Análisis a la Resolución 192

Una nueva columna semanal de HABLEMOS DERECHO, con René Amsler:

El colegio de biólogos es vergonzoso

En esta nueva columna se centro exclusivamente de un análisis crítico a la resolución 192 que le otorga licencia a la Autovía de Punilla. Hace unas semanas atras se conocia el anuncio en La Voz del Interior de la aprobación de la licencia ambiental sobre la Autovía Punilla, antes que la misma fuera publicada en boletín oficial. Esto es un ejemplo de la paparruchada de todo este proceso (https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/regionales/la-autovia-de-punilla-ya-tiene-licencia-ambiental-y-podria-ser-licitada-este-ano/)

Dialogando con Radio Panamericana, René describe y plantea todo el proceso vivido desde que inició este proyecto del gobierno provincial: “Esta mega obra del gobierno provincial consta de cuatro carriles, unos cien metros de ancho. Y va a arrasar, aplanar, desmontar todo el bosque nativo, destruir nuestras sierras, nuestras cuencas, nuestro futuro. A lo largo de cuarenta  kilómetros del Valle de Punilla. Esta obra es cuestionada desde el año 2017, es una obra infame. Con el pretexto del puente De la Sota hicieron una autovia que llega a San Roque (…) Restringieron el acceso a la participación ciudadana, que es un derecho humano, promulgado por el acuerdo de Escazú, por ende una norma internacional, que contempla como derecho humano universal a la participacion ciudadana en materia ambiental (…) El rechazo categórico a esta obra de Punilla. Fue la audiencia mas grande en la historia de la Provincia de Córdoba. De las virtuales seguro la más grande de la historia.  Desde el gobierno de la Provincia tomaron la virtualidad y la enfermedad, el dolor y la pandemia, para continuar abusándose de la población”.

En una crítica al gobierno provincial y a toda la complicidad de las instituciones que aprobaron o dieron el visto bueno para la resolución 192, nuestro columnista manifestó: “La resolución 192, es la resolución del señor Scotto, Secretario de Ambiente que aprueba el proyecto. Esta resolución está avasallando a la opinión pública, a la opinión de la participación ciudadana y que ahora no se ha escuchado. Sino que sacan una resolución practicamente ninguneando, desneñando las riquísimas variables vertidas en la audiencia pública durante más de un mes y medio (…) Si bien es cierto que la audiencias públicas son no vinculantes, pero por eso, las autoridades no pueden usar como papel higienico todo lo dicho en la audiencia. Un noventa por ciento de la audiencia dijo no a la Autovía. Existió un esfuerzo y organización humana para poner el acento a la negación de esta obra,  que no tiene licencia social. Según la Provincia solamente deben analizarce los aspectos técnicos aportados en la audiencia pública. El comportamiento del Colegio de Biólogos de la Provincia de Córdoba es vergonzoso. La presidente y el vicepresidente del Colegio de Biólogos, Toya y Virrareal, respectivamente, son complices y socios del gobierno (…) El gobierno provincial cuenta siempre con el ayudín del TSJ, que no va a poner lineamientose contra el uso del CIDI 2 y decir nada sobre como este restringe la participacion ciudadana (…) Scotto considera que la legislación no lo obliga a hacer un estudio de impacto ambiental. La ley no lo obliga a hacer un estudio de impacto ambiental acumulativo. Los jueces no pueden dejar de pasar esto, ni de los aspectos sustanciales, ni formales. Desde el primer amparo desde el 2017 hasta la actualidad esto está plagado de ilegalidades (…) Es obligatorio el estudio de impacto ambiental para este tipo de obras en todo el territorio nacional. Es La ley 26331 de la Nación, la ley de bosques, que tiene raigambre constitucional”.

¿Qué es el Acuerdo de Escazú?

Adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú, es el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Si bien el acuerdo está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe, fue suscripto por 24 de ellos, el 27 de septiembre de 2018. Entre los 12 países que procedieron a la ratificación, se encuentra la República Argentina, que notificó el 22 de enero de 2021 que es Estado parte del acuerdo y acompañará a su entrada en vigencia el jueves 22 de abril de 2021.

¿Cuál es su principal objetivo?                                                                 

El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible.

Fuente:  Argentina.gob.ar