El extractivismo no tiene grieta: el caso de la megaminería en Chubut

Foto: Canal Abierto.

En Panorama le realizamos una entrevista a Andrea Leonett, que relata la lucha para defender la prohibición de la megaminería en la provincia de Chubut y que nos cuenta cómo es vivir con una causa penal abierta en la que está procesada junto a otros defensores ambientales. En un hecho que representa un claro ejemplo de la disciplina estatal aplicada para silenciar a la población.

La lucha contra el modelo extractivista en el sur

El proceso legal consta de una causa que se realiza y tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, donde vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson se enfrentan a procesamientos por el delito de entorpecimiento de servicios públicos. En mayo de 2021, el descontento de la población estalló cuando se mantuvo en curso el proyecto de Zonificación Minera, que finalmente fue aprobado en diciembre de ese año. En este contexto, cientos de vecinos se movilizaron en la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Trelew, donde fueron desalojados por la fuerza policial provincial y en ese momento varios de los manifestantes comenzaron a ser criminalizados por protestar en defensa del agua.

Esos cortes de ruta de mayo de 2021 son los motivos de este juicio. Es sobre esta cuestión, que comienza explayándose la entrevistada: “En mayo de 2021 la Legislatura de la Provincia de Chubut en menos de una hora, nos tiró a la basura el proyecto de iniciativa popular y nos dejó sin la posibilidad de que la voluntad del pueblo se puede expresar en una ley que proteja nuestros bienes comunes”.

En referencia al corte de ruta de tres días que realizaron para manifestarse en contra de la decisión del Estado chubutense, Leonett comenta: “Había sido muy fuerte para todo el pueblo que después de haber caminado toda la provincia juntando firma por firma en plena pandemia, en menos de una hora, sin tratamiento, nos tiraron a la basura ese proyecto que era la voluntad del pueblo (…) Los mismos diputados que nos tiraron a la basura la iniciativa popular, aprobaron la Zonificación Minera en diciembre y nosotros lo sabíamos porque sabíamos que la voluntad política era esa. Entonces por ese hecho, por ese corte de ruta es que quedamos imputades en un principio 24 personas”. Luego del llamado a indagatoria quedaron 16 personas procesadas. A principios de septiembre pasado “se expidió la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que dictó la falta de merito a once compañeros y compañeras que quedaron ya prácticamente afuera de la causa pero avanzaron con el procesamiento de nosotros cinco. Somos cinco vecinos de Puerto Madryn, Trelew y Rawson, que ratificaron los procesamientos, por lo cuál se allana un poquito más la elevación al juicio”.

La Cámara de Comodoro Rivadavia ratificó el procesamiento. Eso se consideró un mazazo institucional. “Lo que ocurre en nuestra causa configura una situación de máxima gravedad institucional porque el Estado no contemplo en absoluto nuestro derechos que tenemos por Constitución (…) Lo único que hizo el Estado fue aplicar la ley penal que encima está aplicando un delito que fue creado en la dictadura como es el artículo 194, que es el que nos aplican a todas las personas que luchamos, que nos aplican este artículo por entorpecimiento de los servicios públicos. Aplican la ley penal por sobre nuestros derechos y garantías. Entonces lo que pretendemos con este recurso de casación es que quede en evidencia de que a nosotres no se nos han respetado ningún derecho ni ninguna garantía. Ni el Tribunal Nº1 de Rawson, que fue el que dictó los procesamientos, ni el Tribunal de Comodoro Rivadavia que fue el que nos ratificó”.

En la República Argentina aquellos que pretendan hacer cumplir la ley de resguardo del ambiente, por tratar de hacer cumplir con el Acuerdo de Escazú, con el Convenio 169 de la OIT, en realidad se terminan encontrando con un Estado que reprime, procesa y persigue a quienes defienden el ambiente sano, el derecho de las generaciones futuras. “Nosotres venimos de muchos años de lucha, enfrentando a este modelo extractivista, al desembarco de las megamineras en nuestra provincia” relata Leonett.

En diciembre de 2021, en esta zona del país vivieron el Chubutazo: “Donde el pueblo de Chubut salió a decir de una manera muy digna y a pelear en la calle con los métodos del pueblo, en contra de la megaminería, en contra de la Zonificación Minera que el gobierno de Mariano Arcioni se había atrevido a aprobar, y que luego de siete días de una batalla campal en la que sufrimos una represión desmedida se logró derogar esta ley que nos condenaba al hambre y a la miseria”.

Hace veinte años que viene creciendo la lucha ambiental en la provincia de Chubut. Sobre ese proceso histórico, nuestra interlocutora relata: “Somos herederos de los compañeros y compañeras de las asambleas que hace más de veinte años vienen gestando una pedagogía de la asamblea, generando conciencia en la gente que logró que finalmente cuando aprobaron la megamineria en la provincia, la gente saliera a responder en la manera en que salió en diciembre. Entonces no desconocemos de donde venimos y hacia donde vamos”.

“En la provincia del Chubut se logró decirle que no al basurero nuclear hace más de veinte años atrás, donde nos querían instalar un basurero nuclear en la comunidad de Gastre, en la meseta de Chubut, y se los echó. Se logro echar a las mineras de la ciudad de Esquel, con un plebiscito histórico donde el pueblo dijo un no rotundo a la megamineras” adjunta.

La disyuntiva es la siguiente: ¿El cuidado de los bienes comunes o la avaricia del capitalismo? Las riquezas que se explotan en el territorio nunca quedan para sus habitantes y sus territorios, desde hace más de 500 años se van para afuera.

Hace muchos años que la provincia de Chubut viene con un conflicto en las calles, tanto en lo socioambiental como en lo estatal. Los trabajadores estatales “prácticamente desde 2017 para adelante hemos venido con un derrotero constante de medidas que afectan a todos los trabajadores y trabajadoras. Estamos en una provincia en la que estuvimos tres meses sin cobrar el sueldo, con un pago escalonado que realmente fue muy fuerte para las economías de todos los trabajadores y trabajadoras”.

Como explica la entrevistada en esta conversación, en el año 2021 fue que se transversalizó la lucha de estos sectores (socioambientales – estatales) en una sola. Al respecto del medio ambiente, ¿qué diseño social hace el Estado? “El ajuste, la represión y la criminalización tiene que ver con imponer a los palos y a los golpes un modelo extractivista que tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes” responde Leonett.

Parece que se vienen tiempos más oscuros, seguramente va a recrudecer la lucha contra el extractivismo, porque en la actualidad, ninguna de las autoridades se manifiesta en contra. “Cuando se habla de extractivista, en el extractivismos no hay grieta. Hay un consenso extractivista de todos los partidos políticos en nuestro país, por ejemplo de los partidos hegemónicos, patronales, capitalistas, que no hay grieta, están todos totalmente de acuerdo en que ese es el plan económico y de desarrollo que pretenden para nuestro país. Entonces digamos y esto obviamente tiene que ver con esta crisis capitalista que se está agarrando de donde puede y su modelo tiene que ver con el saqueo de los bienes comunes, es el despojarnos de los territorios, es la acumulación por despojo. Y ese es el modelo que quieren imponer y es lo que se viene. Por lo tanto nosotres también somos conscientes de eso y también tenemos que organizarnos en base a eso. Sabemos que se vienen tiempos muy difíciles”.

En el presente las autoridades se “perfeccionan continuamente” para realizar los proyectos extractivistas. Desde varios puntos del país plantean la necesidad imperante de una lucha ambiental nacional. “Estos planes extractivistas atraviesan todas las provincias, no hay fronteras ahí” esgrime la activista.

El juicio contra defensores ambientales no es solo una realidad de Punilla y Córdoba, en Chubut también sucede. “Lo que están haciendo digamos es una política de Estado, el hecho de criminalizar y judicializar todos los sectores en lucha”. Ya finalizando la entrevista en Panorama, Leonett reflexiona: “La criminalización de la protesta no es algo que solamente nos toca enfrentar a nosotros de manera aislada, sino que es una política de Estado que sistemáticamente está judicializando a compañeros y compañeras, a lo largo y ancho del país, para poder disciplinar, para poder meter miedo, para poder fragmentar, para poder romper, y para que cada uno se quede con el problema individualmente y para desdibujar el problema de raíz. Porque si hay algo que queda en evidencia cuando se judicializa, es que se saca al conflicto del ámbito de lo político, y se lo traslada al ámbito penal. Y esto es un conflicto netamente político, donde están queriendo decidir por la vida de todos los pueblos sin tener en cuenta la voluntad de nosotres como pueblo”.