La Legislatura y el caso González

Denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público

En conversación con Santiago Corona en su programa Mirador Local de Radio La Tinku, Luciano Hernández pone en duda el comportamiento del cuerpo legislativo cordobés en el accionar sobre la suspensión de Oscar González, luego del trágico accidente protagonizado en las Altas Cumbres el año pasado. La sospecha se centra en la reunión con legisladores de la Provincia de Córdoba, cuando el entrevistado y otras personas habían acudido a pedir por la expulsión del legislador González de la unicameral.

Al respecto, Hernández cuenta su historia: “Denuncia por incumplimiento de deberes de funcionario público a los legisladores de la Comisión de Asuntos Institucionales del poder legislativo cordobés. A raíz de la sesión que tomaron de acatar, o aceptar, la sugerencia de apartamiento temporario del legislador González hecha por él mismo. Y pasaron sin más trámite de largo al recinto. Sin generar las denuncias correspondientes por los hechos que motivaron la conformación, la reunión, el llamado a sesión de esa Comisión después del siniestro vial que le costó la vida a la docente minaclaverense y dejó gravemente herida a su hija Marina y a la amiga Alexa. Motivo por el cuál González está imputado acusado de homicidio culposo y de lesiones graves culposas”.

Según la Legislatura existen una serie de protocolos que “tienen que seguir para decidir si lo expulsan, o lo suspenden o no hacen nada” de los cuales parece que en este caso no habrían “seguido con los pasos legales” correspondientes que se deben. La denuncia de Luciano hecha en diciembre, declara que la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura “no cumplió con sus deberes de funcionario público”. El delito está escrito en la Unidad Fiscal Nº1, a la vuelta de la terminal de ómnibus de Córdoba y en proximidades al Panal y la Legislatura.

“Hay que ser conscientes que es algo que nos está afectando a todos, no solamente a la familia de Ale, ¿no? Es más grande el problema”.

“En Córdoba no hay un lugar para hacer denuncias por corrupción directamente. Tenés que ir, esto es cómo una Comisaría, tenés que ir a un lugar común, donde denuncian celulares y cosas” comenta Hernández, que añade su experiencia el día de la presentación en la UFI Nº1: “Me lo dijeron que realmente no creían que iba a ir”.

“La denuncia estuvo demorada, a pesar de estar todo escrito (…) Está todo escrito y firmado. Entonces no hay mucha vuelta”. Sobre las irregularidades que se mencionan, el entrevistado dio el detalle: “Conseguí lo que sería la mecanizada de la Legislatura, cuando hablan los legisladores hay una persona sentada en una computadora escribiendo todo lo que se dice. Cuando termina la sesión al otro día, me parece en teoría todos los que estuvieron leen lo que se dijo y apoyan su dedo sobre una maquinita que tienen donde, es como una firma digital, donde reafirman que lo que está ahí escrito es verdad. Y eso es una prueba, pasa a ser, tiene valor jurídico que se dice ¿no? Es una prueba, no es como una foto que yo tome con un celu o como algo que yo grabe. Eso, el que lo dijo, lo firmó que lo dijo. Entonces no hay mucha vuelta”.

Asuntos Constitucionales como todas las otras comisiones legislativas tiene su mecanizada, que recolecta lo emanado en las conversaciones y lo traslada de manera escrito, tanto de las sesiones en comisión como en pleno. Por lo que se sabe, el asunto recayó en un principio en dos comisiones, de la cuál una termina haciéndose cargo. Al respecto comenta: “La que termina tomando el control es la Comisión de Asuntos Constitucionales que es la que decide hacer un plan de reunirse con González, reunirse con la familia, y después sacar una conclusión en base a todo eso. Eran como tres reuniones, y después en una cuarta presentar el proyecto a todos y bueno votarlo. Ellos no hicieron nada de eso”.

Posterior al accidente, “entra una carta de González con el pedido de licencia” comenta Luciano, y añade:“Lo que deciden es haber acá González nos dice que tenemos que hacer, lean la carta. Entonces al otro día hacen todo lo que decía González en su carta. Eso es fuertísimo”.

Auto mellizo, carnet de conducir “ilegal”, múltiples multas de tránsito por exceso de velocidad, que lo habrían inhabilitado para estar conduciendo y el tema de las declaraciones juradas, con “valores irrisorios de las declaraciones juradas, propiedades tasadas a precios ridículos” como menciona el entrevistado, forman parte del combo que cargaba González al momento del trágico accidente.

El entrevistado tilda las conductas de “desfachatadas”, y menciona la cuestión de la presentación de las Declaraciones Juradas: “Eso uno lo presenta cuando asume, ¿me entendés? Entonces ese tipo ya no tendría que haber asumido. De manera que era imposible que esté manejando un auto, ya que sea mellizo, no tiene que ver con la Legislatura, es el TSJ”. “En la denuncia que yo hago es que una de las tareas que tenía que hacer la Comisión era investigar los motivos por los cuáles” se pedían que lo echen de la Legislatura.

El accidente fue el corolario de situaciones irregulares sucedidas a lo largo del tiempo y que ahora desata este escándalo por la denuncia de deberes de funcionario público incumplidos, a lo cuál el entrevistado brinda más detalles: “Hay cosas, como por ejemplo que habían dicho que iban a tener una reunión con González, una reunión con nosotrosl con la familia, y una tercera reunión cosa que no hicieron. Eso cuando uno lee la sesión es una propuesta que queda escrita”.

“Hay canales también para denunciar a la justicia que no trabaje”.

“El tipo en vez de darse un solo auto, en vez de darse un solo auto, él era el que podía dar los autos, tenía nueve para repartir y se quedó cinco. ¿Qué pensamos nosotros de eso? La Comisión tiene que dar una respuesta a que piensa la Comisión, si eso es, sino también puede denunciarlo a un lugar en donde se encargan de la ética de los funcionarios públicos (Tribunal de Ética). Pueden, haber, mira, tenemos esta duda, a ver si esto es ético o no es ético. Ni siquiera ellos son responsables de la decisión. Más tendrían que haber hecho un montón de cosas” prosigue comentando Hernández sobre el accionar aplicado a posteriori del accidente.

La niebla del olvido siempre está dando vueltas. “La denuncia no es hacia ningún funcionario en particular” dice el entrevistado, que agrega: “Me estoy asesorando mucho, porque para llegar a hacer esta denuncia, estuve hablando con gente del Ministerio de Justicia de la Nación, ¿no? que hay una parte que es Acceso a la Justicia, y hay bueno gente recopada que te van guiando y digamos llaman a la Fiscalía también para preguntar. O sea yo por ahora me estoy manejando por ahí. Porque en realidad, en realidad, si la justicia funcionara no haría falta que nadie se presente como querellante”.

“¿En qué condiciones esa persona llego a estar sentada en ese auto y estar ahí arriba? No me sorprende en lo más mínimo que hagan cualquier cosa y digan cualquier cosa, porque digamos evidentemente es un modus operandi, ir haciendo lo que se les canta por la vida, entonces siento importante esta otra denuncia para ir revelando quiénes son y basta (…) En realidad el modus operandi es el mismo que está arruinando todo. Entonces no me sorprende, yo creo que cualquier persona que hubiese visto como estaban las huellas, no es necesario, se podría haber resuelto en el momento” finaliza su diálogo con Santiago Corona en su programa Mirador Local de Radio La Tinku.

Los vaivenes de la Justicia (*)

A mediados de abril, laJusticia Federal de Córdoba se declaró incompetente en la causa por el uso del automóvil oficial que manejaba el legislador provincial, Oscar González, cuando protagonizó el accidente. El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, decidió el pasado martes 18 de abril que ese fuero no es el que debe hacerse cargo de este aspecto de la investigación, que se trata de la supuesta utilización ilegal de la camioneta “melliza” BMW que conducía González.

La información fue confirmada a Cadena 3 por el fiscal federal N° 3 de Córdoba, Maximiliano Hairabedian, quien había solicitado el procesamiento del dirigente peronista por el presunto uso irregular del vehículo que le había cedido el Tribunal Superior de Córdoba.

“Fui notificado acerca de que el juez decidió que la causa pasara a la Justicia provincial. Estamos evaluando la posibilidad de interponer un recurso de apelación, porque ya la Fiscalía había dictaminado que éste es un caso federal, ya que, al producirse los hechos, se trataba de un vehículo secuestrado en una causa que ya se estaba tramitando en la Justicia federal”, afirmó Hairabedian a Cadena 3. Con la resolución del magistrado belvillense, quedó desestimado el requerimiento de procesamiento del fiscal y se dio lugar al pedido del abogado defensor del legislador, Miguel Ortiz Pellegrini, de remitir la causa a la Justicia provincial. «Al momento de verificarse el uso indebido del vehículo, estaba secuestrado en una causa federal y por eso creemos que abre la competencia de la Justicia federal», explicó el fiscal, tal como se pudo leer en el portal de Cadena 3.

De quedar firme esta decisión de Pinto, la causa por el uso del vehículo oficial pasará a la Fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, quien investiga la causa principal por homicidio culposo.

(*) Con información de Cadena 3.

Gentileza Audio: Radio La Tinku.

Gentileza Foto: Prensa Legislatura de la Provincia.

Gentileza Foto Portada: La Voz.