Basta de impunidad en Punilla

Piden que se investigue el «irregular desempeño» del comisario Bracamonte

La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos exigió a la Justicia de Córdoba que investigue las irregularidades de las cuales se lo acusa al comisario Diego Bracamonte de La Falda, desplazado tras la muerte de un hombre en la comisaría local.

«Exigimos, investigación, juicio y castigo», indicó la organización. 

«No nos sorprende su desplazamiento de la función policial ya que en varias oportunidades ha quedado expuesto por su irregular desempeño», indicaron de la organización y puntualizaron que a Bracamonte se lo acusa de estar implicado en tres casos de público conocimiento.

Por un lado, la desaparición y muerte de Cecilia Basaldua, donde la Mesa por los DD.HH. puntualiza que se ocultó información y se dirigieron pruebas culposas hacía Lucas Bustos. Cabe recordar que en la última audiencia del juicio de Basaldua quedó comprobada la inocencia de Bustos y expuesta la investigación llevada adelante por Bracamonte y la fiscal Paula Kelm.

Por otro lado, a través de un comunicado la organización hizo mención del violento desalojo a las y los vecinos de Punilla, que en mayo sufrieron un accionar policial intimidatorio para suspender el acampe del reclamo en defensa del medio ambiente y tras la denuncia de irregularidades en la construcción de la Autovía.

«El comisario Bracamonte con toda la fuerza policial, de una manera violenta, sin previo aviso y haciendo uso de su poder desaloja a las 3.40 de la madrugada a los Defensores ambientales y Comunidades indígenas, persiguiéndolos y abusando de elles en el medio de la oscuridad del monte», precisó la Mesa.

Además, hizo mención del reciente caso que involucró a la Policía de La Falda, que resultó con la muerte de Jonathan Romo, quien tras una crisis nerviosa (padecía discapacidad mental según familiares), fue aprehendido por la Policía. «Se está investigando pero el joven falleció estando en manos policiales y hasta el momento se constataron lesiones internas», dijo la Mesa por los DD.HH. y en ese marco, reclamó contra «la violación sistemática a los derechos humanos, por la negligencia, por la violencia estatal y por el abuso de autoridad que ejerce Diego Bracamonte protegido por la fiscal Kelm».

“Basta de impunidad en el Valle de Punilla”

Por su parte el Movimiento Plurinacional disidente y feminista de Capilla del Monte manifestó: “nos cuesta pensar en transparencia y esclarecimiento después de haber presenciado la falta de investigación en los casos de Jorge Reyna (causa archivada), Mariela Natalí y Cecilia Basaldúa”.

En un comunicado con la consigna “Nos queremos vivxs: basta de impunidad en el Valle de Punilla” hablaron sobre la investigación que lleva a cabo el Ministerio de Seguridad.

“Hablar de transparencia y esclarecimiento suena a burla: Ninguno de los casos mencionados fue aclarado. Todos tienen un actor en común: la policía de Capilla del Monte y un garante de lo actuado por esa institución: la Fiscalía de Cosquín”, dijeron.

“Mencionamos sólo tres casos que sucedieron en Capilla del Monte. Pero sabemos de la falta de capacitación en Ley Micaela y de las innumerables situaciones de revictimización que viven mujeres, disidencias y niñeces a la hora de hacer una denuncia por violencias, que son cuestionadas o desestimadas por el personal policial”, sumaron.

Además, señalaron al estado local y aseguraron que se muestra “indiferente a la trama de violencias que se expande” por la localidad.

“El destrato a los familiares de las víctimas, la falta de información hacia la comunidad, o el omitir directamente una problemática tan grave y estructural, es parte de la impunidad del poder político local que debe asumir una responsabilidad ante esta problemática”, mencionaron.