es decir, cuando el mineral es extraído y sin los gastos requeridos a posterior), si se enfocara en los gastos que realizan estas empresas trasnacionales en nuestro país, eso equivaldría a un 80% de todo lo que venden, como lo expone la siguiente gráfica. La mayor parte de esos gastos figuran con el nombre coloquial de “consumo intermedio nacional”, descontando la importación de insumos, sin desgranar exactamente hacia qué rumbos toma ese 30%.

Incluso, esos “gastos locales” incluirían los pasivos que dejan estos negocios, como los diques de cola, que hasta el momento no generan ninguna revalorización.

Por otro lado, nótese cómo la gráfica es una legitimación a la teoría del derrame, donde son las propias empresas que definen dónde debe circular el dinero, en lugar de ser las propias comunidades que lo demanden. Esto se debe a que el país funcione como una suerte de “paraíso fiscal” para estas empresas, a partir de los beneficios que ofrece sus propias demandas, en lugar de ser los estados los que deberían tener que regular esas decisiones. Todo gracias a los beneficios impositivos, marcados por la Ley de Inversiones Mineras (N.º 24.196), que se sintetizan a continuación:

Estabilidad fiscal por 30 años, inhabilitando incrementos de carga tributaria total, restringir exenciones impositivas, aumento de alícuotas, creación de nuevos impuestos, etc.
Deducción del impuesto a las ganancias mediante lo gastado en los estudios de factibilidad.
Amortizaciones al mismo impuesto mediante un régimen optativo, con el fin de re-invertir en nuevos proyectos o ampliar las capacidad existentes.
Exención del impuesto a las ganancias a las utilidades.
Devolución de importes fiscales por las importaciones de bienes y servicios.
Exención impositiva nacional para el 50% de lo capitalizado en el avalúo de las reservas.
Exención del derecho a la importación (una suerte de legalización al contrabando).

En cuanto a los impuestos que sí les cae encima, el expositor dejó pasar una gráfica sobre el tamaño aportado por las grandes empresas en 2019. La más voluptuosa es Minera Andina del Sol SRL, que es la mismísima canadiense Barrick Gold asociada con capitales chinos. Así vemos que el mayor aporte, de color marrón, son las retenciones o derechos a la exportación, aún cuando las trasnacionales mineras abonan un porcentaje hasta cuatro veces inferior a lo que aporta un productor agropecuario. En segundo lugar, de color verde, figuran los impuestos a las ganancias, que solo son visibles en un puñado de ejemplos.

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, dijo que en la Aduana, las exportaciones de minerales tienen la particular de tener que pasar por un laboratorio para delimitar si los contenidos de las sustancias son acordes a lo que declaran las exportadoras. La funcionaria no explicó en qué consiste el protocolo de esos análisis, si se mide la calidad o la cantidad de esos minerales y ni siquiera mencionó el nombre de ese laboratorio.

“Me acuerdo que el año pasado se decía que La Alumbrera estaba exportando minerales no declarados, cuando eso era mentira, porque La Alumbrera ni siquiera estaba trabajando”, señaló Kulfas en la ronda de preguntas. En realidad, esa noticia consistía en una entrevista de archivo a Alicia Castro, que también integraba el Frente de Todos, donde explicó que la década pasada había realizado una denuncia penal a La Alumbrera, por un estudio de metalogénesis, donde se detectaron rastros de una docena y media de minerales no declarados, dando un valor estimado de 8 mil millones de dólares no tributados.

Finalmente, según reveló Horacio Verbitsky, en su lista sobre las principales empresas que fugaron dólares durante la presidencia de Mauricio Macri, aparecen Minera Argentina Gold SA (que es la Barrick) con U$S 163,5 millones. Eso es más del doble de lo que tributó la Barrick a la AFIP (U$S 130,6 millones).

También aparece Cerro Vanguardia, la minera más conocida en Santa Cruz, con U$S 97,2 millones, también un poco superior a lo que aportó en 2019 (U$S 87 millones).

Todo eso lo podría atestiguar el propio Miguel Pesce, presidente del Banco Central y que también estuvo presente en el encuentro, y que incluso reconoció que con estas empresas tiene acaloradas discusiones en su demanda por “recursos de exportación y necesidad de atender sus obligaciones en las casas matrices”.

Caso Córdoba

Una sospecha que se tiene presente es que el MEMAC pretende avanzar incluso en las siete provincias que tienen duras restricciones contra ésta actividad. Córdoba es una de ellas, donde prohíbe la minería a cielo abierto desde el año 2008, mediante la Ley Provincial 9.526. Desde entonces, el lobby minero local pretendió declarar como inconstitucional.

Luego de distintas instancias, en el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad judicial de Córdoba, rechazó esos pedidos. No solo eso, sino que en su fallo señala que “existe consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto. Se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años”.

El Alto Cuerpo remarcó el antecedente que tuvo la provincia con el proyecto “Schlagintweit”, para extraer uranio en el cerro de Los Gigantes, mediante la utilización del ácido sulfúrico: “Conforme los antecedentes incorporados al expediente, (…) la Dirección de Hidráulica de la Provincia constató la existencia de una grave contaminación de aguas y del medio ambiente provocada por las descargas no autorizadas a la empresa Sánchez Granel Ingeniería S.A. de los efluentes arrojados por el complejo minero a los ríos El Cajón y Cambuche”.

El fallo transcribe un informe de 2003 de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de Ambiente, donde se señala que “El aumento del nivel del dique principal, como consecuencia del aporte de agua por precipitaciones y drenaje superficial, aparece como de alto riesgo. Existe contaminación de los cursos de agua por infiltraciones desde diques 0, 1, 2, 3 y principal; por lavado de colas de mineral y desde la cantera”.

Finalmente, sobre la actividad en general, los magistrados subrayaron: “Los efluentes industriales altamente contaminantes quedan depositados en grandes embalses que corren peligro permanente de filtraciones”. Así sostienen que “la cantidad de accidentes de los que da cuenta la historia de la minería, constituye una de las razones por las cuales el Parlamento de la Unión Europea propulsó la prohibición de este método minero en su Resolución del 05 de mayo de 2014”.

Semejante jurisprudencia no te la baja ni con los tiros de la policía catamarqueña.