Autovía: Despojo moderno

Solicitud de Audiencia

La propuesta de solicitud de Audiencia Pública, consiste en un reclamo para que el juez Martos del juzgado de Cosquín, que lleva adelante los juicios de expropiación de la Autovía de Punilla, escuche y reconozca a la Comunidad de Las Tunas – Cosquín. En ese marco es que se pide que se frenen las obras y la orden de desalojo de esos territorios para proteger a la Comunidad, a su territorio y a su patrimonio arqueológico. Si se logra avanzar en este proceso se generaría un gran obstáculo para la traza actual. Es por eso que se solicita el acompañamiento mañana, viernes 16 de diciembre en los Tribunales de Cosquín. El patrimonio es de todos, es histórico, es por eso que se realiza este llamado al apoyo socio-comunitario.

La convocatoria

En Radio La Minga 94.7 de Villa Giardino el periodista Ale Picco conversó con la abogada de las familias damnificadas de la Comunidad Indígena de Cosquín, la doctora Rocio Loza Serra, quien profundizó en la cuestión que refiere al pedido de la Audiencia Pública antes del inicio de la feria judicial. En relación a la convocatoria del próximo viernes, la entrevistada comentó: “La convocatoria del viernes es para toda aquella persona, institución, organización que quiera acercarse a solicitarle al juez que exija esta Audiencia Pública. Porque se trata de una Audiencia Pública judicial que queremos que convoque, tomando como antecedente, un antecedente muy bueno de la Provincia de Córdoba, que fue el caso de Pluma Blanca de Agua de Oro”.

El caso de Pluma Blanca

Profundizando sobre el antecedente judicial que marca el caso de Pluma Blanca de Agua de Oro, la abogada menciona: “Esto se dio en este año, era un caso diferente, era un caso de desalojo, a miembros, a familias que pertenecían a la Comunidad Indígena Puma Blanca. Y allí se dió, se solicitó y el juez dio una Audiencia Pública, para escuchar a los profesionales instituciones y referentes, en materia de Comunidades Indígenas y de derecho indígena, ponerse al tanto de la situación y bueno para también escuchar a miembros de la misma Comunidad. La idea es solicitarle al juez con este antecedente y que le replique y le suceda lo mismo, en este caso que es un juicio de expropiación que se le ha iniciado a la Comunidad”.

El rol del INAI

“Ante el INAI hemos presentado toda la documentación que nos han requerido para que se inscriba a la Comunidad Indígena en el registro. Y esto siempre recordando que la inscripción que se hace desde las Comunidades Indígenas que se solicita al INAI, es un inscripción que otorga personería jurídica luego de todo un proceso, pero sabiendo que por tratados internacionales y de las leyes que están por debajo de estos tratados no se puede supeditar el reconocimiento de las Comunidades a ese registro, ni a esa personería jurídica, que es posterior a la preexistencia de estas Comunidades” añade al respecto la entrevistada. Los papeles a esta institución nacional fueron presentados hace “varios meses” y la idea es que puedan “acelerar el trámite”. El INAI “es un Instituto que funciona a nivel nacional. Le hemos pedido que se haga este reconocimiento, y vamos a pedirle también que hagan un reconocimiento territorial” explica la abogada.

El despojo continúa

Con este pedido, se le está pidiendo al juez que fije la audiencia para “poder acercar todo el conocimiento científico que hay de antropólogos, de historiadores” exclama Loza, que agrega en consonancia: “Hay un montón de material que lamentablemente los procesos de expropiación no tienen previstas estas instancias, porque tampoco tienen previsto las circunstancias que se expropie un territorio comunitario indígena como es este caso. Y bueno acá lo que está sucediendo es un desconocimiento de la calidad de miembros de la Comunidad Indígena, de las familias que han habitado ancestralmente ese territorio, porque eso si hemos tenido pruebas, de que las familias que habitan, son descendientes de las familias que habitaban en el 1800 cuando la Comunidad Indígena logra comprar las mismas tierras que ya habitaban, porque una comunidad religiosa se las había expropiado. Entonces esto es como un capítulo más en la historia de despojo de estas Comunidades, que es lo que se repite en todo Córdoba”.

Damnificados

En cuanto a los afectados a los que representa legalmente, la letrada expresó que: “Las familias de la Comunidad Indígena que se ven afectadas por la traza de la Autovía son tres, son tres familias a las cuales la Autovía les atraviesa sus territorios, y lo impacta de diferentes maneras. Son territorios rurales donde viven del trabajo rural, de la cria de animales, bueno también tienen acceso a los arroyos, hay diferentes circunstancias donde se ven afectados. Ni hablar de todo lo que tiene que ver con la identidad, con el paisaje, con el paisaje sonoro, el modo de vida (…) La Autovía de Punilla atraviesa todo el Valle de Punilla y afecta en ese trazado a un montón de personas y de familias que se ven afectadas de esa manera, además de la afectación en general que supone la autovía para toda la comunidad, porque afecta al ambiente y al ecosistema, y eso ya implica una afectación para todo el mundo”.

El gran vencedor: el desarrollo inmobiliario

Para la entrevistada, a partir de la proyección de la Autovía se ejecuta el “avance inmobiliario” en el territorio.Ya finalizando la entrevista, Loza explica que el avance inmobiliario se realiza mediante “el efecto peine”hacia los costados de la Autovía. Y concluye explicando las intenciones inmobiliarias: “Y todo un despojo que eso trae atravesado a las personas que históricamente han ocupado tierras, pero nunca tuvieron apoyo del Estado para poder obtener los títulos como corresponde. Hace falta plata para eso, y las personas no lo tienen, no conocen sus derechos. Y esto implica aprovechamiento de parte de desarrollistas inmobiliarios que se apropian de tierras, sacan a las personas, y luego llevan ahí sus proyectos inmobiliarios, también impactantes. Así que el impacto es bastante grande”.