Brigadas Populares contra el saqueo

Punilla: Brigadas Populares contra el saqueo patrimonial

En la Provincia de Córdoba, el Supremo Gobierno de la Provincia de Córdoba autoriza hace dos meses de manera sistemática e ilegal a una cuadrilla de Arqueólogos y Paleontólogos a cargo de la Lic. Ratto de la UBA, a ingresar en zona de categoría roja de máxima protección de bosque nativo. Talando el bosque, destruyendo, modificando el paisaje irreversiblemente, bajo custodia policial, dentro de propiedades privadas, donde policías no identificados se enfrentan con las brigadas populares. El argumento oficial: la Autovía de Punilla del corredor bioceánico del IIRSA.

Así como el Equipo de Arqueólogos en ningún momento emite expresión particular alguna, y de manera autómata actúan y se niegan a identificarse o explicar las hojas de ruta con las que cuentan. Las fuerzas policiales, que ya han sido denunciadas por desapariciones forzadas, detenciones violentas seguidas de muerte y vejámenes de toda naturaleza, custodian la patrulla de Huaqueros y Arqueólogos ilegales contratados por las empresas Caminos de las Sierras S.A (propiedad del Supremo Gobierno Provincial): SACDE (Macri) y Roggio (Makentor). Empresas prestatarias entre otras del servicio de agua potable en la ciudad de Córdoba, o la construcción del gasoducto Nestor Kirchner.

Las ruinas patrimoniales existentes en un 60% de la traza de la Autovía pertenecen a las civilizaciones líticas Ongamira y Ayampitín, datadas en 12.000 A.C. Cuyas vestigios milenarios que todavía no han sido relevados oficialmente, reflejan sociedades muy avanzadas en materia de estudios solares, calendarios, así como en técnicas de construcción, vías de transporte, cultivo, cría y reproducción. Las Comunidades Indígenas El Ancón, Las Tunas, Siquiman, Nueve Lunas de la Nación Kamiare Kamichingón, interpusieron denuncia federal por el daño patrimonial irreversible causado por las empresas prestatarias así como el supremo gobierno autorizante. La denuncia federal recayó en la Fiscalía Federal Nº1 de Córdoba Capital a cargo del Dr. Enrique Senestrari, donde se le solicita e investigue las presuntas violaciones a las Ley Provincial 5.543, Ley Nacional 25.743 y el Articulo 75 de la Constitución Nacional Argentina.

Un juez ahí por favor

Un capítulo aparte merece la novela judicial cordobesa, de las causas tramitadas en los Palacios de la Provincia feudal. Los conflictos socioambientales con Comunidades Indígenas y Asambleas Vecinales gestionados por la Mesa de Organizaciones y Comunidades Indígenas de Córdoba, junto a la CTA-A Punilla iniciaron una medida de hecho el pasado 28 de julio, con la toma pacífica del Supremo Tribunal de Justicia de la Provincia, en un reclamo contundente por los más de diez años de causas archivadas. El pasado jueves, un grupo de 15 activistas sociales se negaron a retirarse de la sala de audiencias del máximo Tribunal hasta contar con una sentencia favorable en las más de 150 causas, amparos y medidas cautelares, archivadas, no ejecutadas y sin resolver. El cuadro del bochorno judicial, muestra a las claras la crisis en materia socio-ambiental que refleja la Provincia mediterránea, que ya cuenta con solo un 1% del bosque nativo en estado de conservación. Y una decena de conflictos sociales en pleno desarrollo.