ATE se suma a la lucha contra la Autovía ecocida

La Asociación de Trabajadores del Estado de la Provincia de Córdoba, en cabeza de su secretario genral Federico Giuliani, ingresó una solicitud de queja ante la Organización Internacional del Trabajo, por violación al Convenio 169, en el marco de la construcción de la Autovía de Punilla. Dicho convenio establece el consentimiento, previo, libre e informado de los pueblos originarios y tribales en países independientes, ante proyectos productivos que puedan afectar su integridad territorial, cultural o ambiental.

Para el Gobierno de Córdoba los Pueblos Originarios no deciden

La falta de una consulta previa ha sido expresamente denunciada en los amparos presentados por las Asambleas de Punilla y que están pendientes de resolver por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Córdoba. Y también han sido parte de una misiva aclaratoria enviada por el Consejo Provincial Indígena a la empresa Caminos de las Sierras S.A. el pasado sábado 12 de marzo.

En Mayo comienzan las obras

Ahora, el máximo Tribunal Internacional de resguardo para Pueblo Originarios pre-existentes, deberá resolver en su sede de Ginebra (Suiza) si da lugar al recurso de queja y si es que se inicia una investigación, que incluye citar a las partes afectadas y emitir un dictamen al respecto. En dicha denuncia, se señala al Gobierno Argentino como garante del financiamiento externo de la obra de Autovía, y al Gobierno de Córdoba como ejecutor de la misma, la que sería inminente y del que habría sido anunciado el inicio de obras para el mes de mayo del corriente.

La ley no es igual para todos

La violación al Convenio 169 de la OIT, del que Argentina se hace parte a través de la Ley Nacional 24.071, implica la ruptura de compromisos internacionales a los que este país adhiere bajo mecanismos legales y que significan compromisos asumidos. El avance inminente de las obras de la Autovía de Punilla, vulnerando el Principio Precautorio, tras no conocerse un fallo definitivo al amparo presentado por ambientalistas, constituye el núcleo de ilegalidad de dicha obra vial. De la misma manera, el gobierno cordobés que la promueve y los jueces que no resuelven, hoy son señalados de ser parte de un procedimiento ilegal, irregular y nulo con consecuencias irreversibles en materia de salud y bienes comunes. Suficientes motivos por los que tendrán que brindar oportunas explicaciones.

El contenido de la denuncia: