Crece el conflicto judicial en Córdoba: paro y movilizaciones por reclamos salariales

Entrevista a Ernesto Ortiz, delegado gremial en la Policía Judicial de Córdoba

A pesar de los recientes anuncios oficiales sobre inversiones en materia de seguridad, los tribunales de Córdoba atraviesan uno de los conflictos gremiales más importantes de los últimos años. Trabajadores judiciales, nucleados en la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial, llevan adelante medidas de fuerza que incluyen asambleas, paros y movilizaciones en toda la provincia.

«Estamos en un conflicto salarial que ya lleva más de un mes», explicó Ernesto Ortiz, delegado en Policía Judicial, en diálogo con Radio Panamericana de Huerta Grande. «Reclamamos una recomposición de nuestros sueldos y la equiparación con los salarios de la Justicia Federal, de la cual nos excluyeron mediante una ley en 2012», agregó.

El reclamo central es económico, pero Ortiz advirtió que también existen problemas estructurales: «Hay categorías que ingresan con sueldos de entre 500 y 600 mil pesos, lo cual es apenas la mitad del costo de la canasta básica». Además, denunció carencias de recursos en el Ministerio Público Fiscal, maltrato laboral y condiciones de trabajo insalubres.

Cronograma de lucha

Según detalló Ortiz, el plan de acción se intensificará en las próximas semanas:

• Martes 29 de abril: Movilización a Tribunales 1 y asambleas de dos horas.
• Miércoles 30 de abril: Paro general de 24 horas.
• Martes 6 de mayo: Movilización a la sede del APROS, en rechazo al aumento del aporte previsional.
• Jueves 8 y viernes 9 de mayo: Paro de 36 horas.
• Tercera semana de mayo: Paro de 48 horas (fecha a definir).

El descontento también se extiende al fuerte incremento en los aportes: «Aumentaron un 1% el aporte al APROS y un 4% el aporte a la caja de jubilaciones provincial, donde los judiciales ya aportamos un 22% del salario, una cifra criminal», denunció Ortiz.

Consultado sobre los anuncios del gobernador Martín Llaryora, el Ministro de Justicia Julián López y el Fiscal General Juan Manuel Delgado —quienes presentaron una inversión millonaria para reformar la Ley de Seguridad Provincial—, Ortiz sostuvo que, aunque toda mejora para la ciudadanía es bienvenida, existe desconfianza: «Muchas veces se crean fiscalías o fueros nuevos que quedan en el papel porque no se les asignan recursos humanos ni materiales».

«La planta judicial está compuesta por personal capacitado, que ingresa por concurso. Sin embargo, nuestros salarios no reflejan ni la responsabilidad ni la formación que se exige», remarcó.

Ortiz aclaró que los trabajadores judiciales están representados por el Gremio de Judiciales de Córdoba, aunque él integra la agrupación opositora I6N, que obtuvo el 46% de los votos en las últimas elecciones sindicales. «No hay otra organización sindical en el ámbito provincial, aunque sí en el fuero federal», explicó.

Mientras tanto, el conflicto judicial suma presión a un escenario provincial ya marcado por tensiones económicas y sociales. La próxima semana será clave para medir la profundidad del reclamo.