Tres son multitud

Entrevista realizada en la jornada de ayer (martes 16 de abril) a Lea Ross en Panorama por Radio Panamericana FM 103.7. Seguinos en la plataforma Twitch, aparecemos como panamericana1037.

Informe por Lea Ross para La Luna Con Gatillo.

Martín Llaryora y Luis Juez compiten para ver quién de los dos está más apegado al Lord Jamón, o Rey Jamón, o Rey León… O sea, digamos, a Javier Milei. Básicamente, ven quién de los dos panes se apega más al contenido del sándwich no apto para veganos.

La explicación es simple: hubo más cordobeses que votaron a Milei (1.637.147 en total) como presidente que quienes votaron para gobernador a cualquiera de los dos: 870.935 para Llaryora y 806.541 para Juez. El primero: cosechó votos en la franja centro norte de la provincia, sobretodo en la capital y departamento San Justo, cuya capital es San Francisco, donde también fue intendente. Y el segundo, obtuvo su performance en el centro sur, sobretodo en la pampa húmeda. Por ende, tanto en lo cuanti como en lo cualitativo, la suma de ambos se asemeja a lo recolectado por el mandatario nacional en todo el territorio.

Culebrones

El actual gobernador declaró que no tenía problema en firmar el Pacto del 25 de Mayo, que le generaba orgullo que se firme por estas tierras mediterráneas y que su provincia ya venía cumpliendo con los puntos que propone ese texto sin valor jurídico.

La relación pendular de amor-odio entre Llaryora y Milei se mueve de acuerdo a las tensiones que se viven entre las exigencias de quitar las retenciones agrícolas e industriales (pero sobretodo, las primeras) y la coparticipación de impuestos dentro de la Ley Bondi Zombi. En la medida en que no haya seguridad que se apruebe en el Congreso, se mantiene el desierto sobre la posibilidad de que el pacto se concrete. Pero sobretodo, por el avance de la economía, con un duro panorama para la clase media, ante el advenimiento de los tarifazos de luz y gas.

El pedal del acelerador

En el caso de Juez, puso el acelerador en la “judicialización” de la política al presentar denuncias por supuestos desvíos de los subsidios al transporte en la ciudad de Córdoba, en la época en que Llaryora era intendente capitalino. Su afán es poder concretar su cuarto intento de ser candidato a gobernador para el año 2027, pero esta vez de la mano de un frente electoral que abarque a La Libertad Avanza de Milei con los sectores oxidados del PRO.

La escandalosa expulsión de Oscar Zago de presidir el bloque de diputados oficialistas, por orden de la médium Karina Milei, puede ofrecer una mayor oportunidad para el verborrágico, ya que ahora ese sector estará gestionada por su par cordobés Gabriel Borboroni, alguien que fue candidato a vicegobernador en Córdoba el año pasado y sacó menos del 1% de los votos.

A esto se le suma, el avance de la investigación judicial por lavado de dinero contra desconocidos empresarios, pero que estarían siendo sospechados de ser testaferros de la política cordobesa, en particular del enigmático empresario Federico Máscolo, amigo personal del radical Ramón Mestre, pero que obtuvo negocios con el gobierno provincial de Juan Schiaretti. Un verdadero “empresaurio”, como diría Milei desde Miami. Quien viene liberando información pública al respecto es el delfín juecista Beltrán Corvalán, desde su puesto en la presidencia del Tribunal de Cuentas.

Según información que accedió La luna con gatillo, Máscolo recibió fondos públicos de un total de 3,2 millones de dólares, de los cuales 2,6 millones de las transferencias se realizaron con destino desconocido. “Sin detalles”, como figuran en las planillas. Y dentro de las obras, llama la atención la gran cantidad de trabajos realizados en el departamento San Justo, donde el actual gobernador Llaryora acumuló el principal porcentaje de votos por fuera de la capital. Hablamos de reparaciones en escuelas y extensión de redes cloaclaes en San Francisco. Todas esas obras fueron entre los años 2010 y 2012. En ese entonces, Llaryora ejercía su primer mandato como intendente.

Sin embargo, las cifras de obra pública no parecen cubrir las docenas de departamentos en Miami y Punta del Este, como así tampoco propiedades de inmuebles en countries o vehículos de alta gama. Esto abre la sospecha que, en realidad, se trataría de un manejo de fondos millonarios de negocios ilícitos, que pueden abarcar desde el contrabando hasta el narcotráfico. Billetes que podrían decantar en la lenta dolarización que desea aplicar el Presidente Milei, ya que según declaró no le importa de dónde vengan esos fondos.

Los derechos y los humanos

A Llaryora y Schiaretti se los vio juntos, por primera vez este año, en un acto de inauguración de una escultura de Sonia Torres, de Abuelas de Plaza de Mayo, quien murió sin haber encontrado a su nieto (por ahora). La figura se encuentra en la Plazoleta de la Merced de la capital. La obra fue hecha por Trinidad Caminos. El discurso cordobesista envalentona los tiempos de ráfagas consevadores, donde se antepone lo privado sobre lo público, el desprecio por el kirchnerismo y el apoyo a algunas de las propuestas de los minarquistas. Sin embargo, los dirigentes mantienen la preservación de los Derechos Humanos que se promulgan desde las organizaciones sociales.

Ph: Prensa Córdoba.

Pero al día siguiente del acto por Sonia, el fiscal de Instrucción José Mana ordenó la detención de ocho personas en un escraboso caso de violación a los Derechos Humanos. Se trata del ex-director del módulo MD1 de la cárcel de Bouwer, seis guardiacárceles y un médico del servicio penitenciario, acusados de haber ejercido torturas, seguida de muerte, a una persona privada de su liberad.

Se trata de un caso ocurrido en septiembre del año pasado, donde César Darío Moreno, de 50 años de edad, fue encarcelado por abuso de autoridad, luego de una pelea ocurrida en una panadería. En Bouwer, César recibió golpizas por parte del personal y fue sometido a una camilla con ataduras durante 48 horas, que lo llevó a su deseso. La esposa de la víctima, Soledad, declaró en Canal 12 que su pareja padecía trastorno bipolar con episodios de esquizofrenia.

Desde fiscalía, sostienen que se han juntado material probatorio (filmaciones, documental, prueba testimonial, técnico científica) como para llevar a cabo las imputaciones con la siguiente carátula: tortura seguida de muerte. La pena máxima que tiene… es la prisión perpetua.

Para Adolfo Ruiz, periodista especializado en la situación de las cárceles en Córdoba, los casos de tortura penitenciaria son recurrentes, y que la exposición judicial y mediática que tuvo este caso puntual no se debe solo por su desenlace fatal: “César no era un choro. Si se hubiera tratado de un ‘chorito’ de cualquier barrio, no se hubiera movido nadie. Hay un cúmulo de capas que se da en nuestra sociedad que aprueba estas cosas, pero que se escandaliza cuando la víctima es uno de ellos”.

No menor

El martes pasado, mientras se preparaba el acto de Schiaretti y Llaryora por Sonia Torres, el tribunal de la Cámara 9ª del Crimen de Córdoba sentenció al ex-policía Lucas Carranza por “homicidio en exceso en el cumplimiento del deber”. Fue por haber asesinado al joven Rodrigo Sánchez, de 17 años de edad, en un hecho ocurrido en 2015 por un robo en la vía pública. Un “chorito del barrio”, como diría Adolfo Ruiz.

En el día del homicidio, Carranza estaba de civil, desenfundó su 9 milímetros en la intersección de la Avenida Colon y Sagrada de Familia, y sin dar la voz de alto, ejecutó a Rodrigo por la espalda, en una distancia de casi tres metros de distancia, cuando trató de subirse en una motocicleta, manejada por un conocido.

La condena fue de tres años, pero sin prisión efectiva. Es decir: se lo declaró asesino, pero en libertad. La pena fue requerida por la fiscal Laura Batistelli, en donde ni ella ni el tribunal consideraron que se trató de un caso de “violencia institucional”. Según Guadalupe Scotta, en una crónica para el portal Diciembre: “Durante las audiencias, se hizo foco en la situación de robo y en los antecedentes de la víctima, más que en el asesinato cometido por un agente del Estado. En el ‘palacio de justicia’ cordobés a quienes cometen un robo o intento del mismo, les otorgan penas más intensas que los agentes del Estado que fusilan por la espalda. Los forenses judiciales fueron precisos y descartaron un enfrentamiento: no se encontró otra arma, ni vainas, ni marcas que no fueran de la pistola reglamentaria”.

“En el país -dice Diciembre-, se registran un total de 8.701 de víctimas en manos de la represión de Estado desde la vuelta a la democracia a diciembre de 2022. El gobierno de Milei pretende legalizar los fusilamientos, como lo perfilaron en años del macrismo con la doctrina Chocobar. Ahora también, sin eufemismos, colocan a la propiedad privada como el valor estructurarte de nuestra sociedad”. El proyecto original de la Ley Ómnibus contenía reformas al Código Penal donde los acciones de Chocobar o de Carranza serían intentonas de ser legalizados. Eso quedó desechado dentro de la Ley Bondi Zombi.

La sentencia generó malestar en familiares y allegados, donde la querella había pedido doce años de prisión con cárcel efectiva. Una abogada que profundiza estos casos destacó que el caso de Rodrigo Sánchez es el tercero que se conoce en Córdoba, donde se juzga a un policía por asesinar a personas en situación de robo. Los dos casos anteriores tampoco hubo cárcel efectiva: el policía Martín Murua contra Lucas Rudzick fue de 2 años, y la de Ariel Adavid contra Isaías Luna fue de 1 año y 6 meses. Por ende, la de Carranza es de una pena mayor al de los anteriores.

Cuando todavía no se conocía la sentencia, en medio de una radio abierta y con intervenciones artísticas frente a la reja de los Tribunales II, su humilde servidor fue a preguntarle a Gabriel Sanso, la mamá de Rodrigo:

-¿Cómo te sentís? ¿Nerviosa? ¿Tranqui?

-Y… Me siento acompañada.

No es menor. El Punto 1 del Pacto de Mayo establece la “inviolabilidad de la propiedad privada”. “En Córdoba, se viene cumpliendo”, había señalado el actual gobernador, a la espera de ver si se firma o no en Córdoba. No es lo mismo ser una multitud que ser acompañada.

La compañía.