Los dueños del Cordobesismo

Dos mil millones de dólares se han invertido en las dos últimas gestiones de Juan Schiaretti en obra pública. Las dos principales constructoras son socias de un sospechoso negocio, conectado con vuelos offshore. Y la sobrefacturación se concentran en caminos de la pampa húmeda.

Por Lea Ross para La Luna Con Gatillo | Ilustración: @fuska.visual

En siete años, la Provincia de Córdoba invirtió alrededor de 1.979.266.994 dólares en obra pública. “La más grande de toda su historia”, dice el gobernador Juan Schiaretti. Efectivamente, la investigación que realizó La Luna con Gatillo le otorga una cuota de razón al precandidato presidencial cuando se ve el notable crecimiento durante sus últimos dos gestiones de gobierno provincial.

Pero al igual que pasa en zonas geográficas “grandoradistas” como la pampa húmeda, las minas a cielo abierto y la explotación en Vaca Muerta, los negocios repartidos son entre unos pocos. La problemática de la “patria constratista”, cuya raíz de mínima se remonta por lo menos en la última dictadura, implica una profundización que excede a la mera moral burguesa sobre el honestismo, o incluso lo que se instala en la prensa masiva, al reducirlo a un modo de enriquecimiento ilícito a funcionarios mediante el uso de testaferros. Se estima que la mitad de esos fondos se destinan para trazar y pavimentar caminos viales, donde muchos funcionan para agilizar la carga y transporte de esos mismos productos exportables primarios, agravando la primarización económica, donde la privatización de ganancias, como quien dice, se lo quedan “cuatro o cinco vivos” y, por ende, su capacidad de lobby para definir qué políticas públicas se deben aplicar o no, a cambio de redituables inauguraciones con fuerte vuelco electoral.

A dónde fue a parar la lupa

(Hagamos un largo entre-paréntesis para explicar cómo se realizó este trabajo. Durante meses, se buceó la base de datos del portal web “Compras Públicas”, que administra el estado provincial cordobés para brindar información sobre distintas licitaciones. Comenzó a funcionar en el año 2016, y desde entonces tiene registrado más de 300 procesos licitatorios, donde se mencionan a las empresas que participaron y se suben sus expedientes entregados, incluyendo las ofertas económicas. Se revisaron uno por uno los mismos, como quien fuma uno por unos los puchos que hay en un etiquetado. Lamentablemente, en ninguno de ellos se da aviso qué empresa resultó ganadora, con lo cual se tuvo que recurrir a otras fuentes y, en la mayoría de los casos, se tomó la posibilidad de que resultara triunfante la firma que puso el número más barato para el Estado, que es como ocurre en la mayoría de los casos. Para convertir los valores en dólares, se tomó la cotización de la moneda según los registros del Banco Nación y con la fecha de inicio del llamado. Otra cuestión es que se ha tomado la posibilidad que cuando las empresas ganadoras se juntaron mediante UTEs -Unión Transitoria de Empresas-, se repartieron de manera equitativa todo lo entregado por el Estado. Finalmente, hay que advertir que pareciera ser que no estan presentes todas las licitaciones. De cualquiera manera, se estima que el margen de error es mínimo y, a la vez, funciona como un verdadero mapeo de quiénes son los grandes ganadores que se encargan de modificar el territorio provincial).

Un ranking con pico y pala

Aclarado el asunto, vemos que el ranking de las constructoras que más fondos públicos recibieron en la provincia de Córdoba en las dos últimas gestiones schiarettistas la encabezan José Chediack SAICA, con U$S 222 millones, y Paolini Hnos., con U$S 204 millones. La suma de ambos equivalen a casi la cuarta parte del monto total.

Chediack figura a la cabeza por haber construido, principalmente, el tramo vial del puente “Gobernador José Manuel de la Sota” sobre el lago San Roque, junto con Astori Construcciones (puesto 9 de la lista). También, por haber realizado parte de 3,5 kilómetros del cierre de Circunvalación, incluído dos intercambiadores por la Av. Fuerza Área y por la Autopista Ruta 20. Y también por realizar en estos momentos el primer tramo de la Autovía de Punilla, donde incluye otro puente sobre el mismo cuerpo de agua.

En el caso de Paolini Hnos., su medalla de plata es por manejar las topadoras de la mitad de la Autovía de Paravachasca, y también por haber construido puentes en la capital cordobesa, denominadas Letizia y 25 de mayo. Por último, realizó trabajos de casi diez kilómetros en un tramo de la Ruta Nacional 19, a la altura de la localidad de Piquillín.

Finalmente, el bronce es para el Grupo Roggio (U$S 88 millones), por quedarse con la mitad de la Autovía de Punilla, una parte de Paravachasca y distintos trabajos del Cierre de Circunvalación, en asociación con Boetto y Buttigliengo (que recibió U$S 79 millones, figurando en el puesto 6) y con SACDE (ex constructora de la familia Macri, cuyo accionista minoritario sería Joe “Lago Escondido” Lewis y que recibió U$S 45 millones en Córdoba, figurando en el puesto 13). Su capataz, Aldo Roggio, renunció a la presidencia de la compañía luego de confesar haber pagado coimas para ganar concesiones del rubro del transporte en Capital Federal, además que se le espera estar en el banquillo de los acusados por colaborar con Odebrecht en el ejercicio del cohecho por la construcción de una planta potabilizadora en la región del Tigre.

Para quien le interese ver la base de datos en bruto, sea para chusmear o para localizar algún error y dar aviso, lo pueden acceder haciendo click aquí.

Socios de alto vuelo

Casualmente, tanto la familia Chediack como la familia Paolini están involucrados en los negocios de ocultamiento patrimonial, tal como lo reveló el presente portal el año pasado. Resulta que ambas familias trabajan en el directorio de una empresa llamada Ameriflight SA, registrada en la AFIP para realizar vuelos de pasajeros, pero que también cuenta con permisos para llevar cargamentos al exterior, utilizando vehículos aéreos de reducido porte, donde una de sus flotas sería un jet Beechcraft C90GT, parecida a la siguiente imagen.

En la última notificación para el Boletín Oficial, el presidente de Ameriflight SA fue Julio José Paolini, de la constructora Paolini Hnos., y su vicepresidente es José Chediack, hermano del dueño de la constructora homónima, pero que también ha participado de la adquisición de esta firma de alto vuelo.

La cuestión es que Ameriflight puso como “domicilio especial” la calle porteña de Bernardo de Irigoyen 330, en el tercer piso. Es la misma que utilizó Julio Paolini, junto a su esposa María Virginia Culela, para armar el 7 de noviembre de 2012 la firma Picard Global SA en Panamá, según los registros de los Panamá Papers. Dicha empresa figura en el Registro Público del país caribeño, pero no aparece el matrimonio Paolini-Culela en ningún documento. Solo aparecen ex empleados de la consultora Mossack Fonseca, caída en decadencia luego de la filtración de sus voluminosos documentos y expuestos a nivel periodístico en 2016.

Para establecer contacto con Panamá, Paolini recurrió a una mesa de abogados en Montevideo, a cargo de Juan Pedro Damiani, en ese entonces presidente del Club Atlético Peñarol y pieza clave de la malversación de fondos en el escándalo de la FIFA, al haber sido miembro del Comité de Ética del máximo organismo mundial de fútbol.

Julio Paolini, un “Panamá Papers” suelto en Córdoba, en plena inauguración del puente 25 de mayo. Archivo: Septiembre de 2019.

Hasta ahora hay que aclarar que no es ilegal que Ameriflight realice vuelos al exterior, ya que se trata de actividades permitidas por el Estado. Pero lo inquietante de esto es que la familia Paolini y la familia Chediack ocuparon el directorio de la compañía una semana después de que se creara la empresa “fantasma” en Panamá. Así lo expone los registros del Boletín Oficial, donde la firma de vuelos se creó en 2006, pero fue el 14 de noviembre de 2012, a tan solo siete días del nacimiento de Picard Global SA, que Juan Chediack, de la constructora José Chediack SADIC, asumió su presidencia, al igual que Julio Paolini, de Paolini Hnos., al ocupar el puesto de vice. Y utilizaron la misma dirección para registrar la empresa fantasma panameña.

Otro dato inquietante entre José Chediack SADIC y Paolini Hnos., además de que han ganado importante tramos de las dos autovías serranas cuestionadas como son las de Punilla y Paravachasca, también tuvieron contratos con poderosas empresas mineras. Estuvieron en la mina Bajo La Alumbrera para construir un dique de “agua fresca” para el proceso de separación de rocas y minerales. Paolini también hizo obras en Cerro Vanguardia, en Santa Cruz, y se encargó de la carga y transporte del proyecto jujeño de la minera Aguilar, anteriormente de Glencore (accionista de La Alumbrera) y ahora en manos de José Luis Manzano. Mientras que Chediack hizo trabajos en el frustrado proyecto binacional Pascua-Lama, de la Barrick Gold.

Pedir de más

Hay distintos departamentos, ligados al Estado provincial, que se encargan de realizar licitaciones, sean ministerios, empresas con participación estatal, etc. De los casi U$S 2.000 millones entregados en 2016-2022, U$S 710 millones fueron gestionados por la empresa Caminos de las Sierras SA, que se encarga de manejar los pasos viales que conectan la capital con los pueblos serranos. Se sabe que las obras viales no solamente son más costosas, sino que debido a la geomorfología cordobesa, que implica un movimiento importante de suelos, demanda mayores inversiones. Tanto como los cuestionamientos que se endilga a la gestión pública por las implicancias ambientales, debido a la pérdida de cobertura boscosa y la perturbación de las cuencas hídricas, donde cada verano se agrava la situación de la adquisición de agua corriente para distintas comunidades.

En segundo lugar, aparece la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF), con U$S 603 millones, creada durante el primer gobierno de José Manuel de la Sota para manejar los dólares que arriban en nuestra provincia desde el extranjero. La ACIF tuvo primeros presidentes a los empresarios Horacio Miró y Roberto Poplawski, quienes luego pasaron a pavimentar el Camino del Cuadrado mediante su firma Britos SA, caído en desgracia por el “escándalo Kolektor” en 2016, donde la filtración de cámaras ocultas señalaban a la empresa como “manejadora” de fondos públicos para acallar a la prensa.

Al igual que la ACIF, Caminos de las Sierras no estuvo ajeno a los típicos de sujetos que están en los dos lados del mostrador, porque durante años tuvo como accionista minoritario a Boetto y Buttigliengo (del puesto 6 de la lista), permitiendo acceder a información privilegiada sobre distintas licitaciones. Además, Caminos de las Sierras registra la mayoría de sus fondos como “aportes de capitalización”, una figura que los exime de pasar por el control del Tribunal de Cuentas de la provincia, al igual que las agencias que orbitan en el Estado, como es el caso de la ACIF.

La Luna con Gatillo sacó un promedio de las ofertas más económicas que presentaron las empresas en distintas licitaciones en comparación a las respectivas ofertas iniciales estimadas por el Estado provincial en los pliegos. Al ordenarlos según qué entidad estatal organizó esas procesos, vemos que hay alrededor de un excedente de entre 11 y 12% en la ACIF y en Caminos de las Sierras que tuvieron que demandar a las arcas públicas, por pedido de las propias compañías. Acerca de los ministerios, hay que aclarar que con el tiempo fueron cambiando de nombre, al igual que se fue modificando el organigrama de las gestiones públicas, haciendo que sea más engorroso la comparación en su totalidad.

Sin embargo, lo llamativo es que esa tasa se eleva más cuando nos fijamos en la tercera entidad que más fondos ha manejado: el Consorcio de Camineros, que se encargan de mantener más de 58 mil kilómetros de caminos rurales para asegurar la conectividad de los pueblos. Pero en las licitaciones, gran parte se ha apuntado a mejorar pasos viales en las zonas de altos rindes agrícolas, ubicados principalmente en la región sur y sudeste de la provincia, donde se cultivan principalmente soja y maíz para el negocio de los commodities. El promedio de sobrefacturación es más del 53%. La sospecha se encamina a pensar que las compañías se sienten más seguras de “dibujar” sus costos, debido a la ausencia o escasez de control institucional. Uno de esos ganadores es, nuevamente, Paolini Hnos., los mismos que tiene reservado su cuenta en el extranjero.